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En el calendario de nuestra democracia, este 1.º de febrero marca un hito que trasciende la simple mecánica de depositar una papeleta en una urna.
Esta fecha constituye el punto de inflexión donde se reconfigura la arquitectura del poder político nacional. Si bien la atención tiende a centrarse en la figura de quien ocupará la silla presidencial en Zapote, la verdadera gobernabilidad —esa capacidad real de transformar el Estado y ejecutar cambios— se define en la conformación de la Asamblea Legislativa.
Calificar la Asamblea Legislativa como Primer Poder de la República no es un formalismo de protocolo ni un adorno retórico de los libros de cívica; le llamamos así porque es la encarnación de la representación popular y el espacio donde convergen las distintas visiones de la sociedad para destilar el bien común a través de la ley. Sin embargo, esta noble definición choca frontalmente con una realidad que no podemos soslayar: la representación popular pierde su sentido y su legitimidad cuando la calidad de los representantes no está a la altura de los desafíos monumentales que enfrenta el país.
Tradicionalmente, el inicio de un nuevo ciclo político trae consigo una atmósfera de renovación casi automática. El cambio de administración suele funcionar como una válvula de escape social, generando esperanza y la expectativa de un reinicio. No obstante, en esta ocasión, esa esperanza llega matizada por una densa capa de escepticismo. Al analizar los perfiles que los partidos políticos han colocado en la palestra para ocupar las 57 curules, surgen dudas razonables. Preocupa profundamente observar cómo se ha acentuado una tendencia alarmante: la postulación de figuras cuya idoneidad no solo es cuestionable desde el punto de vista técnico, sino también ético. En estas elecciones, en particular, ha aumentado la percepción de que algunos aspirantes no buscan la curul para legislar, sino para protegerse. Cuando el fuero parlamentario se percibe como un escudo procesal para evadir el brazo de la justicia, se erosiona la base misma del sistema democrático.
Quienes lleguen a ser los nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa deben reflexionar muy bien sobre esa legitimidad. Si las personas que van a ocupar curules tienen procesos judiciales pendientes y la Fiscalía lleva adelante el proceso, es probable que entonces se gaste tiempo valioso en discusiones para levantamientos de inmunidad, las cuales podrían resultar inútiles. La magnitud de esto es importante, pues tendríamos a diputados discutiendo si avanza algún proceso que termine en pena de cárcel para alguno de sus compañeros.
Otro de los factores a considerar es el riesgo de que se legisle en beneficio propio o de allegados. Cambiar leyes es delicado, en especial cuando se trata de materia penal, pues se debe vigilar de cerca si lo que se busca con un ajuste sobre un delito (despenalización) beneficiaría o perjudicaría a personas específicas ligadas a congresistas de una u otra manera.
El análisis no debe detenerse en la calidad de los individuos, sino extenderse a la forma en que se ejerce el poder. Existe un riesgo latente en la interpretación de los resultados: la tentación de las simples sumas. Incluso ante la hipótesis de que un partido o una alianza de fuerzas logre alcanzar mayorías, es vital comprender que la salida a nuestros problemas no está garantizada solo por los números. En una democracia madura como la costarricense, la legalidad del voto no es suficiente y se requiere legitimidad en la toma de decisiones.
La historia ofrece lecciones al respecto. Basta con recordar el episodio del “Combo del ICE”. Aquel proyecto fue tramitado y aprobado cumpliendo todos los requisitos de ley y con los votos necesarios en el Plenario, pero carecía de validación social. El resultado fue una crispación que paralizó al país en las calles y, al final, la reforma se detuvo por años. Este ejemplo demuestra que la imposición de una mayoría mediante una “aplanadora” legislativa, sin el debido proceso de escucha y convencimiento, es una receta para el conflicto, no para el desarrollo.
Costa Rica requiere diálogo de todos, no la imposición mecánica de un bloque victorioso. Si realmente queremos avanzar unidos, la construcción de acuerdos debe prevalecer sobre la fuerza del número. De lo contrario, más temprano que tarde llegará el desgaste y volveremos, de nuevo, a un estancamiento que nos impedirá volver a tener educación pública de calidad, salud a tiempo para todas las personas y seguridad para salir tranquilos de nuestras casas.
El mensaje final para quienes asumen esas curules es ineludible: necesitamos que las personas que llegan a la Asamblea se comprometan verdaderamente con un debate de calidad. Existe mucho trabajo por delante, pero Costa Rica no aguanta más legisladores que lleguen a improvisar, a cobrar facturas políticas o a imponer visiones sin consenso. Es imperativo poner al país por encima de todo interés mezquino, partidario o de venganza. La legitimidad de la próxima legislatura dependerá de su capacidad para entender que el poder no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad compartida.
