Opinión

La conversación con el Fondo Monetario Internacional

El país requiere del apoyo y colaboración técnica y financiera de parte de la comunidad internacional

Haría bien Costa Rica en iniciar, cuanto antes, una nueva ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tres son los temas de interés inmediato a poner sobre la mesa para hacer frente a los problemas más acuciantes, desde el punto de vista del desarrollo económico del país.

Primero, las consecuencias de la guerra de Ucrania, en especial la inflación importada, la cual ha alcanzado niveles muy elevados. Aún cuando se mantenga una política fiscal austera, la presión sobre el gasto público corriente es ineludible. Segundo, mantener la estabilidad macroeconómica, en vista de la evolución de la economía internacional. El esfuerzo debe orientarse a continuar la política de meta de inflación del Banco Central y a conservar la relación entre el déficit primario del Gobierno y el PIB. Tercero, ejecutar un conjunto de programas con el propósito de alcanzar una tasa de crecimiento económico suficiente para financiar el gasto social.

Algunos de estos programas son bien conocidos, pues, se han mencionado en repetidas ocasiones: la infraestructura vial (mantenimiento y construcción), el fondo de hipotecas para la construcción de vivienda; la digitalización del país, incluido 5G; y la red de cuido de niños. Asegurar el financiamiento de estos programas requiere acceso a fuentes locales (presupuesto nacional, concesión de obra pública, monetización de activos públicos, reservas de intermediarios financieros —operadoras de pensiones, fondos de inversión—), complementadas con recursos externos.

El país deberá hacer un esfuerzo muy considerable para llevar a buen puerto los propósitos enumerados en los tres puntos anteriores. El empeño es significativo en vista de la necesidad de abordar los tres temas de manera simultánea, dada la estrecha interrelación existente entre ellos. Los logros en cada uno de ellos dependen de los avances en los otros. Sin embargo, debe reconocerse, aunque sea a regañadientes, que el esfuerzo nacional por sí solo no es suficiente. El país requiere del apoyo y colaboración técnica y financiera de parte de la comunidad internacional, concretamente de entidades financieras internacionales públicas y privadas.

El país necesita ayuda externa, específicamente para tres propósitos: Primero, créditos concesionales a fin de paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Segundo, líneas de crédito precautorias como apoyo de la balanza de pagos, en vista del impacto del comportamiento del comercio internacional en la balanza comercial (precio de las importaciones) y del aumento en las tasas de interés en los principales países desarrollados, lo cual propicia la salida de capitales de Costa Rica a otros países. Tercero, obtener nuevos préstamos destinados a aumentar la inversión pública y financiar los programas enumerados anteriormente en el punto tercero.

Ahora bien, ¿por qué la comunidad financiera internacional, pública y privada, estaría dispuesta a acceder a la solicitud de apoyo de parte de Costa Rica? ¿Por qué? Dos puntos deben señalarse. Primero, buena parte de los problemas actuales del país se deben no a factores internos, sino a acontecimientos externos sobre los cuales no tiene ninguna responsabilidad. Segundo, como explicaba don Ottón Solís en un reciente artículo en La Nación, Costa Rica tiene credenciales de un país bastante “bien portado”: setenta años de democracia, Estado de derecho en funcionamiento, respeto a los derechos humanos, defensa de la paz sin ejército, abanderado del cambio climático y medio ambiente y, además, cuarenta años sin crisis económicas o financieras de origen interno.

No obstante lo anterior, el país debe realizar un esfuerzo importante adicional si desea lograr el apoyo externo. Es indispensable poner en evidencia, con hechos concretos, el compromiso del país con respecto a la ejecución de una política económica responsable.

Este compromiso exige una disciplina basada en: la regla fiscal, la ley de empleo público, las metas de inflación (Banco Central), la consecuencia de la apertura comercial, el mantenimiento de los salarios reales y la relación entre el déficit primario del presupuesto nacional y el PIB dentro de determinados límites. Este compromiso es una condición necesaria para lograr la ayuda de otros países e instituciones. Ciertamente, si Costa Rica extiende una mano para obtener el apoyo externo requerido, entonces deberá comprometerse a socarse la faja con su otra mano.

Ahora bien, ¿cuál sería el papel del Fondo? El país debería solicitar colaboración al Fondo para llevar a cabo dos tareas. La primera consiste en apoyar al equipo nacional a elaborar el programa, es decir, a “diseñar y armar el muñeco”. Este debe contemplar los tres temas mencionados al principio de este artículo, la coherencia de las diferentes medidas y la hoja de ruta para los próximos 36-48 meses, incluyendo las metas y objetivos a alcanzar.

El punto álgido del programa es bien conocido: determinar cuánto del programa debe ser financiado por el país –el esfuerzo interno- y cuánto correspondería al financiamiento externo. La ejecución del programa debe permitirle al país alcanzar una tasa de crecimiento económico suficiente para, de una parte, financiar el gasto social necesario a fin de crear el entorno socio político indispensable para poder llevar a cabo la política económica contemplada en el programa y, de otra parte, atender debidamente los compromisos adquiridos con los acreedores del país.

Para lograr lo anterior el programa debe contemplar dos puntos esenciales. Primero, el monto del pago anual por concepto de intereses no debe sobrepasar un determinado porcentaje del PIB. Segundo, el monto anual de la amortización de la deuda debe guardar una determinada relación con el comportamiento del PIB, así durante las “vacas gordas” se pagará más y durante las “vacas flacas” se amortizará menos.

La segunda tarea para la cual se solicitaría la colaboración del Fondo consiste en la creación de un grupo de trabajo con la participación de los acreedores actuales y futuros, públicos y privados, del país. Se establecerá la contribución de cada uno de ellos en el programa, el cual, muy posiblemente, incluiría la modificación de algunos de los términos y condiciones (tasas de interés y plazos de amortización) de la deuda actual del país.

El Fondo está acostumbrado a la primera de las tareas señaladas no así a la segunda. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el Fondo haya procedido de manera inusual para ayudar a Costa Rica, tal como lo hizo en el transcurso del proceso de la renegociación de la deuda externa en la década de los años ochenta del siglo pasado. Con los aires que soplan actualmente en los pasillos del Fondo, la señora directora gerente del FMI bien podría intentar sacar adelante el caso de Costa Rica como ejemplo útil para otros países.

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