Dicha ley manda que los representantes del Estado norteamericano se opongan a cualquier préstamo al Gobierno de Nicaragua en instituciones multilaterales, salvo aquellos que se refieran a necesidades humanas básicas o a la promoción de la democracia.

Esta prohibición estará vigente hasta que Nicaragua celebre elecciones libres, supervisadas por observadores creíbles.

Igualmente, exige independencia del Poder Judicial y Electoral, el respeto a la libertad de asociación y expresión, la lucha contra la corrupción y respeto de los derechos de opositores y periodistas.

Mensaje fuerte

Simultáneamente, el gobierno de EE. UU. adoptó sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo, el poder detrás de Daniel Ortega.

Ambas decisiones son un mensaje fuerte y excepcional para el régimen, y se suman a la amplia presión internacional por adelantar las elecciones en Nicaragua, facilitar una salida a la crisis y el abandono del poder de los dictadores, evitando un proceso que ahogue en guerra la protesta cívica.

La retórica revolucionaria y antimperialista no le servirá de nada a la pareja, nadie piensa que la crisis nicaragüense se deba a factores externos, la Guerra Fría pasó y los Estados Unidos están ocupados en otras zonas del planeta, y en su complicado proceso interno.

La crisis de Nicaragua se origina en una revolución que quiso ser democrática y fue secuestrada por el autoritarismo esotérico de Ortega y su pareja.