EscucharCosta Rica no necesita volver a empezar la discusión sobre el futuro de su sistema eléctrico. Después de años de análisis, negociación y construcción de acuerdos, el país ya cuenta con una propuesta ampliamente debatida para atender los cambios estructurales que necesita el sector: el expediente No. 23414 “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.
Esto no significa que el expediente 23.414 sea perfecto. Ninguna reforma compleja lo es. Pero sí significa que el país tiene ante sí un texto que ya superó una extensa discusión legislativa, que fue aprobado en primer debate y que contiene los elementos esenciales para modernizar el sistema eléctrico: planificación, separación de funciones, operación de sistema y de mercado independiente y un mercado de generación en competencia regulado para nueva generación de electricidad.
La discusión no puede convertirse, otra vez, en una invitación a empezar de cero.
No estamos hablando únicamente de electricidad. Estamos hablando de la capacidad del país para atraer inversión, permitir que la industria nacional crezca, generar empleo y avanzar en la descarbonización de nuestra economía. Las nuevas industrias —manufactura avanzada, semiconductores, inteligencia artificial, dispositivos médicos y otras actividades intensivas en tecnología— requieren cada vez más electricidad. A esto debemos sumar la electrificación del transporte y de procesos industriales que hoy dependen de combustibles fósiles.
Para lograrlo, Costa Rica necesita energía limpia, abundante, confiable y a precios competitivos. Ese es el punto de partida.
En días recientes se ha planteado que la Ley de Armonización tendría dos debilidades principales: la conformación de la Junta Directiva del ECOSEN y una supuesta falta de regulación suficiente para ordenar el nuevo mercado eléctrico.
Sobre lo primero, si bien la crítica parte de una preocupación legítima: quien opere el sistema eléctrico debe ser neutral; es precisamente por ello que la Ley de Armonización plantea crear un operador separado del ICE con una participación multisectorial y esencialmente, con la presencia de los consumidores. Ese cambio no es menor. Hoy el ICE concentra generación, transmisión, compra de energía privada y operación del sistema. Esa concentración pudo haber funcionado en otra etapa histórica, pero ya no responde a las necesidades de un sistema más complejo, con más actores, más tecnologías, mayor variabilidad climática, más generación distribuida, almacenamiento, participación regional y una demanda creciente.
Si la crítica radica en que la junta directiva del ECOSEN podría quedar expuesta a intereses de los propios agentes del sistema (conformada por la dirección de transmisión del ICE, dirección de energía del MINAE, CNFL, CEDET y UCCAEP en representación de los consumidores), se tiene que tomar en cuenta hoy, solo el ICE participa. La propuesta evita que una misma institución sea juez, parte y operador. El ICE debe seguir siendo un actor fundamental de la generación, transmisión y distribución eléctrica; pero la operación del sistema requiere una instancia con independencia técnica, organizacional y funcional.
De hecho, el propio expediente incorpora la creación de ECOSEN como institución autónoma, con independencia técnica especializada y organizacional, y le asigna funciones de operador del sistema y del mercado bajo principios de independencia, imparcialidad y transparencia. También establece requisitos de idoneidad, experiencia e incompatibilidades para quienes integren su Junta Directiva. En otras palabras, el texto no deja al operador en el aire ni lo convierte simplemente en una mesa de intereses. Lo convierte en una entidad formalmente separada, con mandato técnico, financiamiento propio y funciones definidas.
¿Puede fortalecerse esa gobernanza? Sí. Toda arquitectura institucional puede mejorar. Pero esa discusión no invalida la dirección correcta del proyecto: separar funciones, sacar la operación del sistema del actor dominante y crear una institucionalidad especializada. Por lo que el argumento en contra de la conformación de la junta no es suficiente para desechar una reforma que el país lleva años esperando.
La segunda crítica es que el expediente abriría un mercado sin suficiente regulación. Esa afirmación tampoco resiste una lectura completa del texto. La Ley de Armonización no plantea un mercado eléctrico sin reglas. Plantea un mercado solo para generación y, aunque abierto, queda regulado. El texto define agentes, crea el Mercado Eléctrico Nacional, establece la operación técnica y comercial del sistema, incorpora subastas, contratos, servicios auxiliares, despacho económico, acceso abierto a redes y principalmente, competencias regulatorias para ARESEP. También asigna a la Autoridad Reguladora nuevas funciones de fiscalización, emisión de normativa técnica, supervisión del ECOSEN, regulación de acceso a redes e incluso fijación tarifaria mediante precios topes en las subastas del mercado de generación y control sobre servicios auxiliares.
Es decir, no se trata de una liberalización sin regulación. Se trata de un cambio de modelo: pasar de un sistema centralizado y cerrado a un sistema regulado, con más competencia, más transparencia y más reglas para la incorporación de la nueva inversión en generación que el país necesita.
En materia eléctrica, esperar a tener el diseño perfecto puede ser otra forma de no decidir. Y no decidir también tiene costos.
Cada año que se retrasa la reforma es un año menos para incorporar nueva capacidad de generación, modernizar la planificación, crear mecanismos competitivos de contratación y reducir la exposición del país a combustibles fósiles cuando la hidrología falla. Una planta de generación no se construye de un día para otro. Las decisiones que tomemos hoy producirán resultados dentro de varios años.
Por eso preocupa que se pretenda sustituir el expediente 23.414 por proyectos que atienden aspectos puntuales, pero que no resuelven el problema estructural. El expediente 25.781, por ejemplo, contiene herramientas valiosas en eficiencia energética, ahorro y atención de contingencias. Esas medidas pueden aportar. Pero mantiene el esquema del ICE como comprador único, deja la operación del sistema dentro del ICE y no crea un mercado mayorista nacional de generación en condiciones de competencia.
Tampoco podemos perder de vista las tarifas. Para la industria, la electricidad no es un lujo; es un insumo de producción. Cada nuevo canon o cargo termina formando parte de una factura que pagan hogares, comercios e industrias. Por eso, cualquier nueva carga debe demostrar claramente su necesidad, su costo-beneficio y su impacto tarifario.
La Ley de Armonización apunta precisamente a un objetivo que el país no puede seguir postergando: que la nueva generación eléctrica se incorpore mediante mecanismos competitivos, transparentes y regulados. Eso es indispensable para que la expansión del sistema no dependa únicamente de decisiones administrativas, ni de proyectos que llegan tarde, ni de costos que luego se trasladan a la tarifa sin suficiente disciplina competitiva.
La Ley de Armonización no es una apuesta contra el ICE ni contra el modelo eléctrico costarricense, es una mejora sustancial a nuestro sistema. El ICE debe seguir siendo un actor estratégico. Las distribuidoras deben seguir cumpliendo su función territorial. ARESEP debe seguir regulando. MINAE debe ejercer rectoría. Pero el sistema necesita separar mejor las funciones, introducir competencia donde sea posible y ordenar la incorporación de nueva generación con reglas claras.
Costa Rica no necesita escoger entre fortalecer sus instituciones públicas y permitir mayor inversión y competencia. Necesita ambas cosas. Necesita un ICE fuerte y estratégico, una planificación energética de largo plazo, un operador independiente, una regulación robusta y un mecanismo competitivo y transparente que permita incorporar la generación pública y privada necesaria al menor costo posible.
El expediente 23.414 no es un texto ideal para todos. Precisamente por eso representa un acuerdo posible. Fue presentado en 2022, pasó por años de discusión legislativa, incorporó negociaciones, ajustes y concesiones, y fue aprobado en primer debate. Reiniciar ahora la discusión estructural mediante nuevos textos significa correr el riesgo de volver a recorrer un camino que Costa Rica ya transitó durante años. Y el tiempo, en materia energética, importa.
Y la decisión que hoy está sobre la mesa es clara: avanzar con la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, aprobarla en segundo debate y concentrar los esfuerzos siguientes en construir la regulación técnica, transparente y robusta que permita que esa reforma funcione en beneficio de los usuarios, la industria y el país.
---
El autor es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
