Por: Manuel Avendaño Arce.   20 septiembre
En los últimos años países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el impuesto a las transferencias financieras. Fotografía: Shutterstock.
En los últimos años países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el impuesto a las transferencias financieras. Fotografía: Shutterstock.

Es cierto, el 2020 pasará a la historia como el año donde el mundo se puso de cabeza, donde las cosas que parecían “normales” dejaron de serlo para abrir espacios a la “nueva normalidad”. Nunca pensamos ver centros comerciales, aeropuertos y restaurantes cerrados, ni ciudades enteras confinadas para mitigar el contagio del coronavirus.

Así, en medio de ese mundo insólito en el que ahora vivimos, también somos testigos de propuestas inauditas que van justamente en contra de los esfuerzos que durante más de una década se pusieron en marcha para que, por ejemplo, cada día más y más personas tuvieran acceso a una cuenta bancaria en Costa Rica con todo lo positivo que eso conlleva: formalización, trazabilidad, seguridad ciudadana, reducción del costo del efectivo y la intermediación financiera, y aquí podría continuar la enumeración de atributos.

Pero contra toda lógica, el Gobierno propone un impuesto a las transacciones bancarias como su caballo de batalla para generar ingresos frescos en tiempos de estrechez fiscal, pero también de desgaste político y de un profundo rechazo ciudadano a más tributos.

Todavía vive en la memoria colectiva la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que apareció en la escena nacional a partir del julio del 2019, lo cual se tradujo en altos niveles de incertidumbre en los consumidores y empresas, y tuvo repercusiones en la producción nacional medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

El nuevo impuesto a las transacciones financieras contraviene todo el empeño que durante la última década profesaron e implementaron los bancos, cooperativas, mutuales, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y −lo más irónico− el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Rodrigo Cubero, presidente del Central, puso el tema de la bancarización como uno de sus ejes en una entrevista publicada por El Financiero en agosto del 2018, cuando recién asumió el cargo. Hoy, ante el impacto fiscal de la pandemia, el jerarca defiende que este tributo es necesario para generar un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) anual y que su efecto sobre la “desintermediación financiera” será pequeño porque cumple con dos características: tiene una tasa baja y será temporal.

Lo cierto es que la literatura económica y evidencia basada en estudios en América Latina muestran el impacto distorsivo de este impuesto en la bancarización. Además de que siempre existe el riesgo de que se convierta en una fuente de ingresos permanente −nada despreciable− para futuros gobiernos. Bien lo advierte el abogado Diego Salto citando a un amigo colombiano en un artículo reciente: “no hay nada más permanente que lo temporal”.

La tasa que propone el Gobierno es del 0,3% en los primeros dos años, luego bajaría al 0,2% en los siguientes dos años, hasta desaparecer a partir del quinto año. El tributo no perdona: se aplicaría a todas las transferencias bancarias como Sinpe Móvil, retiros de cajeros automáticos, depósitos de salarios, e incluso, al pago de impuestos como renta e IVA por medio de transacciones digitales o en ventanilla. Es decir, habrá que pagar impuestos por pagar impuestos.

Años perdidos

La bancarización es el grado o nivel de utilización que una población hace de los productos y servicios bancarios dentro de una economía. Costa Rica tiene excelentes resultados en esta materia: a abril del 2020 el 78,6% de las personas mayores de 18 años tenía al menos una cuenta bancaria.

Según la última actualización de la base de datos Global Findex, publicada por el Banco Mundial en 2017, Costa Rica se ubicaba como uno de los países de América Latina con mayores niveles de bancarización solo por detrás de Chile y Brasil, pero muy por encima de Ecuador, Argentina y Colombia.

Un mix de esfuerzos contribuyó con la obtención de estos resultados positivos, entre ellos, la creación de las cuentas simplificadas entre 2016 y 2017 que le permite a las personas abrir una cuenta con sólo su cédula y de forma digital; el nacimiento de Sinpe Móvil en 2015 y su integración a las plataformas virtuales de la banca y a los servicios de mensajería de los teléfonos móviles son un punto alto que se consagró durante la pandemia.

Si este impuesto se aprueba, el país tendrá −inicialmente− un periodo de cuatro años en el que las personas empezarán a alejarse poco a poco de las transferencias bancarias, se refugiarán nuevamente en el uso de efectivo y abandonarán algunos sistemas como Sinpe Móvil para no pagar el tributo, en pocas palabras, optarán por formas de elusión con toda la problemática que eso implica para el sistema financiero y tributario.

La salida del sistema financiero y el mayor uso de efectivo plantea un doble problema. Primero, se retrocede en el proceso de profundización en medios de pago digitales, tema que en otro tiempo era la punta de lanza del Banco Central; y segundo, la migración hacia el efectivo reduce la trazabilidad de las transacciones lo que estimula el comercio ilícito y afecta la recaudación tributaria.

Estos riesgos, sobre los cuales también alertó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) que representa a 14 bancos públicos y privados del país, son inminentes a pesar de que el Gobierno defienda de que su efecto se mitigará con una tasa “pequeña” y una aplicación temporal de cuatro años. Un periodo de esta extensión es suficiente para frenar el proceso de bancarización y retroceder −o al menos reducir su ritmo de crecimiento− en la línea hacia donde debería apuntar todo el sistema: el uso de mayor tecnología para mejorar la eficiencia y, por ende, la competitividad nacional.

Finalmente, la organización The Tax Foundation, en un estudio de enero del 2020, determinó que los impuestos a las transacciones violan los principios de una política fiscal sólida que son: neutralidad, estabilidad, transparencia y simplicidad.

¿Qué pasa entonces si este tributo, que representa el 56,6% del rendimiento total que espera obtener el Gobierno con el plan ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se cae? La otra alternativa que valoran en el equipo económico es aumentar el IVA y qué arda Troya.