Educación subversiva, pero de verdad

Estos centros educativos, ubicados en las regiones de mayor densidad poblacional de cada cantón, ofrecerían un currículo de clase mundial. Los alumnos de las zonas más alejadas dispondrían de servicios de transporte y alimentación, financiado por el Estado solo a las familias en condición de pobreza o vulnerabilidad. No habría necesidad de ofrecer jornadas reducidas en la primaria, ni tampoco veinte y resto de modalidades educativas presenciales, como actualmente sucede. Todos los centros ofrecerían el mismo currículo con las mismas condiciones de calidad y cobertura, en todo el territorio nacional.

Las modalidades de educación presencial se complementarían con la existencia de una plataforma virtual que garantice la continuidad del servicio educativo de por vida, online y offline, a pesar de distancias, desastres, siniestros y emergencias nacionales. Esta plataforma ayudaría a implementar las actualizaciones curriculares consistentemente y facilitaría todos materiales de apoyo del currículo completo, más todos los recursos didácticos disponibles de proveedores externos. También apoyaría las gestiones administrativas a padres de familia, profesores, y personal administrativo. Con esta herramienta y el apoyo de tutores virtuales, más de un millón de adultos sin el título de secundaria en nuestro país podrían, finalmente, concluirla. Paralelamente, el Instituto Nacional de Aprendizaje acompañaría a los adultos en la consecución de su título de secundaria con una oferta educativa técnica que responda a los requerimientos del mercado laboral.

La gestión

Estos centros educativos públicos serían administrados por cooperativas, que podrían ser conformadas por padres de familia, profesores, personal administrativo y miembros de la misma comunidad educativa, a quienes el Estado les otorgaría una concesión y les pagaría por los servicios educativos brindados, bajo altísimos estándares de rendimiento. La función del Estado entonces sería la de establecer los criterios de selección y rendimiento de estas cooperativas, cuyos logros debe monitorear regularmente. Al no ser juez y parte, la burocracia estatal no tendría razón de opacar la gestión educativa y en cambio podría exigir resultados.

Los profesores serían contratados directamente por las cooperativas, de una base de datos de profesores certificados y recertificados, cada cinco años, por el Ministerio de Educación Pública. Eso acabaría con el tráfico de influencias en los nombramientos por parte de los políticos y los funcionarios sindicales. Contratarían a los profesores a tiempo completo, no por lecciones, sino en un número proporcional al número de alumnos que atienden. Así los profesores dispondrían de tiempo para impartir sus lecciones, pero también planificar, calificar, capacitarse y realizar otras funciones curriculares dentro de su horario laboral. La función docente se dignificaría de esta manera.

Todos estos centros educativos modelo contarían, además, con el personal administrativo de planta para ejecutar labores que actualmente recaen en los docentes y fijarse, como meta, reducir los niveles de exclusión estudiantil a cero. Dispondrían de un director administrativo, pero también uno académico, quien se encargaría de coordinar los procesos de gestión de la calidad en los centros educativos, incluyendo aquellos de acompañamiento, capacitación y evaluación docente.

Todos estos centros educativos modelo contarían, además, con el personal administrativo de planta para ejecutar labores que actualmente recaen en los docentes y fijarse, como meta, reducir los niveles de exclusión estudiantil a cero.

La universalización de la educación superior también es prioritaria, por lo que los presupuestos destinados a ese nivel educativo deben ser utilizados para financiar la educación de todos los alumnos del sistema superior. Eso se lograría si solo se subsidiaran los apoyos complementarios que fueran necesarios (transporte, vivienda y alimentación, por ejemplo) a las poblaciones en condición de pobreza o vulnerabilidad. Todos los alumnos de la educación superior, sin distingo de condición económica, deberían tener acceso a préstamos blandos para el estudio de carreras de alta demanda laboral, sin necesidad de contar con fiadores o garantías, y devolver sus préstamos una vez graduados. Conape ejercería una función crucial, al asegurar que la inversión en educación superior que realiza el Estado sea eficiente. Toda carrera que reciba fondos del Estado vía Conape debería de estar acreditada por un ente independiente. De esta forma el país se asegura el pipeline (suministro) de la fuerza laboral de calidad del sector productivo.

En cuestión de pocos años, y conforme los alumnos devuelven sus préstamos, una gran parte de las transferencias directas a las universidades públicas podrían redirigirse a otros niveles educativos. Esta transformación educativa se financiaría, además, asignando los recursos actuales en función de las prioridades. El Ministerio de Educación Pública podría obtener recursos frescos de la venta de todos los activos inmobiliarios a terceros, incluyendo a las cooperativas, y vender las propiedades inmobiliarias de la administración central en modo lease-back. La contratación del personal de apoyo se podría financiar con el presupuesto de instancias como la CCSS, el IMAS, el PANI y los CEN-CINAI, cuyas metas son asegurar el bienestar integral de los niños jóvenes, y romper los círculos intergeneracionales que reproducen la pobreza. También implicaría recortar gastos superfluos, erradicar la corrupción, y, ante todo, reducir la burocracia y el papeleo: el MEP no necesita 15 direcciones, 67 departamentos, 27 direcciones regionales y 207 circuitos educativos. Esto sí es una educación subversiva.