El 13 de septiembre de 1994, durante la administración Figueres Olsen, el Consejo de Gobierno toma el acuerdo de cerrar el Banco Anglo Costarricense. La intervención de un banco, por sí sola, es un evento crítico y traumático en la historia económica y financiera de un país, especialmente cuando se trata de una institución financiera con una larga trayectoria y un papel significativo en el sector bancario nacional, por el financiamiento que otorgaba a la industria y al comercio. El Anglo era el banco más antiguo de los que operaban en el país en ese entonces, fue fundado como banco privado en 1883 y se convirtió en un banco público por ley luego de la nacionalización de 1949.
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Sin embargo, a finales de la década de 1980 y principios de los 90, Costa Rica enfrentó una serie de desafíos económicos, incluyendo una crisis de deuda externa, alta inflación y un sistema bancario en problemas. La situación financiera del Anglo se deterioró en este contexto de inestabilidad económica. Las dificultades para mantener un capital adecuado y gestionar riesgos financieros exacerbaron los problemas, llevando a la necesidad de una intervención gubernamental para proteger a los ahorrantes y evitar un colapso más amplio del sistema financiero.
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Motivos de la Intervención
Los problemas del Anglo se incrementaron de forma sustancial durante los primeros años de los 90 por una ruinosa e ilegal gestión de la Junta Directiva y de la gerencia del banco. El primer síntoma de que el banco enfrentaba problemas financieros fue ignorar las exigencias y recomendaciones de la Auditoría General de Entidades Financieras (entidad que luego evolucionó en la Sugef), en especial relacionados con la deficiencia y ausencia de controles internos.
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La interventoría encontró que el banco otorgó sobregiros sin garantías y realizó negocios internacionales especulativos, los cuales le llevó a perder cerca de $55 millones en la transacción de bonos de deuda externa del gobierno de Venezuela, adquiridos a través de una corredora de valores panameña. Las irregularidades detectadas llevaron a la Asamblea Legislativa a inhabilitar de cargos públicos a 15 funcionarios del Anglo, siete del Banco Central, a los cinco miembros de la Junta Directiva y al gerente general del banco, quien luego recibió una condena de cárcel por peculado en 2001. Por esta misma causa se acusaron a los dos comisionistas de la empresa panameña que intermediaron los bonos venezolanos; sin embargo, luego de guardar prisión preventiva huyeron del país hasta que sus causas prescribieron en 2013.
Actualidad con lo ocurrido en el Banco Anglo. Siempre resulta conveniente repasar la historia para no cometer los mismos errores en el futuro. Es así que, a 30 años de la intervención, vale la pena revisar qué temas persisten en el funcionamiento del sistema bancario que merecen ser reformados.
En primer lugar, es importante entender que ninguna entidad es invencible. El caso del Anglo mostró que incluso un banco grande con garantía estatal y riesgo sistémico tiene que generar un negocio funcional y rentable. La garantía estatal existe para proteger a los clientes, pero no es una garantía de sana gobernanza. Además, si la garantía se ejecuta, el monto del rescate se sociabiliza en pérdidas para todos, ya sea por medio de impuestos generales o mayores tasas de interés para cubrir esa carga financiera significativa mediante la colocación de deuda.
Un segundo punto es que, aunque la intervención fue esencial para evitar un colapso más amplio y proteger a los depositantes, también reveló debilidades en el sistema bancario y la necesidad de reformas estructurales. Mucho ha cambiado la regulación desde entonces. A pesar de ello, 30 años después, una intervención continúa siendo sinónimo de cierre de la entidad financiera. Permanece la tarea de cómo cambiar la supervisión para que el regulador entre a trabajar a una entidad en problemas antes de que sea demasiado tarde, evitando un mayor daño sobre la confianza del sector financiero.
Por último, se continúan observando deficiencias importantes a nivel de gobierno corporativo, especialmente en lo relacionado con la idoneidad y experiencia de los miembros de juntas directivas y de la alta dirección de las entidades financieras reguladas. Incluso, recientemente, ha quedado en evidencia el riesgo político de tratar de imponer miembros que integren los cuerpos directivos y gerenciales de bancos públicos. Este fue el principal problema que detonó el cierre del Banco Anglo y este tipo de favores políticos se deben proscribir para evitar la recurrencia de estos errores.
