EscucharEl mes pasado, el senador colombiano y activista por los derechos humanos Iván Cepeda perdió las elecciones presidenciales frente al abogado penalista Abelardo de la Espriella. Es un resultado decepcionante, si se tiene en cuenta que el padre de Cepeda fue asesinado en 1994 por grupos paramilitares en complicidad con agentes estatales, mientras que De la Espriella amasó una fortuna defendiendo a líderes paramilitares, funcionarios corruptos y blanqueadores de dinero.
Ahora el equipo de transición de De la Espriella afirma que estuvo trabajando en un plan al que denomina «Proyecto Arca de Noé», con el objetivo de restaurar prácticas de buen gobierno supuestamente perdidas bajo Gustavo Petro, el presidente de izquierda cuyo mandato finaliza el 7 de agosto. Pero la dura realidad es que el próximo gobierno enfrentará problemas fiscales que no admiten solución con los métodos de las administraciones anteriores. Hay una tensión creciente entre las demandas populares de que se hagan valer los derechos sociales consagrados en la Constitución y un sistema político que no puede cumplir esas promesas mientras no se libre de la influencia de las industrias extractivas y de la economía ilegal.
Aunque el gobierno entrante atribuye el creciente déficit del Estado colombiano a las políticas izquierdistas de Petro, el 92% del presupuesto nacional se destina a gastos no discrecionales como salud, educación, pensiones, transferencias a los gobiernos subnacionales exigidas por la Constitución, pagos de la deuda y compromisos de gasto plurianuales. La mayoría de estos compromisos están prefijados desde antes del gobierno de Petro, y su reducción demandaría enmiendas constitucionales impopulares. De modo que el gasto seguirá siendo mayor que la recaudación actual, y es probable que el próximo gobierno intente cubrir el déficit aumentando el impuesto al valor añadido (una idea que generó grandes protestas en 2021).
Por supuesto, es posible limitar una subida de impuestos regresiva y socialmente corrosiva sobre los alimentos básicos y otros productos esenciales. El gobierno de Petro alcanzó la recaudación tributaria general más alta de la historia (22,1% del PIB), y lo logró en parte aumentando la tributación de los sectores petrolero y minero. Pero luego el Tribunal Constitucional anuló disposiciones tributarias relacionadas, y la recaudación volvió a caer a un 19,9 % del PIB. Las objeciones del tribunal se podrían resolver con nuevas leyes dirigidas a esos sectores, pero es improbable que ocurra durante la presidencia de De la Espriella, que hizo campaña defendiéndolos.
Peor aún, la solución más obvia al dilema fiscal sería combatir la evasión tributaria y la corrupción (algo que a largo plazo podría aumentar el margen fiscal en más de un 8% del PIB), pero es todavía menos probable que se ponga en práctica. Durante mi actuación al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la primera mitad de la presidencia de Petro, inicié un proceso de mejora del cumplimiento tributario, mediante la creación de más de 10.000 nuevos puestos de auditores, ingenieros y otros empleados encargados de entrenar sistemas de inteligencia artificial para reducir el faltante de recaudación. También reformé el sistema de carrera del organismo para asegurar una contratación de funcionarios basada en el mérito.
Pero estas políticas están bajo presión, ya que es común que el Poder Ejecutivo apele al clientelismo parlamentario en la contratación pública para conseguir los votos necesarios para iniciativas legislativas importantes. En el caso de De la Espriella, la dirección de la política económica estará a cargo del vicepresidente, un exministro de Hacienda muy versado en esta clase de politiquería transaccional. No hay motivos para pensar que actuará distinto de como lo ha hecho en el pasado.
Asimismo, es un secreto a voces la existencia de contratos de compra pública «a pedido», direccionados hacia congresistas a cambio de votos legislativos. Aunque es difícil estimar el nivel de las pérdidas derivadas de esta forma de corrupción, los analistas suelen situarlo en un 3% del PIB; y aunque esa cifra parece alta, oculta la verdadera magnitud del problema. Ya que incluso una pequeña fracción de los recursos públicos que se desvíe de su uso legítimo se tiene que ocultar tergiversando toda la estructura del presupuesto, los recursos públicos no desviados tienden a usarse de forma ineficiente.
Por eso Colombia hoy ocupa un puesto más bajo en las clasificaciones de transparencia presupuestaria que hace una década, no porque carezca de capacidad técnica para elaborar un presupuesto detallado, sujeto a debate público y basado en programas, sino porque hay gente a la que la opacidad la beneficia y que se aseguró de que persista. Con la designación de varios veteranos de la política en su equipo de transición «Arca de Noé» y en el gabinete, De la Espriella deja a los colombianos pocas esperanzas de cambios en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Por el contrario, es probable que su gobierno use la designación de funcionarios para satisfacer a congresistas vinculados al narcotráfico, el blanqueo de capitales, la evasión impositiva y el contrabando. Mientras se mantenga la influencia desmesurada de esos intereses delictivos en los organismos que supuestamente deben combatir sus actividades, la lucha contra la corrupción será una causa perdida.
En tanto, el renovado apoyo estatal a los sectores petrolero y minero obstaculizará las políticas industriales orientadas al cambio climático y frenará los avances logrados en la descarbonización de la economía. Un elemento central de la agenda económica de Petro (también durante mi período como ministro de Comercio, Industria y Turismo) fue la industrialización basada en las exportaciones, con énfasis en satisfacer la demanda mundial actual y futura de productos de la industria verde (acero verde y vehículos y componentes eléctricos), así como el apoyo al turismo sostenible. Pero ahora, el cambio de prioridades reavivará viejos temores a la «enfermedad holandesa» que se produce cuando la fortaleza de un sector genera apreciación cambiaria y al hacerlo resta competitividad a otros sectores.
La dependencia excesiva del petróleo y la minería es sólo una parte del problema que enfrenta Colombia. Cálculos recientes sugieren que los ingresos procedentes de la exportación de cocaína llegan al 4,4% del PIB, más que la exportación de petróleo. Como una de las herramientas para blanquearlos consiste en introducir en el país de contrabando productos manufacturados y agrícolas a bajo precio, los perjudicados terminan siendo los sectores productivos nacionales que podrían crear puestos de trabajo bien remunerados.
De modo que el giro derechista de Colombia es un retorno a una alianza entre las industrias extractivas y una clase política que ha sido muy tolerante hacia la economía ilegal y la formulación de políticas por dinero. Al mismo tiempo, es de prever que esta alianza busque imponer la «disciplina fiscal» en contra de las demandas populares de un estado de bienestar funcional.
La oposición deberá visibilizar estas cuestiones, pero en esto no ayuda el hecho de que muchos de los miembros del gobierno de Petro participaron en esas mismas prácticas. Las acusaciones de hipocresía serán inevitables. Pero el intercambio de reproches no creará una sociedad que resuelva sus desacuerdos a través de un sistema político funcional, pacífico y verdaderamente representativo. Eso sólo puede lograrlo la honestidad.
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Luis Carlos Reyes, economista colombiano, es profesor asociado de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana, y fue ministro de comercio, industria y turismo de Colombia y director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
