EscucharCosta Rica no puede renunciar a la disciplina fiscal. Después de años de desequilibrio, la regla fiscal contribuyó a contener el crecimiento del gasto público y a recuperar parte de la credibilidad que el país había perdido.
Ese avance debe cuidarse: una deuda pública elevada encarece el financiamiento, aumenta la vulnerabilidad ante choques externos y resta recursos para atender las necesidades de la población. Sin embargo, disciplina no es sinónimo de solución completa.
La deuda del Gobierno Central se ubicó preliminarmente en 61,1% del producto interno bruto a agosto de 2026, por encima del umbral de 60% que mantiene a Costa Rica en el tramo más estricto de la regla fiscal. Bajo ese escenario, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas limita el crecimiento del gasto total, corriente y de capital, a una proporción del crecimiento promedio del PIB nominal de los cuatro años previos.
El problema no es menor. El Marco Fiscal de Mediano Plazo divulgado por el Ministerio de Hacienda en marzo proyectó que la relación entre deuda y PIB aumentaría de 62,24% en 2026 a 67,20% en 2031. Aunque estas proyecciones deben actualizarse conforme cambien las variables económicas y fiscales, el mensaje de fondo es inequívoco: el país podría permanecer varios años bajo una restricción presupuestaria intensa.
Esto obliga a una discusión más seria que la habitual confrontación entre “recortar” o “gastar más”. La pregunta relevante es por qué la deuda sigue alta aun cuando el gasto ha sido contenido y qué medidas permitirían reducirla sin deteriorar las bases del crecimiento futuro.
La respuesta está en la propia aritmética fiscal. La relación deuda/PIB no depende solo de cuánto gasta el Gobierno. También depende del dinamismo de los ingresos, del resultado primario —la diferencia entre ingresos y gastos antes de intereses—, del costo de financiar la deuda y del crecimiento nominal de la economía. Si la recaudación se debilita, los intereses aumentan y el PIB nominal crece lentamente, contener el gasto puede evitar que el problema empeore, pero no necesariamente basta para que la deuda disminuya.
Los datos recientes muestran esa tensión. A agosto, los ingresos totales del Gobierno Central sumaron ¢4.873.590 millones. Hacienda indicó que el gasto primario se situó en ¢4.438.339 millones, lo cual permitió mantener un resultado primario positivo. Pero un superávit primario no garantiza por sí solo una reducción de la deuda cuando el pago de intereses continúa siendo elevado y la recaudación tributaria pierde dinamismo.
Ese matiz es fundamental. La regla fiscal no debe ser juzgada como un fracaso porque no haya resuelto, en pocos años, todos los desequilibrios acumulados. Ha servido como un freno al crecimiento desordenado del gasto. Sin ella, la situación fiscal probablemente estaría peor. Pero tampoco debe tratarse como una solución autosuficiente que dispense al país de mejorar su administración tributaria, revisar exoneraciones, elevar la eficiencia del Estado, priorizar el presupuesto y administrar mejor el perfil de vencimientos y el costo de la deuda.
Costa Rica necesita ingresos públicos más sólidos, pero eso no equivale a trasladar automáticamente una mayor carga a quienes ya cumplen. Antes de abrir una discusión sobre nuevos impuestos, corresponde fortalecer aún más la lucha contra evasión, fraude y contrabando; mejorar la gestión aduanera; simplificar el cumplimiento tributario; usar tecnología y datos con apego a la legalidad; y revisar los beneficios fiscales que no demuestren una justificación económica o social suficiente.
También es indispensable mejorar la calidad del gasto. La regla fija un límite agregado, pero no decide qué debe protegerse y qué debe transformarse. Esa es una responsabilidad política y administrativa. Un país que busca reducir deuda no puede conservar programas ineficientes, duplicidades institucionales o gastos sin resultados mientras posterga mantenimiento, infraestructura, seguridad, educación y transformación digital. Aquí las propuestas del Ejecutivo siguen estando cortas.
La regla fiscal debe seguir siendo un ancla de responsabilidad, pero Costa Rica no puede aspirar a salir de la zona de deuda alta solo administrando restricciones. Necesita crecer más y mejor, recaudar con mayor eficacia, gastar con más calidad y pagar menos por financiarse. La alternativa no es entre rigor fiscal y desarrollo: el verdadero desafío es recuperar ambos.
