Por: Juan Carlos Quirós Solano.   17 octubre

La planificación de un proyecto de infraestructura supone un conjunto de conocimientos y factores relacionados con la coordinación y supervisión. Estos prevén las posibles desviaciones en cada etapa del ciclo de vida del proyecto y se anticipa a la resolución de cada una de ellas.

En América Latina y el Caribe (ALC) estas desviaciones en las distintas fases de un proyecto están íntimamente ligadas a la capacidad de respuesta y recuperación, en el menor tiempo posible, de la infraestructura y los servicios que esta brinda, frente peligros y amenazas, sean naturales o antrópicos, es decir, de su capacidad de resiliencia.

 Fotografía José Cordero
Fotografía José Cordero

Según la Comisión Econṕomica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la magnitud y frecuencia de los eventos extremos aumentarán como consecuencia del incremento de la variabilidad climática, resultando en serias consecuencias negativas a la infraestructura crítica para los países de ALC (una pérdida entre 1,5 y 5 puntos porcentuales del PIB en el año 2050). Bajo este escenario, los crecientes costos de los desastres deben llevarnos a adoptar un enfoque más orientado a la resiliencia de las infraestructuras críticas de nuestras economías, que permita que los choques y estrés con causas naturales o antrópicas no generen altos costos de recuperación de infraestructuras, sobrecarga de activos y pérdidas de competitividad de empresas y sectores económicos.

La evidencia reciente nos confirma que el cambio climático continuará profundizando las vulnerabilidades sociales, ambientales y económicas de la región, y por ello es preciso mejorar la planificación de la inversión pública en un contexto de incertidumbre.

Ahora bien, es preciso incentivar y utilizar la información técnico-científica en la fase de evaluación exante de los proyectos de infraestructura, y darle reconocimiento a la contabilización de las inversiones que faciliten la prevención, mitigación y adaptación a los peligros y amenazas, sean naturales o antrópicos. La evidencia reciente nos confirma que el cambio climático continuará profundizando las vulnerabilidades sociales, ambientales y económicas de la región, y por ello es preciso mejorar la planificación de la inversión pública en un contexto de incertidumbre.

Por ello creo conveniente rescatar, el trabajo conjunto de varias instituciones como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Ministerio de Agricultura (MAG) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en la elaboración de la Metodología de Análisis de Amenazas Naturales para Proyectos de Inversión Pública en Etapa de Perfil. Esta herramienta considera aquellos procesos naturales que son parte recurrente del escenario de amenazas presentes en la geografía de Costa Rica, como el alud torrencial, deslizamiento, inundación, sismo, tsunami y vulcanismo

Además, y a pesar de que las amenazas socio-naturales, antrópicas y otras naturales no fueron contempladas, deben ser identificadas y analizadas por las diferentes instituciones para completar el estudio.

Lo anterior es relevante, pues la información sobre los costos en la inversión pública producto de desastres naturales, recopilada por Mideplan, refleja fuertes pérdidas en infraestructura física como puentes, carreteras y edificios. La mayor parte de los daños, atribuidos a eventos hidrometeorológicos, con exceso de precipitación. Así las cosas, estos registros sugieren que, esos proyectos no tuvieron en consideración el concepto de resiliencia desde su génesis o bien, no se aplicó algún instrumento que permitiera identificar y reducir los riesgos asociados a las amenazas existentes.

Por tanto, con el objeto de propiciar la identificación y análisis de las amenazas implícitas en los emplazamientos de los nuevos proyectos de inversión pública, esta metodología debe convertirse, en todo momento, en un instrumento de apoyo clave para los tomadores de decisiones durante el proceso dinámico de la planificación de los nuevos proyectos de infraestructura y la definición de criterios técnicos-científicos sobre la pertinencia de la realización de ciertos proyectos de inversión pública o bien, la necesidad de elaborar estudios avanzados adicionales para justificar su eventual ejecución.

Existen argumentos robustos para que los costos de las medidas de mitigación seleccionadas en cada proyecto deban incorporase como parte del flujo financiero y económico-social.

No cabe duda de que las medidas orientadas a la reducción de la exposición a desastres mejoran la protección física del proyecto de infraestructura, permiten asumir razonablemente que el mismo podrá generar los beneficios esperados sin sufrir interrupción del servicio de la infraestructura y sin invertirse en gastos adicionales de reconstrucción o rehabilitación no contemplados previamente, y muy importante, coadyuvan a impedir la pérdida de vidas humanas.

Por tanto, la planificación hoy, de las inversiones futuras, debe contemplar el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia en los servicios que briden la nueva infraestructura. Después de todo, tal y como señalan Della Rocca y otros (2019), “la inclusión de elementos que promuevan la resiliencia de un proyecto desde las etapas iniciales de su ciclo de vida, será menos costoso para la economía, que hacerlo después de su construcción o de forma reactiva, como respuesta a un evento disruptivo”.