Opinión

Editorial: Mezclas inconvenientes

El asfalto es un producto esencial para la construcción pública y la privada, pero en Costa Rica esta materia prima está a merced de situaciones que distorsionan el mercado, como la importación exclusiva en manos de Recope y su modificación a cargo de las mismas constructoras

El asfalto es un producto esencial en la construcción y mantenimiento de carreteras y en obras constructivas públicas y privadas en general. En nuestro país lo importa únicamente la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). En cuanto a producción de mezcla asfáltica acorde a los requerimientos de cada proyecto, el mercado luce a primeras luces competitivo: 12 empresas poseen plantas de producción, pero de ellas únicamente tres disponen de plantas de modificación del material: MECO, H. Solís y la china Chec, que opera en el Caribe.

Según expertos, el mercado es atípico. Por un lado, la calidad del producto que compra Recope varía en función de la época del año y de la demanda internacional. Por otro lado, las modificaciones asfálticas se realizan en plantas de las mismas constructoras y no en plantas especializadas, como ocurre en otros países, lo cual deriva en controles insuficientes.

La Cámara de la Construcción considera que existe una gran cantidad de plantas que pueden satisfacer las necesidades del país. Sin embargo, según el presidente de esa entidad, los carteles o pliegos de condiciones en los procesos de contratación pública limitan la participación y benefician a unos pocos oferentes. “Se deben modificar los carteles para poder facilitar la participación de mayor cantidad de empresas productoras e instaladoras de MAC (mezcla asfáltica) en el país. Entre mayor sea la competencia se podrá obtener un mejor precio”, afirmó.

Este mercado ejemplifica restricciones a la competencia que no deberíamos dejar pasar y podrían estar presentes en otros mercados. La primera distorsión en la cadena es el monopolio de importación de Recope, que limita la posibilidad de obtener opciones más variadas, mejores calidades y mejores precios en los mercados internacionales. Nos recuerda el excesivo involucramiento directo del Estado costarricense en la economía, señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus informes sobre el país.

En segundo lugar, como se indicó anteriormente, por el número de empresas existentes el mercado de producción de mezcla asfáltica debería considerarse competitivo. Lo reafirma el presidente de la Cámara de Construcción. No obstante, se señala que los procesos de contratación pública, en particular los carteles o pliegos de condiciones, suelen incluir condiciones que limitan la participación y tienden a favorecer a unas pocas empresas.

Difícilmente este es un caso aislado. Restringir la libre competencia en la contratación pública empieza por imponer condiciones más restrictivas de lo necesario en los pliegos de condiciones, tema que se suele manejar con bastante opacidad en los departamentos de proveeduría institucionales. Las instituciones deberían implementar mecanismos de revisión de los pliegos de condiciones, con el apoyo de expertos independientes, para garantizar que no incluyan barreras injustificadas a la participación. La Contraloría General de la República y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) podrían también coadyuvar en el tema, en lo que les corresponde conforme a sus facultades legales.

Este mercado ejemplifica restricciones a la competencia que no deberíamos dejar pasar y podrían estar presentes en otros mercados. La primera distorsión en la cadena es el monopolio de importación de Recope...

Dos de las empresas que predominan en el mercado de producción de mezcla asfáltica son las mencionadas en el Caso Cochinilla, que ha causado conmoción y se encuentra actualmente en investigación en vía judicial. A raíz de ese caso, la Coprocom anunció que investigaría la presunta existencia de colusión en contratos relacionados con construcción y mantenimiento de carreteras.

Ese tipo de práctica, conocida como colusión en licitaciones, puede ser facilitada por pliegos de condiciones excesivamente restrictivos o amañados. Se refiere a empresas que coordinan para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios ofrecidos en procesos de contratación pública. Según la OCDE, esta práctica, aunque ilegal, le cuesta a los gobiernos y contribuyentes miles de millones de dólares cada año. Los países de la OCDE gastan aproximadamente el 12% de su PIB en contratación pública, porcentaje que puede ser aún mayor en los países en desarrollo. Se estima que la eliminación de la colusión en la contratación pública podría ayudar a reducir los precios de adquisición en 20% o más.

Mercados como el del asfalto ameritan ser revisados. La Coprocom tiene ahora mayores poderes, puede realizar estudios de mercado para identificar barreras que impidan la competencia, hasta puede emprender directamente ciertas acciones legales. Debería valorarse si las investigaciones anunciadas a propósito del Caso Cochinilla cubren o deberían extenderse al tema del asfalto, sobre todo tomando en cuenta lo indicado por la Cámara de Construcción.

Restricciones injustificadas en los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas, colusión entre oferentes, resistencia al uso de plataformas electrónicas de contratación, son factores comúnmente ligados a corrupción y le pueden costar millones al Estado y, en última instancia, a los contribuyentes. Otros países han establecido sistemas de monitoreo para detectar conductas sospechosas y mecanismos de coordinación entre instituciones contratantes y autoridades de competencia. El mercado del asfalto, por su importancia para el país, justifica que las autoridades le pongan especial atención.