Se le pregunta a los candidatos a la Presidencia de la República si están o no dispuestos a permitir un incremento del porcentaje de la generación de electricidad que está en manos del sector privado.
La interrogante no es la correcta. Lo importante es confrontarlos sobre ¿cuál es la política de generación y distribución de electricidad que mejor contribuye al bienestar de los ciudadanos, a la productividad agregada y a la sostenibilidad de largo plazo de Costa Rica?
Los costarricenses tenían telefonía celular carísima… Es cierto que no era caro el minuto de servicio, pero ¿cuánto le costaba a cada ciudadano no tener en su mano acceso a Internet, a telecomunicaciones globales y hasta a la maravillosa capacidad como centro de actividades que representan los teléfonos celulares hoy?
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¿Cuánto costaban esos seis o más meses perdidos en espera, los negocios no ejecutados, las comunicaciones no realizadas?
En manos del monopolio estatal, las telecomunicaciones fueron una debilidad manifiesta del clima de negocios de Costa Rica por casi dos décadas de telefonía celular. Y al abrirse el mercado, Kölbi no quebró, se adaptó a competir; y el acceso al servicio y la calidad del mismo mejoraron inmediatamente, en cuestión de semanas, sin que el costo desbalanceara a ningún hogar o empresa del país.
El impacto sobre la productividad agregada fue notable e inmediato, pues puso a micro y pequeños empresarios formales e informales en contacto con mercados antes impensables para ellos.
Seguros y puertos
Algo similar, que no se entrará a detallar, pasó con los seguros, con el servicio en el puerto de Caldera y con los aeropuertos internacionales. Mejoró la infraestructura, mejoró el servicio y, aun si en todos los casos los costos no bajaron, contar con opciones de servicio fue visto favorablemente por las empresas de todos los tamaños y la gran mayoría de los ciudadanos.
En Costa Rica es posible afirmar que la ruptura de monopolios públicos —y seguramente ocurriría lo mismo si se abrieran los monopolios, oligopolios y carteles privados— beneficia a los consumidores, fortalece la competencia y mejora los niveles de inversión y servicio en mercados grandes.
El país se encamina de manera acelerada hacia un incremento de su transporte público y privado eléctrico que requerirá de inversiones significativas en capacidad de generación. Mover trenes que circulan de manera constante requiere de muchísima energía y potencia.
¿Por qué limitar la inversión en un momento en que es claro que debe incrementarse de manera significativa?
La tecnología, con plantas solares, fotovoltáicas, de biomasa, eólicas y hasta mini-geotérmicas, junto con el fortalecimiento de baterías cada vez más eficientes y duraderas, permite hoy mucho más cogeneración doméstica, comercial, agroindustrial, y manufacturera, la oportunidad de descentralizar y abaratar el costo de la energía, tanto en la generación como en su transmisión a distancias más cortas y con mucho menores costos ambientales.
Las formas de economía colaborativa que hoy crecen en todo el mundo impulsan el país hacia modelos de cogeneración y comercialización abiertos y competitivos.
Menos dogmas e ideologías
Si el sector privado empresarial quiere invertir y vender energía en competencia con el ICE y la CNFL, lo hará bajo su propio riesgo, con recursos que no nos cuestan a los demás costarricenses.
Además, no incurren en costos excesivos por la ineficiencia en el desarrollo de proyectos —algunos de los cuales le han costado al ICE hasta 100% más de lo originalmente presupuestado— y menos por el pago de costos excesivos por convenciones colectivas o fijación de tarifas con base en el costo inflado y sobrediseñado de los proyectos.
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Seguir financiando megaproyectos al ICE es un sinsentido dado el avance de la tecnología, la capacidad de descentralizar las generación, comercialización y distribución de la energía.
Si la respuesta a la pregunta correcta es que la apertura del mercado eléctrico beneficiará a la mayoría de los costarricenses y la productividad nacional sin perjudicar la sostenibilidad ambiental, el mercado debe abrirse no a un 20 % o un 30 % del total, sino de manera competitiva, similar a lo ya actuado en telecomunicaciones, seguros, puertos y aeropuertos.
Soplan vientos de cambio con dos candidatos jóvenes a la presidencia de Costa Rica, menos dogmáticos y limitados por ideologías, que hoy arman equipos multipartidistas para darle solución a los problemas del país. Ha llegado el momento de analizar este tema a fondo.
