Escuchar“Vamos a cerrar el Conavi y sus hermanitas perversas” fue una las promesas incumplidas de campaña del expresidente Luis Guillermo Solís. Este propósito fue precedido por el frustrado proyecto de ley remitido por la administración Chinchilla en mayo del 2013, adoptando una de las recomendaciones del Grupo de Notables conformado en ese entonces para mejorar la gobernabilidad del país, el cual pretendía “reconcentrar cualquier actividad o competencia que previamente haya sido desconcentrada, parcial o totalmente, respecto a cualesquiera órganos desconcentrados de la Administración central, regulados por ley o reglamento”.
Las intenciones de ambos exmandatarios quedaron en la nada. Ahora, el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ha presentado un proyecto de ley para “fortalecer la competencia rectora del MOPT”, eliminando la figura de la desconcentración en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y devolviendo en su totalidad estas competencias al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El problema es real. La figura de la desconcentración implica el desplazamiento de potestades públicas desde los titulares de los cargos de nombramiento político a los componentes de la burocracia profesional. Con ella, la subordinación jerárquica, propia de la organización administrativa, se excepciona, de manera que el jerarca de la institución (ministro) queda impedido de avocar la competencia del inferior o revisar o sustituir la conducta de este. Si la desconcentración es máxima, entonces el inferior tampoco podrá recibir órdenes, instrucciones o circulares del superior. La idea subyacente con la desconcentración es “despolitizar” la toma de decisiones, para darle prevalencia al criterio técnico; una de las consecuencias negativas de ello, sin embargo, es que entonces tenemos jerarcas que deben asumir la responsabilidad política de la inoperancia de sus respectivas instituciones sin contar con las herramientas jurídicas que se requieren para poder ejecutar la agenda de trabajo con la que se comprometió.
En otras palabras, nos encontramos por un lado con ministros que en muchos campos no mandan y que parecen pintados en la pared; y, por el otro, con una burocracia lenta, infranqueable y alejada de las necesidades de la gente. Ello ha provocado desencanto en las instituciones e incredulidad en cuanto a la posibilidad de que estas puedan llegar a satisfacer el interés general. A esto hay que agregarle que muchas veces esos órganos desconcentrados han demostrado una pasmosa incapacidad técnica (la reparación del puente de la platina es solo un ejemplo de ello), ser foco de graves casos de corrupción (la Trocha, Cochinilla, entre muchos otros), o haber sido capturados por los grupos de interés, impidiendo ad perpetuam la implementación de decisiones que parecen de rigor (el cobro electrónico en el transporte público, por citar una). Esta realidad nos hace entender las razones por las que el cambio en la organización interna de ese importante despacho es indispensable.
Pero la reforma presentada también implica riesgos y retos adicionales. La excesiva concentración de potestades en cabeza del ministro, que no siempre tendrá el conocimiento técnico (legal, financiero o ingenieril) o el tiempo requerido, podría llegar a convertirse en un gran cuello de botella que, en vez de agilizar los procedimientos, termine atrasándolos todavía más. Por ello, dichas atribuciones deberían ser asignadas al ministerio como tal, para ser luego distribuidas internamente vía reglamento o, al menos, contemplarse la posibilidad clara y expresa para que el ministro delegue esas funciones en órganos inferiores y con capacidad técnica para la toma de decisiones.
Adicionalmente, como lo reconoce el mismo ministro en entrevista concedida a El Financiero, la reconcentración por sí misma es insuficiente. Debe venir acompañada de una reingeniería total, que modernice y agilice la planificación, ejecución y supervisión de las funciones del ministerio. La transparencia y la rendición de cuentas de todo el personal debe estar en el centro de la reforma. Los recursos tecnológicos de los que hoy se disponen deberían permitir que cualquier ciudadano, desde su celular o computadora, pueda dar seguimiento continuo al avance de las obras que sean de su interés, así como detectar y denunciar cualquier anomalía. También es esencial introducir la cultura de que los funcionarios de cualquier rango rindan cuentas y asuman las responsabilidades que les corresponden.
El papel del MOPT es crucial para la competitividad del país y el bienestar de los ciudadanos. Los aires de reforma son bienvenidos. Hagámoslo bien.
