Desde enero, el mundo ha visto con estupor cómo la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha socavado todos los pilares del orden económico que Estados Unidos ayudó a construir y defendió con orgullo durante gran parte del siglo pasado.
Los principios del orden económico internacional de posguerra -la no discriminación entre socios comerciales, el trato justo de las empresas extranjeras en los tribunales nacionales y la adhesión al Estado de derecho consagrado en el Convenio Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio- sentaron las bases de ocho décadas de prosperidad y reducción de la pobreza sin precedentes. Aunque los economistas siguen debatiendo si el comercio fue el principal motor del crecimiento mundial o simplemente un facilitador clave, pocos discutirían que la liberalización del comercio desempeñó un papel fundamental.
Teniendo en cuenta esta historia, no es de extrañar que las amplias subidas de aranceles por países de la administración Trump, que violan los límites arancelarios negociados en el marco de la OMC, hayan conmocionado a los aliados de Estados Unidos. La invitación de Trump a los distintos países a “negociar” reducciones arancelarias representa otra violación del sistema multilateral basado en normas, dado que estas negociaciones han sido estrictamente bilaterales. Estas acciones violan el principio de nación más favorecida de la OMC, que prohíbe a los Estados miembros aplicar diferentes barreras comerciales a distintos países, salvo en el marco de acuerdos formales de libre comercio. Al elevar los aranceles por encima de los límites establecidos en los acuerdos de la OMC, la Administración ha inyectado una enorme incertidumbre en el sistema comercial mundial.
Las conversaciones con Corea del Sur, por ejemplo, no se iniciaron hasta que aparentemente habían concluido las negociaciones con Japón. Mientras que EE.UU. acordó reducir el arancel sobre las importaciones de automóviles japoneses al 15%, el tipo para los coches surcoreanos sigue siendo del 25% a la espera de un acuerdo definitivo. Ni siquiera el acuerdo entre EE.UU., México y Canadá ofreció blindaje alguno, ya que los socios regionales de EE.UU. se vieron obligados a negociar por separado.
Las distorsiones no se detienen ahí. Más allá de los aranceles, la administración Trump exigió que los socios negociadores se comprometieran a niveles fijos de inversión extranjera directa en Estados Unidos. Del mismo modo, como condición para aprobar la venta de US Steel a la japonesa Nippon Steel, la administración se aseguró una "acción de oro“, otorgando al gobierno federal derechos de veto sobre las decisiones corporativas.
En esencia, la estrategia comercial de Trump se basa en tácticas de divide y vencerás. Enfrentados a la amenaza de graves trastornos económicos, la mayoría de los líderes nacionales han considerado que no tenían otra opción que negociar y aceptar términos que favorecen en gran medida los intereses estadounidenses.
Todo esto subraya la urgente necesidad de que los miembros de la OMC organicen una respuesta coordinada. A tal fin, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha propuesto que los mayores bloques comerciales del mundo -en particular, la Unión Europea y el Acuerdo General y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)- unan sus fuerzas y formen una nueva coalición multilateral. Actuando colectivamente, este grupo tendría un poder de negociación mucho mayor que el que cualquier país podría alcanzar por sí solo.
La propuesta de Carney, sin embargo, tardaría en ponerse en práctica, ya que los dos grandes bloques comerciales operan bajo reglas y normas diferentes que habría que conciliar. El CPTPP, formado por los participantes originales en la Asociación Transpacífica después de que Trump retirara a Estados Unidos de ella al inicio de su primera presidencia, ofrece un modelo útil.
Alternativamente, los miembros de la OMC podrían crear una nueva Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptando el Convenio Constitutivo de la OMC e incorporando los mecanismos existentes, como el Mecanismo de Solución de Diferencias. La adhesión estaría abierta a cualquier país dispuesto a acatar estas normas. Si los países de la UE y del CPTPP se adhirieran, probablemente les seguirían otros, como Corea del Sur.
Es fundamental que los procedimientos de adhesión sean sencillos y garanticen la continuidad de las normas de la OMC. Con la unión de la mayoría de los países comerciantes del mundo, se podría preservar gran parte del valor práctico de la OMC hasta que EE.UU. decida cambiar de rumbo.
Ya existen precedentes de este tipo de iniciativas. Después de que Estados Unidos bloqueara los nombramientos para el Órgano de Apelación de la OMC entre 2017 y 2019, 47 miembros respondieron formando el Acuerdo de Arbitraje de Apelación Interino Multipartito, que permite a los miembros participantes resolver disputas sin la participación de Estados Unidos.
Estados Unidos representa alrededor del 10-12% de las exportaciones mundiales, mientras que la cuota de China es de aproximadamente el 15%. Si la OMC representara siquiera el 60 % del comercio internacional, su poder de negociación colectiva superaría con creces el de Estados Unidos, lo que haría ineficaces las tácticas de divide y vencerás de Trump. Y lo que es más importante, esa unidad podría acabar persuadiendo a los responsables políticos estadounidenses de volver a la cooperación basada en normas.
Sin duda, la OMC debe modernizarse, especialmente en lo que respecta al comercio electrónico, las subvenciones y el comercio de servicios. Pero es urgente restaurar la integridad del sistema comercial mundial. Al adoptar la iniciativa de Carney y formar una OMC, las principales economías pueden reafirmar su compromiso con la cooperación, la estabilidad y la prosperidad compartida, manteniendo así vivo el espíritu del multilateralismo y allanando el camino para las reformas necesarias.
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La autora es execonomista jefe del Banco Mundial y exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es catedrática de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins e investigadora principal en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.
