EF analizó la situación financiera de 12 de las 13 empresas públicas, de las cuales cuatro generaron pérdidas —Recope, Incofer, Japdeva, Sinart— y ocho obtuvieron ganancias. No se incluye en el estudio al Consejo Nacional de Producción (CNP), dueño de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), pues ni siquiera cuenta con estados financieros auditados, lo que por sí solo aumenta las preocupaciones sobre el estado de sus finanzas.
Aunque el fin de algunas de estas empresas no tiene que ser necesariamente el lucro, sí es importante hacer un seguimiento a sus finanzas y establecer indicadores para medir su eficiencia y viabilidad en el tiempo. Ello es especialmente importante en aquellas empresas que por años no han generado ganancias, pues se destinan recursos crecientes de los contribuyentes para mantener a una burocracia, al tanto que su acción programática no rinde los resultados prometidos.
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Un ejemplo claro de esto es la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Por años lleva reclamando la pérdida de negocios como resultado de una situación jurídica consolidada luego de la puesta en marcha de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.
Sin embargo, la entidad recibe una parte del canon de la concesión, año a año creciente, que es muy superior a las utilidades que históricamente pudo haber generado la institución. A pesar de ello, poco se ha visto del impacto en el uso de estos dineros que, según la ley, deben estar destinados a mejorar las condiciones de competitividad de la provincia de Limón. Incluso, su uso puede generarle a Japdeva fuentes nuevas de ingresos, por ejemplo, la construcción de una nueva terminal de cruceros, con su respectivo puerto libre. Sin embargo, esos planes se han quedado en el tintero.
Un segundo caso es Fanal, que a pesar de que no se conocen los resultados más recientes, la tendencia de los últimos años es a generar una ganancia efímera como en 2021 o pérdidas cuantiosas en el resto de los años. Con el fin de promover la industria de caña de azúcar, el Estado tiene el monopolio de la destilación de alcohol y sus bebidas desde 1850. En 1953 se traspasa esta función a Fanal para cumplir, además, con los fines de generar ingresos tributarios, el control sanitario en la producción de alcohol y evitar el contrabando.
Debe ser un caso de estudio que una empresa monopólica en la producción de alcohol de un país opere con pérdidas. En 2021, el gobierno contrató una consultoría a KPMG y determinó que el valor de Fanal, incluyendo sus marcas, era cercano a ¢41.000 millones bajo la figura del monopolio. A pesar de ello, queda la duda realmente del valor de esta empresa sin el monopolio, en un país en donde la industria de caña ya no requiere del impulso de Fanal y el control sanitario y los ingresos fiscales vinculados a la venta de alcohol se pueden obtener mediante mecanismos alternos, sin necesidad de que los contribuyentes deban aportar ingresos para cubrir las pérdidas que se generan.
En el caso de las empresas que están generando ganancias, algunas de ellas son infladas por la distorsionada apreciación cambiaria, y otras, a pesar de los números negros, han venido perdiendo relevancia en el mercado nacional. Ese es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que, en el mercado de telecomunicaciones, viene cediendo una porción mayoritaria del mercado ante la competencia. Es decir, la empresa ha perdido valor. Una de las razones detrás de esta realidad es el rezago de las tarifas, pues en el caso de la Internet fija, hoy la institución cobra hasta cuatro veces más que la competencia.
En síntesis, los tiempos modernos exigen que cada empresa pública sea evaluada en función de la capacidad para cumplir con los fines sociales que motivaron su creación. Si el objetivo es el lucro, ello debe lograrse por encima de lo que se puede alcanzar vía mecanismos alternos como las concesiones. Lo que no se debe permitir es mantener a estas instituciones a costas de mayores impuestos, pues eventualmente se terminarán cerrando estas empresas en lugar de venderlas cuando tenían algún valor de mercado, como ha sido el caso de bancos públicos que se liquidaron por su inviabilidad financiera.
