Hace 5 días

Hay que reconocer que la infraestructura vial está en proceso de dar un salto importante bajo la conducción de Rodolfo Méndez Mata, tres veces ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT) e ingeniero de cuya capacidad nadie duda. Lo lamentable es que ese salto –importante como es– ni siquiera nos pondrá a la altura de donde debiéramos estar si lo comparamos con nuestro nivel de desarrollo económico-productivo o progreso social.

Esto ciertamente no es culpa del actual jerarca, sino de un ministerio que ha sido una verdadera puerta rotativa donde los ministros han entrado y salido con poco impacto en prácticamente todas las administraciones de este siglo.

Los datos nos dicen que tenemos un país cuya competitividad general está clasificada en la posición 62 entre 141 naciones, ocupa la posición 103 en la conectividad nacional e internacional por carretera y la 117 en la calidad de su infraestructura vial. Eso sin sumarle las advertencias del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica sobre el estado de cientos de puentes, que en cualquier momento pueden agravar la situación. En términos de puertos marítimos ocupamos la posición 72 en conectividad marítima y 79 en eficiencia operativa; y en conectividad aérea ocupamos la posición 77. Ambos mejor que las carreteras, pero aún por debajo de la competitividad de nuestros sectores productivos. En infraestructura ferroviaria ni siquiera se nos evalúa.

La infraestructura nos cuesta competitividad, y no sólo ante naciones más desarrolladas, sino ante competidores directos en atracción de inversiones y en mercados de exportación.

Además, la infraestructura y el transporte que se realiza sobre ella, particularmente el transporte colectivo, son determinantes de la calidad de vida de trabajadores y estudiantes, así como de la seguridad de nuestros ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud declara una emergencia en salud cuando se producen más de 11 muertes por cada 100.000 habitantes por causa de una enfermedad. Pues bien, en Costa Rica las muertes por accidentes de tránsito alcanzan 17,05 por cada 100.000 habitantes, lo que hace de la inseguridad en carretera una verdadera emergencia nacional. Además, el tiempo en tránsito ha sido formalmente correlacionado con la hipertensión, la violencia doméstica, y la productividad laboral, por lo que las ineficiencias en nuestra infraestructura representan mucho más que costos de logística para nuestras empresas.

La inversión en construcción, y particularmente en proyectos grandes, genera un interesante multiplicador económico y de empleo directo e indirecto, por lo que, en la coyuntura actual, la inversión en más de una veintena de proyectos de infraestructura es más que bienvenida, pese a que en el cortísimo plazo significará más presas y problemas en la logística personal y empresarial.

Por eso es tan importante estimular desde todo el gobierno y la empresa privada, que se aproveche al máximo la reciente Ley de Teletrabajo, la oportunidad de brindar servicios remotos por medios electrónicos, y la alta conectividad electrónica de nuestro país para reducir significativamente las necesidades de movilización de los ciudadanos, trabajadores y estudiantes para cumplir con sus obligaciones. En conectividad electrónica sí estamos bien clasificados. Hay que impulsar que, tan pronto como se pueda, nadie deba ir a un ministerio, municipio, banco, o entidad de servicios a hacer trámites que se pueden realizar en línea. La mejor estrategia logística es la eliminación efectiva de la movilidad innecesaria.

El país tiene un rezago que debe ser abordado con seriedad y visión de Estado.

El Acuerdo Nacional, firmado por los presidentes de nueve partidos políticos en 2017, llama a llevar cuanto antes el país a carreteras interurbanas de cuatro carriles –las 1, 2, 27,32, 34 y 35 y 36– con división en medio, espaldones adecuados y pasos peatonales; a desarrollar un tren de pasajeros en la Gran Área Metropolitana Ampliada, desde Paraíso de Cartago hasta el Coyol de Alajuela –que afortunadamente sí está avanzando–; a la sectorización de transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM) y la construcción de terminales multimodales para reunir a buses de ruta, sectorizados y el tren; al desarrollo de terminales logísticas regionales en puntos medulares de las renovadas carreteras interurbanas; a la reintegración de los órganos desconcentrados del MOPT -particularmente del Consejo de Transporte Público y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)- y a completar los estudios de prefactibilidad del canal seco del norte sobre derechos de vía existentes, para minimizar sus costos ambientales. La agenda es clara.

Hay que aprovechar el momento para cerrar la brecha en infraestructura bajo el liderazgo comprometido y capacidad demostrada de don Rodolfo. La agenda está más que señalada.

La infraestructura nos cuesta competitividad, y no sólo ante naciones más desarrolladas, sino ante competidores directos en atracción de inversiones y en mercados de exportación.