Costa Rica suele mirar el deporte desde la emoción: nos unimos frente a una competencia, celebramos una medalla, admiramos una historia de esfuerzo y sentimos orgullo cuando un atleta lleva nuestra bandera al mundo.
Todo eso es valioso; pero es insuficiente. El deporte no debería aparecer solo cada cuatro años, ni depender del entusiasmo que producen los Juegos Olímpicos, un Mundial o una clasificación histórica. Bien entendido, debería ser una cuestión de política pública.
No partimos de cero. Durante la administración de Laura Chinchilla hubo esfuerzos de apoyo al deporte; entre ellos, la organización de los Juegos Centroamericanos San José 2013, inversión en infraestructura y respaldo a atletas. Más adelante, Costa Rica adoptó la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030, que reconoce el deporte como parte clave de un país más saludable, inclusivo y competitivo. La ruta existe; el reto es ejecutarla.
Para que el deporte sea motor de desarrollo, también necesita institucionalidad. Los atletas no pueden ser tratados como embajadores del país solo cuando ganan. Deben ser acompañados cuando entrenan, compiten, enfrentan lesiones y también cuando atraviesan procesos administrativos o disciplinarios. Esto requiere de infraestructura, generación del talento especializado, apoyo económico a las asociaciones, institucionalidad apta, entre otros.
El reciente caso de una nadadora costarricense suspendida durante meses sin una audiencia de fondo en un proceso antidopaje debería llamar nuestra atención. Sin profundizar en este caso, el país debe tener claro que la lucha contra el dopaje requiere rigor; pero también debido proceso, plazos razonables y autoridades capaces de resolver. Una carrera deportiva puede dañarse no solo por una sanción, sino también por una espera indefinida.
Por eso, una política deportiva moderna debería contar con metas y con indicadores: de participación, de inclusión de personas con discapacidad, ocupación hotelera generada por eventos, de empleos temporales y permanentes, uso de instalaciones, reducción del sedentarismo y retorno económico para las comunidades. El deporte puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud y la seguridad públicas, dotar a jóvenes de oportunidades, dinamizar economías locales y proyectar al país. Un gobierno local que organiza bien su agenda deportiva no solo promueve salud; también genera economía local, recupera espacios públicos, atrae visitantes y fortalece la identidad comunitaria.
Nuestro país vecino nos puede servir de ejemplo: Panamá ha impulsado el turismo deportivo como parte de su estrategia de atracción de visitantes. Competencias internacionales de triatlón, surf y otros eventos no solo llenan hoteles, sino que activan encadenamientos. El deporte se convierte también en una plataforma de promoción nacional.
Costa Rica tiene condiciones excepcionales para hacer algo similar, quizá incluso con una plataforma más fuerte: más masa crítica, una marca país asociada al bienestar, reputación internacional, tradición turística y talento humano.
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Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el Ciadi del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es exministra de Comercio Exterior y conforma la Junta Directiva de Cinde.
