EscucharEl presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece la “Misión Génesis” en Estados Unidos, una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial (IA) para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos.
El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para impulsar la carrera en grandes tecnologías y mantener la ventaja sobre China en la IA, y consolidar el dominio de Estados Unidos en este campo de rápido crecimiento.
La Casa Blanca también busca formas de impedir legalmente que los estados implementen sus propias regulaciones sobre IA y ha amenazado con retirar la ayuda federal a quienes lo hagan.
La orden encarga al Departamento de Energía construir una plataforma integrada de IA que combinará las supercomputadoras del país, los conjuntos de datos científicos federales e instalaciones de investigación para acelerar los descubrimientos en campos que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores.
“Estados Unidos está en una carrera por el dominio tecnológico global en el desarrollo de inteligencia artificial”, dice la orden que describe la IA como “una frontera importante para el descubrimiento científico y el crecimiento económico”.
El eje de la iniciativa es la “Plataforma Americana de Ciencia y Seguridad”, que proporcionará a los investigadores acceso a recursos de computación de alto rendimiento, herramientas de modelado de IA y conjuntos de datos federales para automatizar las investigaciones.
La plataforma tiene como objetivo demostrar una capacidad operativa inicial en un plazo de nueve meses.
El Departamento de Energía deberá elaborar una lista con 20 prioridades en un lapso de 60 días para los principales desafíos científicos.
Los dominios prioritarios incluyen manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, todos ellos áreas donde Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China.
La orden contempla asociaciones con empresas privadas, universidades y laboratorios nacionales, mientras que exige estrictas medidas de ciberseguridad para proteger investigaciones sensibles.
