7 febrero

Primero, imponer altos aranceles o medidas regulatorias que detengan las importaciones de un producto para proteger a la producción nacional, aunque los fundamentos técnicos de las medidas sean débiles y los consumidores sufran las consecuencias. Segundo, lanzar un programa para impulsar la siembra masiva del producto protegido, ofreciendo financiamiento y otros generosos incentivos con fondos públicos. Tercero, ante deficiencias en productividad, cambios en condiciones de mercado u otros problemas que no se prevén adecuadamente, abandonar el programa o proponer la creación de un fideicomiso para condonar deudas.

Ese pareciera ser el círculo vicioso que se repite una y otra vez en el apoyo gubernamental a ciertas actividades agropecuarias. Con un agravante en el caso del aguacate: el país se ha visto inmerso en un conflicto sobre ese tema en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que afecta su imagen en el comercio internacional y representa costos adicionales importantes, incluyendo los costos del proceso legal y de las eventuales medidas retorsivas que podrían llegar a imponernos si, como parece probable, se pierde el caso.

Tal como informamos en nuestra edición anterior (edición N° 1270, página 19), una cuestionada medida fitosanitaria contra el aguacate importado de México transformó el mercado de este producto en el país a partir del 2015. Después de que ingresaban miles de toneladas por mes, el último cargamento proveniente de México de que se tiene noticia fue de 111,8 toneladas en junio del 2015. Tras la salida de la fruta mexicana, el mercado se repartió entre otros siete países y se ha incrementado la superficie de aguacate sembrada en el país, que pasó de 1.888 hectáreas en el 2014 a 3.000 en el 2015, aunque actualmente se reportan 2.000 hectáreas sembradas.

Se estima que la producción nacional abastece solo el 35% de la demanda en el país y que el producto tiene potencial de exportación. El país ha tenido picos con exportaciones a varios países europeos, particularmente en el 2017, pero el volumen de exportaciones no ha sido consistente. Productores indican que no ha sido necesario exportar porque desde el cierre a las importaciones mexicanas el mercado nacional absorbe toda la producción.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ve grandes oportunidades en llegar a satisfacer la totalidad de la demanda en el mercado nacional y, si se puede, exportar. La Unión Europea luce como destino atractivo. Con eso en mente, el Plan del Aguacate del MAG busca ampliar en un 125% el área sembrada en los próximos dos años. La gran duda es qué pasará si como resultado del proceso ante la OMC, que se espera concluya a fines de este año, se tienen que reabrir las importaciones de México.

Según un informe que publicamos en la actual edición, queda claro también que el Plan del Aguacate no es algo novedoso. Planes o programas ya se pusieron en marcha en el pasado con cultivos como la mora, el palmito, la palma aceitera y la macadamia, muchos de ellos con tristes resultados.

¿Y los estudios?

En 1987 se lanzó un Programa Nacional de Macadamia, pero con el pasar del tiempo surgieron adversidades relacionadas con el clima y los suelos que dificultaron la sostenibilidad y el proyecto se cerró en 1992. En 2009 se impulsó un programa de apoyo a los productores de mora, pero al final no se lograron colocar los créditos que se ofrecieron.

Un caso relativamente exitoso fue el del palmito, que llegó a generar $25 millones en exportaciones en el 2006. Según el MAG, Costa Rica llegó a ser el mayor exportador de palmito del mundo, pero en la actualidad los resultados del sector son negativos por situaciones de mercado internacional y pérdida de competitividad del país. Esto se refleja en la reciente ruptura entre la empresa Demasa, un importante comprador del producto, y un grupo de productores nacionales.

En noviembre de 2019, se lanzó un plan para impulsar la siembra de palma aceitera y mejorar las condiciones de 3.200 productores. La iniciativa incluye cuatro ejes de trabajo para mejorar la competitividad de la agrocadena: un fideicomiso de ¢1.700 millones para financiamiento, investigación y transferencia tecnológica, estandarización con base en normas técnicas y generación de valor agregado para diversificar el producto. Aún es muy temprano para conocer resultados.

“Estas buenas intenciones del Gobierno las hemos visto en el pasado en cultivos como macadamia, palmito, cacao y en diferentes sectores, que a pesar de que se les invirtió dinero, perdieron fuerza. No queremos que se siga en el despilfarro cuando no existen estudios técnicos serios para fundamentar el Plan Nacional de Aguacate”, señaló Randall Benavides, presidente de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos (CEIPP).

“Preocupa que la viabilidad del Plan del Aguacate dependa de mantener una cuestionada medida fitosanitaria que podría estar próxima a desaparecer“.

En efecto, el Plan del Aguacate causa gran preocupación. Es relativamente sencillo recurrir a medidas proteccionistas y plantear ambiciosos planes de reconversión productiva en el papel. Lo difícil es articular planes que realmente funcionen, que no dependan del proteccionismo, y entrarle en serio a mejorar las capacidades de las instituciones del sector agropecuario, tan venidas a menos.

Preocupa además que la viabilidad de este plan dependa de mantener una cuestionada medida fitosanitaria que podría estar próxima a desaparecer. Los productores agropecuarios no merecen que les sigan ofreciendo planes populistas, sin estudios técnicos serios, que al final generan más costos que beneficios para ellos mismos y para la sociedad.