EscucharLos recientes escándalos relacionados con la flagrante falta de idoneidad de miembros de la junta directiva temporal e ilegal del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) impuesta por el Consejo de Gobierno, así como el mismo fenómeno señalado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la Caja de Ande, no son incidentes aislados: son una alarma sobre la fragilidad de nuestro sistema.
Parece que olvidamos la lección más básica de la crisis financiera de 2007-2008: la importancia de gestionar integralmente los riesgos descansa, única y exclusivamente, en un gobierno corporativo sólido. Los miembros de los órganos directivos no pueden ser simplemente “honorables”; deben demostrar una idoneidad medible, con experiencia real y formación adecuada. Poner a personas que incumplen requisitos a definir la estrategia institucional de una entidad financiera -Noylin Cruz Suárez, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez en el caso del BNCR- no es un error, es una negligencia grave.
Más aún, dichos miembros deben ejercer sus funciones con absoluta independencia, no como títeres de presiones políticas. Resulta inaceptable lo que ahora sabemos que tuvo el BNCR en los últimos meses: una junta directiva no solo nombrada irregularmente, sino también plegada a intereses de políticos de turno en asuntos puramente operativos. Esto es la anulación del gobierno corporativo y expone a la principal institución financiera del país a riesgos absurdos e innecesarios.
Resulta alarmante que, mientras los escándalos más recientes se centran en el BNCR y Caja de Ande, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal opere bajo las mismas debilidades estructurales. Como entidad de importancia sistémica, su particular modelo de gobierno, basado en la representación sectorial, es un caldo de cultivo ideal para que las cuotas de poder gremial o político primen sobre la capacidad técnica real. Desde hace más de un año, la Sugef recomendó la destitución del presidente, Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, y de María Clemencia Palomo Leitón y Eduardo Navarro Ceciliano, miembros de la Junta Directiva. Tranquilos siguen en sus puestos.
El peligro es idéntico: que los nombramientos respondan a intereses de grupo y no a la idoneidad requerida para gestionar una entidad de esa magnitud. Si la Sugef tampoco puede intervenir allí de forma vinculante, estamos simplemente sentados sobre otra bomba de tiempo, donde los ahorros de los trabajadores están siendo administrados por directivos cuya principal calificación pudo ser la lealtad a un sector o a un político.
Ante esta amenaza, la pregunta es urgente: ¿por qué la Sugef sigue maniatada? ¿Por qué no puede remover directivos que incumplen la normativa antes de que la entidad se vea perjudicada? En este aspecto, actualmente la Sugef es un supervisor sin dientes: sus resoluciones y recomendaciones no son vinculantes hasta que es demasiado tarde y se debe declarar la intervención.
No estamos inventando nada. En países como el Reino Unido, España y Estados Unidos, los reguladores financieros cuentan con herramientas para intervenir en la composición de juntas directivas, aunque es cierto que típicamente estas se activan en contextos de crisis o supervisión especial, no como mecanismo preventivo de uso rutinario. Aun así, representan un enfoque más robusto que el actual en Costa Rica para actuar contra conductas inadecuadas, gestiones negligentes y el incumplimiento de las propias normativas que aprueba el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Este tipo de mecanismos nos podrían ahorrar el desastre de una intervención, proceso que en Costa Rica parece sinónimo de liquidación. ¿Ya olvidamos la dolorosa factura pública que pagamos por el Banco Anglo Costarricense en 1994 y el Crédito Agrícola de Cartago en 2017?
Para implementar esta medida, se necesita voluntad política para reformar la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ya existen iniciativas legislativas sobre la mesa, como el proyecto 24.256, que buscan otorgar a la Sugef esta potestad.
Sin embargo, como era de esperarse, estos proyectos generan cuestionamientos. Es evidente que la remoción debe basarse en criterios técnicos objetivos; nadie quiere que el remedio del riesgo político sea peor que la enfermedad. Esto implica, a su vez, que la propia cabeza de la Sugef debe estar blindada contra esas mismas presiones. Y, por supuesto, deben definirse reglas claras para evitar arbitrariedades o una peligrosa coadministración.
Lo que se deduce no es solo que es importante avanzar, sino que es urgente hacerlo. No podemos seguir usando el miedo a la arbitrariedad como excusa para la parálisis. El objetivo debe ser salvaguardar la solidez y confianza en el sector financiero, no proteger los puestos de directivos incompetentes o políticamente impuestos.
