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La presión fiscal de las remuneraciones y otras condiciones laborales abusivas que se dan en el sector público, no parecen tener una salida política consensuada, ante lo que la figura del referendo, en el que el pueblo puede decidir en forma directa las políticas que considere adecuadas, es la salida democrática más viable, tal y como lo ha planteado el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez.
Los números del endeudamiento público encendieron las alarmas. Una deuda equivalente al 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2014, que podría dispararse al 67% en el 2019, según el Ministerio de Hacienda, es más que suficiente para entender que Costa Rica no puede postergar por más tiempo el poner en orden sus finanzas.
Ese endeudamiento, causado por un gasto mayor al ingreso, consume el 34% del presupuesto nacional, del cual el 42% se destina a remuneraciones y pensiones. La presión que ejerce sobre las finanzas públicas ha redundado en un déficit fiscal de 5,7% del PIB en el 2014, el mayor de los últimos años, que además podría crecer al 6,4% en el 2016.
Con un panorama tan alarmante, que afecta la estabilidad económica y social del país, ¿qué debemos hacer los costarricenses? ¿Crear más impuestos o reducir el gasto público? ¿O ambas cosas? ¿Y por cual vía?
Viejo dilema de difícil solución. Cualquiera de las tres opciones requiere de un entendimiento entre el Gobierno, el Congreso y entre los diputados ahora fragmentados en nueve fracciones legislativas, algo que se viene intentando desde la década del 2000, sin avances mayores y con algunas tímidas reformas paliativas.
Más de 15 años después de que una comisión de exministros de Hacienda hizo un diagnóstico, en el gobierno del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, el panorama luce más turbio. El servicio de la deuda, de las transferencias a entidades descentralizadas, las crecientes remuneraciones de los empleados del sector público, los pluses salariales, cesantías astronómicas y otros beneficios tienen al Estado en el filo del precipicio financiero y de una crisis social.
Las iniciativas de reformas legales abundan. Provienen del Gobierno y de partidos políticos, que ya han asumido posiciones determinantes y divergentes sobre el tema.
El Ejecutivo promueve varias reformas que ayudarían al problema fiscal. Una de ellas la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que abarcaría bienes y servicios antes no gravados y un incremento de 13% a 15% en su tarifa. Otra, una reforma al Impuesto sobre la Renta, que gravaría con 25% la cesantía mayor a los ocho años, entre otros. También figuran en la agenda gubernamental un proyecto para combatir el contrabando y otro para reducir las exenciones impositivas.
Frentes de presión
Queda fuera de las prioridades el envío por parte del Ejecutivo de una reforma de ordenamiento del empleo público, algo con lo que inicialmente el presidente Luis Guillermo Solís estuvo de acuerdo pero desistió de la idea al considerar que “la economía del país no aguanta un año más sin la aprobación de nuevos impuestos” y la reforma salarial daría frutos a muy largo plazo.
Posición similar es la del PAC y el Frente Amplio, con algunas salvedades. Se suma a ello la rotunda negativa de los sindicados, ahora agrupados en el colectivo Patria Justa, a tocar el actual sistema de salarios del sector público.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), está convencido de que “no existe un escenario posible de conciliación”. “Todo se resolverá en este tema, cuando alguno de los dos bandos demuestre tener ‘un mayor músculo político y social, además de poder de movilización’”. Clara amenaza que justifica en su creencia de que “vamos hacia una polarización similar a la del combo del ICE o la del TLC con Estados Unidos”.
En la acera contraria, los partidos opositores condicionan la discusión sobre nuevos impuestos a que antes se corrigen las distorsiones del empleo público, cuyas remuneraciones están muy por encima de las del sector privado. Liberación Nacional, el Partido Unidad Socialcristiana y el Movimiento Libertario rechazan en consecuencia entrar a debatir una reforma tributaria. Para estos grupos, un proyecto de ley de ordenamiento del empleo público es impostergable. Sus agendas incluyen, además, iniciativas sobre salario único y ordenamiento de pluses salariales.
Reitero: la salida política, gestada en el seno de la Asamblea Legislativa, es la mejor alternativa en una democracia como la nuestra. Lamentablemente, esa no es la situación actual. Confrontadas las posiciones como están y dados los frustrados intentos de varios gobiernos por formular una nueva ley tributaria integral, Costa Rica debe considerar el referendo para decidir cómo ordenar el empleo público que, además de ser una presión fiscal, es la causante de que la brecha social entre empleados del sector público y privado vaya en aumento.
Llevar a referendo un tema tan sensible y controversial evita largas y desgastantes discusiones y permite que el pueblo ejerza su potestad de aprobar o derogar leyes. Y evitemos, sobre todo, dolorosas confrontaciones por un tema que no tolera más dilación.
