Escoger un buen colegio es una decisión importante para una familia, pero mejorar la educación exige mucho más. Los resultados que publica El Financiero en la edición especial de esta semana ayudan a comparar opciones y también muestran las diferencias entre los centros educativos del país. Frente a esas brechas, la obligación del Estado es mejorar la enseñanza que recibe la mayoría, no conformarse con que unos pocos colegios sobresalgan.
Los datos muestran una ventaja de los estudiantes de colegios privados sobre los de centros públicos en las pruebas de admisión de la UCR y del TEC. También muestran que los científicos y humanísticos superan los promedios privados. No existe, por tanto, una frontera sencilla entre una enseñanza privada exitosa y una pública deficiente. Dentro del sistema conviven modalidades, recursos, regiones y poblaciones muy distintas.
Para las familias, conocer esas diferencias tiene un valor práctico. Comparar resultados y mensualidades permite examinar opciones y tomar decisiones. Esa búsqueda es legítima, como el mérito de los alumnos y centros destacados. El problema surge cuando una respuesta al alcance de ciertas familias se confunde con una solución para el país. Costa Rica no puede mejorar su educación únicamente mediante el traslado de estudiantes hacia los colegios mejor ubicados.
La magnitud de cada sector impide sostener esa ilusión. Según el análisis, el 88,3% de los estudiantes de secundaria regular asiste a centros públicos y el 8,3% a privados. Los científicos y humanísticos, pese a sus resultados destacados, reúnen apenas al 0,3%. Esas instituciones no representan las condiciones en que estudia la mayoría.
Además, las opciones no están disponibles en igualdad de condiciones. Los privados exigen capacidad de pago y algunos aplican filtros académicos. Los científicos y humanísticos seleccionan estudiantes para incorporarlos a partir de décimo año. El acceso a esas alternativas no puede convertirse en el requisito implícito para recibir una educación satisfactoria. Quien permanece en un colegio sin esas condiciones no debería quedar fuera de la promesa de calidad.
La responsabilidad estatal comienza allí donde termina la capacidad individual de escoger. El Ministerio de Educación Pública debe responder por los centros a los que llegan alumnos con recursos y trayectorias diversas. La pregunta decisiva no es dónde pueden estudiar los jóvenes que consiguen acceder a los mejores resultados, es qué educación recibe quien depende de la oferta pública disponible.
Así, la prioridad debe ser mejorar los aprendizajes en los colegios que atienden a la mayoría. No basta con reconocer que existen brechas ni con atribuirlas sobre todo a las características del hogar. Esas condiciones deben considerarse para organizar la respuesta, no para justificar su ausencia. Tampoco sería serio prometer que todos los centros reproducirán los resultados de instituciones selectivas. La exigencia es que ninguno renuncie a enseñar bien a la población que recibe.
Los colegios destacados pueden aportar lecciones, siempre que se distinga entre sus prácticas y la composición de su alumnado. Un promedio alto no permite saber, por sí solo, cuánto corresponde al acompañamiento académico y cuánto a las ventajas previas de los estudiantes. Antes de anunciar réplicas de un modelo, las autoridades deben identificar qué condiciones pueden trasladarse a centros con otras escalas y necesidades. Copiar el nombre de una modalidad no equivale a extender sus oportunidades.
Celebrar a los mejores es legítimo; utilizar sus resultados para eludir la situación del conjunto no lo sería. La rendición de cuentas debe cambiar de foco. El éxito de la gestión no puede medirse por unos pocos puestos de honor. El MEP debe mostrar si los estudiantes de los centros más rezagados aprenden más y tener como objetivo la reducción de diferencias. Los recursos y las decisiones deben examinarse según su aporte a ese propósito.
La libertad de elección y una educación pública de calidad no son objetivos opuestos. Una familia debe poder escoger por sus preferencias, sin que esa decisión se convierta en la búsqueda de refugio ante una oferta insuficiente. El Estado no tiene que impedir esa búsqueda, sino evitar que constituya la única salida. Las clasificaciones seguirán siendo útiles para decidir dónde matricular a un hijo. La obligación pública es más ambiciosa: que una buena educación no sea un privilegio reservado a quienes pueden encontrarla.
