EscucharLa reciente reunión de la Movilización Progresista Global en Barcelona reunió a líderes políticos, responsables de políticas públicas y activistas de todo el mundo, unidos por una preocupación compartida: la democracia está bajo ataque. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la describió como un esfuerzo colectivo para enfrentar el auge global del autoritarismo, mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a reconstruir el multilateralismo y a “volver a poner la justicia social en el centro de la agenda global”.
Más allá de estas declaraciones, el encuentro apuntó a un consenso emergente: defender la democracia liberal requiere repensar sus bases económicas. Como observó Lula, la democracia no puede sobrevivir si no mejora el nivel de vida de las personas.
Detrás de esta idea está el reconocimiento de que nuestro sistema económico actual —basado en mercados libres, intervención limitada del Estado y la primacía de la elección individual— no ha logrado generar prosperidad compartida ni sostener la gobernanza democrática. Cada vez más, su supervivencia depende de la coerción y de prácticas autoritarias. Un discurso prodemocracia que busque preservar el statu quo, por lo tanto, corre el riesgo de profundizar la crisis.
El modelo económico predominante ha erosionado el empleo estable, debilitado las protecciones laborales y privatizado servicios públicos esenciales, dejando a amplios sectores de la sociedad expuestos y vulnerables. Para muchos, esto se ha traducido en trabajos precarios, aumento del costo de vida y menores oportunidades. El resultado no ha sido solo dificultades económicas, sino también un profundo sentimiento de abandono y resentimiento.
Este descontento económico ha tenido consecuencias políticas de gran alcance. Cuando la democracia liberal no logra proporcionar bienestar material, protección social y una sensación de equidad, fuerzas antidemocráticas, especialmente en la extrema derecha, canalizan la frustración y la ira hacia migrantes, minorías y enemigos imaginarios. Al mismo tiempo, los movimientos autoritarios se presentan como vehículos para impulsar agendas económicas que ya no dependen del consentimiento de los trabajadores, sino de la coerción.
En el corazón de este modelo fallido se encuentra el poderoso mito de que los mercados son árbitros neutrales del mérito, que recompensan a los individuos según su esfuerzo y talento. La desigualdad se trata no como un problema, sino como un motor de eficiencia e innovación. Sin embargo, a medida que se amplían las brechas de ingresos y riqueza y se reducen las oportunidades, esta narrativa comienza a desmoronarse: las personas cuestionan cada vez más cómo se distribuyen las recompensas económicas y pierden confianza en la equidad de las reglas del juego.
Para defender la democracia, debemos ir más allá de tratar los síntomas y abordar las causas subyacentes de la crisis actual. Durante su presidencia del G20, Sudáfrica ha dado un paso importante en esta dirección al convocar el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global, presidido por el economista ganador del Nobel Joseph Stiglitz. Al tratar la desigualdad como un riesgo sistémico tanto para la estabilidad económica como para la democracia, el Comité ha propuesto la creación de un organismo internacional permanente que respalde una acción global coordinada.
Inspirado en instituciones como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, un organismo de este tipo podría consolidar evidencia, seguir tendencias globales y orientar el debate de políticas. También podría servir como plataforma de coordinación entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, complementado por paneles nacionales sobre desigualdad que traduzcan los hallazgos globales en estrategias específicas para cada país. Estos esfuerzos deberían incluir evaluaciones sistemáticas del impacto distributivo de las políticas públicas, un seguimiento cercano de la dinámica del mercado laboral —en particular la asociada al cambio tecnológico— y reportes públicos periódicos que permitan a los responsables de políticas convertir el análisis en acción sostenida y colectiva.
Cumplir con esta agenda requiere un cambio estructural hacia mercados laborales justos e inclusivos. Salarios mínimos sólidos, empleo estable y negociación colectiva no son meros instrumentos de política; son instituciones democráticas que garantizan seguridad y capacidad de acción a las personas. Más ampliamente, reconstruir la democracia exige restablecer el papel del Estado en la provisión de bienes públicos esenciales como la educación, la salud y la vivienda. Estas inversiones pueden financiarse mediante reformas fiscales, que siguen siendo una de las herramientas más poderosas para reducir la desigualdad de ingresos y riqueza y, en última instancia, para determinar cómo se distribuyen las ganancias económicas.
La transición hacia una economía justa exige un nuevo modelo de desarrollo que alinee el progreso económico con la inclusión social y las prioridades ambientales. Durante demasiado tiempo, la idea de la planificación económica ha sido descartada como obsoleta. Pero el desarrollo es un proyecto político deliberado, no el resultado inevitable de mercados que funcionan bien. La inversión pública y la política industrial son fundamentales para moldear economías sostenibles y orientar los recursos hacia objetivos colectivos en lugar de intereses privados estrechos.
Al proponer una alternativa clara y convincente a las prioridades políticas predominantes, la Movilización Progresista Global ofrece una oportunidad única para ir más allá de la retórica y avanzar hacia un modelo económico que reduzca la desigualdad, proteja el planeta, fortalezca las instituciones públicas y restaure las bases materiales de la vida democrática. La respuesta al resurgimiento del autoritarismo no es reparar un sistema roto, sino adoptar una visión progresista audaz y unificadora.
La democracia no puede sobrevivir únicamente con procedimientos. Necesita una base de igualdad, seguridad y prosperidad compartida. De lo contrario, terminamos donde estamos ahora.
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Pedro Rossi es vicepresidente y economista jefe del Global Fund for a New Economy.
