EscucharCosta Rica ha sido históricamente reconocida como un modelo de desarrollo con relativo éxito en el contexto de naciones latinoamericanas. Por mucho tiempo, el país se consideró un buen ejemplo de una nación que, sin ser plenamente desarrollada, había alcanzado elevados indicadores de bienestar social, desempeño económico y protección ambiental.
Mucho del progreso observado desde los noventa se explica por el giro en la estrategia productiva del país. Posterior a la segunda mitad de la década de los ochenta, Costa Rica apostó por la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa (IED) como motores del crecimiento. Para ello, se aprobó una amplia gama de medidas legislativas e institucionales que brindaron seguridad jurídica, incentivos monetarios, exoneraciones y otras ventajas a exportadores e inversionistas externos. Los resultados a largo plazo muestran contribuciones positivas. Según el Banco Central, desde el 2001, el valor de las exportaciones de bienes y servicios se multiplicó 5,7 veces. Además, hoy día la economía exporta 5.139 bienes distintos a 167 países diferentes en ámbitos tan diversos como banano, piña, productos químicos y dispositivos médicos.
El buen desempeño del modelo de desarrollo “hacia afuera”, sin embargo, ha empezado a mostrar señales de agotamiento que van en paralelo a una serie de condiciones estructurales que nunca fueron resueltas. Por ejemplo, el PIB creció en los noventa a un ritmo promedio del 5,4% mientras desde el 2010 su incremento medio se redujo al 3,7% anual. Las exportaciones, que a mediados de la primera década de este siglo alcanzaron el 43,7% del PIB, cayeron al 38,7% del PIB en el 2024. Algo similar se observa en la Inversión Extranjera Directa, cuyo valor bajó del 7,6% del PIB al 4,8% ese mismo peroodo.
Que motores como las exportaciones y la inversión externa se desaceleren es un tema central aunque no el único que debe preocupar. La persistencia de dos problemas estructurales, la dualidad productiva y los reducidos encadenamientos con la economía interna, también deberían motivar una lectura crítica del modelo actual.
Por un lado, resulta evidente que Costa Rica es una economía con dos caras, tal como lo ha venido planteando el Programa Estado de la Nación. Hoy día, el 14% de la economía y el 12% del empleo nacional se encuentra bajo el Régimen Especial (al cual pertenecen las Zonas Francas) donde la producción y la productividad crecen a dos dígitos y se pagan salarios comparativamente más altos, tal y como lo informa el mismo Estado de la Nación. En contraste, la mayoría de la economía costarricense (86% del PIB, 88% del empleo), principalmente los sectores orientados al mercado interno como la agricultura tradicional y el comercio, han tenido un desempeño económico mucho más modesto con productividades estancadas y remuneraciones por debajo del promedio nacional. No todo es miel sobre hojuelas en el Régimen Especial. Actualmente, la mitad de las exportaciones se origina en dispositivos médicos, una señal que a lo interno del esquema también existen altas disparidades de desempeño.
La condición dual de la economía se traduce en desigualdades sociales y territoriales exacerbadas que a su vez inciden en la capacidad de reducir la pobreza y de mejorar las condiciones de vida para la gran mayoría de la población costarricense. Puesto en otros términos, ubicarse en uno u otro lado de la acera significa para algunos costarricenses tener más o menos posibilidades de vivir mejor.
Por otro lado, se comenta mucho también sobre la necesidad de fortalecer la articulación del Régimen Especial con el resto de la economía, llámense empresas proveedoras o integración territorial. Algunos estudios han señalado que existe margen suficiente para incrementar las ventas que empresas del Régimen Definitivo hagan a las del Régimen Especial (Huertas, Loaiza y Ortiz, 2021). Además, se hace altamente necesario incrementar la IED en áreas fuera de la GAM. Si bien la Ley 10.234 es un esfuerzo importante para promover la atracción de inversiones fuera de la GAM, lo cierto es que únicamente el 5,5% de la IED del 2024 se localizó en dichas regiones.
Costa Rica enfrenta una encrucijada en su modelo de desarrollo. Si bien ha logrado consolidar un aparato exportador diversificado en productos y mercados, los resultados acumulados, en especial en la pasada década, ya no son tan sólidos ni benefician a una proporción elevada de la población. Claro está, no todo se explica por esa erosión interna de la estrategia, pero ciertamente cumple un rol.
Frente a este panorama, los distintos grupos económicos y los líderes políticos de la nación deben comprender que estamos ante un tema que no es poca cosa. Se trata, en lo esencial, de repensar el modelo económico del país para los próximos 40 o 50 años. Esto implica rediseñar leyes, instituciones, consensuar incentivos y promover políticas de largo plazo a partir de una visión más o menos mancomunada sobre estructura productiva, sí, pero también sobre bienestar poblacional y protección del ambiente, todo con el fin de evitar que la brecha entre las dos Costa Ricas se amplíe.
En materia de política pública, múltiples preguntas emergen. Por ejemplo, ¿debería esta discusión referirse a ajustes al modelo actual o a un replanteamiento completo de la estrategia considerando el nuevo orden geopolítico, las políticas proteccionistas, los esfuerzos contra el cambio climático o el surgimiento de nuevas oportunidades derivadas de la revolución tecnológica?
En todo caso, tal parece que existe una agenda de temas necesarios en esta materia que hagan de Costa Rica un país más atractivo y seguro para la inversión y con resultados más amplios para la población. Se puede considerar, entre otras: a) impulso a la inversión pública y a la calidad educativa, especialmente en áreas fuera de la GAM; b) establecimiento de una política sólida de fomento de PYMES y clústeres, especialmente en áreas que mejoren las condiciones de venta de sus productos al Régimen Especial; c) implementación de políticas productivas al sector agrícola, especialmente en materia de innovación y productividad; d) eliminación de trámites burocráticos innecesarios; e) reconfiguración de la estrategia de protección social como parte consustancial de defensa del contrato social nacional; f) incorporar como componente transversal políticas contra el cambio climático, en particular en ámbitos como la infraestructura pública.
