EscucharLos intentos que se están haciendo de torpedear la cooperación tributaria multilateral son el núcleo de un programa global que busca sustituir la gobernanza democrática por un régimen coercitivo dominado por los ultrarricos, o lo que llamamos «cesarismo del siglo XXI». De modo que cualquier estrategia para contrarrestarlo debe partir de la comprensión de que gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia.
Felizmente, se han hecho algunos avances en este sentido. La Unión Africana sigue defendiendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional; Colombia, Brasil, España y Túnez han puesto en práctica reformas hacia un sistema tributario más progresivo; la opinión pública francesa manifestó firme apoyo a gravar con un 2% a los ultrarricos; y en California, se ha presentado una propuesta de referendo sobre un impuesto único del 5% al patrimonio neto de los milmillonarios.
Pero la justicia tributaria todavía enfrenta mucha oposición. En las negociaciones del Marco Inclusivo de la OCDE y del G20 a principios de enero, más de 145 países acordaron una exención para las grandes multinacionales estadounidenses. El proceso se desarrolló desde el principio en un contexto de desequilibrio de poder que facilitó su captura por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Tras intensas presiones de Estados Unidos, las grandes empresas estadounidenses de energía, tecnología y medicamentos consiguieron exenciones generales del impuesto mínimo global del 15% acordado en 2021 tras una década de arduas negociaciones.
Pero el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 no podía confesar su rendición. En vez de eso, «descubrió» de pronto una equivalencia entre el régimen tributario estadounidense vigente y el Pilar Dos del acuerdo original, que impide a otros países crear impuestos adicionales a las multinacionales con sede en Estados Unidos. Pero esa equivalencia no existe: el cálculo del impuesto mínimo global se basa en los ingresos desglosados por país, mientras que el sistema estadounidense se aplica al total de las ganancias extranjeras de multinacionales con sede en Estados Unidos. El segundo sistema permite compensar los altos impuestos pagados en algunas jurisdicciones con los nulos impuestos pagados en otras, lo que restaura la ventaja de los paraísos fiscales.
Pero el nuevo acuerdo no sólo debilita de raíz el principio de que las multinacionales deben pagar un tipo impositivo mínimo coordinado sin importar el lugar donde operan. También concede a las multinacionales con sede en Estados Unidos una ventaja competitiva sobre otras multinacionales que siguen sujetas al impuesto mínimo global del 15%. El mecanismo de esta capitulación es muy elocuente. Bajo amenaza de represalias de Estados Unidos, los líderes del G7 prenegociaron los nuevos términos en junio, y los miembros del Marco Inclusivo los aprobaron sin discutirlos el mes pasado, para evitar otro conflicto con Trump.
Como advirtió Oswald Spengler hace un siglo en relación con el colapso de la democracia y el ascenso del cesarismo, «las fuerzas de la dictadura del dinero» están desmantelando el Estado regulatorio y el multilateralismo. La agresiva estrategia neomercantilista de Trump (declarar aranceles punitivos en forma unilateral, formular o concretar amenazas de bloqueo, secuestrar a líderes nacionales, usar portaaviones como barcos corsarios y proponer «consejos de paz» diseñados para restablecer el control colonial) pasa por alto las instituciones internacionales actuales cada vez que puede. El objetivo es apropiarse de recursos e impedir que accedan a ellos presuntos rivales como China.
Pero ningún país debe renunciar al derecho soberano a gravar a las multinacionales y a los ultrarricos. Hacerlo no sólo es inmoral y un error estratégico, sino también una insensatez económica.
Basta pensar en la recuperación económica de Brasil bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, el sólido crecimiento de España bajo la de Pedro Sánchez o el crecimiento de Colombia desde que el exministro de finanzas José Antonio Ocampo introdujo reformas encaminadas a mejorar la progresividad del sistema tributario. Estos gobiernos confrontaron a Trump y lideran una coalición democrática mundial antirreaccionaria. Su éxito es una poderosa prueba empírica de la correlación de las políticas fiscales progresistas y la mejora de la capacidad estatal con indicadores económicos positivos y una mayor cohesión social.
Muchos en Europa están llegando a la misma conclusión. En Francia, el «impuesto Zucman» (un gravamen mínimo del 2% al patrimonio de los ultrarricos propuesto por Gabriel Zucman) tiene casi 90% de apoyo público y domina el debate nacional. Aunque en un primer momento la Asamblea Nacional lo rechazó, este año volverá a discutirse.
Asimismo, en diciembre Túnez aprobó un nuevo impuesto del 0,5‑1% a los activos mundiales (incluidos inmuebles, acciones, bonos y criptomonedas) de residentes con tenencias superiores al millón de dólares. En California, este año los votantes decidirán sobre la aplicación de un impuesto único del 5 % al patrimonio de los milmillonarios para financiar programas sanitarios, alimentarios y educativos. (Hay que destacar que la iniciativa incluso está obteniendo apoyo de algunos milmillonarios). Y la ONU (un foro menos expuesto a la influencia empresarial) reanudará en Nueva York negociaciones sobre la Convención Marco para la Cooperación Tributaria Internacional.
Es verdad que una de las primeras medidas del gobierno de Trump fue retirarse de estas conversaciones. Pero el resto del mundo decidió continuar. El objetivo es presentar un convenio marco y dos protocolos iniciales (uno sobre la tributación de los servicios transfronterizos y otro sobre la resolución de disputas) para que la Asamblea General los apruebe en 2027. La cuestión crucial es cómo se repartirá el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales; también se negociarán nuevos impuestos sobre los servicios transfronterizos (incluidos los digitales), nuevos compromisos de que los países graven a los ultrarricos y un mejor intercambio de información entre países sobre la identidad real de los beneficiarios de activos.
Las normas tributarias actuales para las multinacionales, creadas en la década de 1920, ya no son aptas para la economía digital actual. Los negociadores en Nueva York deben aprovechar esta oportunidad única. Deben abandonar la ficción de que una empresa multinacional es un conjunto de entidades independientes, idea que las grandes empresas usan para abusar de las normas de la OCDE trasladando ganancias a jurisdicciones favorables. Un modelo de tributación unitario tendría que haberse adoptado hace ya mucho tiempo. La arquitectura actual resta a los gobiernos no menos de 240.000 millones de dólares al año, obliga a las empresas locales a competir en un terreno desparejo y aumenta la factura tributaria de los trabajadores (cuyos ingresos son menos móviles) en el intento de los países de compensar los ingresos perdidos.
Los ingresos globales de las multinacionales deben distribuirse entre las diferentes jurisdicciones sobre la base de factores verificables (por ejemplo las ventas y los empleados), en vez del obsoleto «principio de plena competencia». El texto del convenio tributario debe reflejar esta idea. De lo contrario, se consolidará la muy deficiente normativa actual, y la búsqueda de «compatibilidad» con los marcos actuales de la OCDE menoscabará las aspiraciones y los objetivos de la Convención.
El resultado será otro retoque inútil a un sistema fallido. Para que la democracia prevalezca sobre el cesarismo, hay que gravar la riqueza extrema, y hay que hacerlo pronto.
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Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, execonomista principal del Banco Mundial y expresidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de los Estados Unidos, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Jayati Ghosh, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, forma parte de la Comisión de Economía Transformadora del Club de Roma y es copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.
