EscucharCon la guerra de Irán provocando perturbaciones económicas en todo el mundo, el panorama macroeconómico de los países en desarrollo se ha oscurecido. El aumento de los precios de los combustibles y los alimentos está agotando las reservas de divisas y agotando los presupuestos. Los efectos de transmisión sobre los precios internos han alimentado una espiral inflacionaria. Los diferenciales de los bonos soberanos están empujando al precipicio a un número cada vez mayor de países con graves vulnerabilidades en materia de deuda externa.
El Fondo Monetario Internacional se creó para proporcionar liquidez de emergencia y ayudar a los países en momentos como estos. Sin embargo, la mayoría de sus miembros tienden a evitarlo, porque saben que sus programas a menudo empeoran las cosas. Afortunadamente, ahora que el FMI está llevando a cabo una revisión formal de su trayectoria, tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Puede hacer balance de la abrumadora evidencia de que sus programas no cumplen sus objetivos y diseñar programas que tengan en cuenta las características y los retos específicos de cada país.
Sin duda, los problemas de algunos países reflejan su propio gasto desmesurado. Pero durante la última década, la mayor parte de la crisis de la deuda en el Sur Global se ha debido a fuerzas que escapan al control de los gobiernos, como guerras y conflictos, subidas de los tipos de interés, el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, independientemente del origen del problema, el FMI tiende a aplicar una solución «única para todos»: para recibir financiación de emergencia, hay que recortar el gasto y desregular la economía.
Cabe destacar que esto es lo contrario de lo que hacen las economías avanzadas cuando se enfrentan a crisis. En el caso de la COVID-19, los países ricos gastaron billones de dólares—un 6 % del PIB, de media, en 2021— para absorber el impacto. La justificación del FMI para esta contradicción es que, aunque la austeridad pueda causar dolor a corto plazo, creará las condiciones para que el capital privado regrese al país.
Investigaciones recientes sugieren lo contrario. Por ejemplo, un nuevo estudio del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston muestra una relación ambigua o negativa entre los programas del FMI y la formación de capital. Además, un análisis de los 21 artículos revisados por pares y los informes del FMI más recientes sobre el tema revela que los programas del Fondo no tienen ningún impacto en cambiar las estructuras de exportación que hicieron vulnerables a los países receptores en primer lugar.
Incluso las propias investigaciones del FMI han constatado repetidamente que sus programas no alcanzan las previsiones de crecimiento. Esto se debe en gran medida a que el FMI subestima los efectos negativos de la consolidación fiscal sobre la economía en general (a pesar de las afirmaciones de que el Fondo ha reformado su enfoque, sus programas no se han vuelto menos contractivos en las últimas décadas). Pero también se debe a que el FMI suele actuar como si las causas de las restricciones de la balanza de pagos fueran internas. En realidad, las crisis de la balanza de pagos suelen desencadenarse por choques exógenos, como el derivado de la guerra de Irán.
Como si las deficiencias económicas de los programas del FMI no fueran ya suficientemente preocupantes, también causan un daño colateral significativo al aumentar la pobreza, la desigualdad, los resultados negativos en materia de salud (como la mortalidad neonatal) y la deforestación, lo que a su vez puede socavar la estabilidad política, generando consecuencias que pueden repercutir a nivel internacional.
Pocos casos resumen mejor estas dinámicas que el reciente programa del FMI en Kenia, del que uno de nosotros (Ndūng’ū) presenció de primera mano. A principios de 2024, el país se enfrentaba a una crisis de liquidez. Dado que los pagos totales de la deuda y los costes del servicio de la deuda del ejercicio fiscal 2025-26 se llevaban aproximadamente el 56 % de los ingresos públicos, Kenia tendría muy poco margen fiscal para invertir en crecimiento y desarrollo. Sin embargo, incluso en estas condiciones tan restrictivas, el programa del FMI le exigía recortar el gasto y subir los impuestos.
Tales exigencias reflejan un malentendido fundamental. En países como Kenia, cuyo amplio sector informal es difícil de gravar, unos tipos impositivos más elevados no generan mayores ingresos. Las autoridades kenianas habían planeado reducir los tipos impositivos y ampliar la base impositiva, tal y como ha hecho Etiopía. Sin embargo, el FMI consideró que este enfoque era demasiado arriesgado. Kenia también tenía un plan para hacer frente a las pérdidas fiscales debidas a exenciones y deducciones, que ascendían aproximadamente al 2,94 % del PIB, pero el FMI se opuso a las reformas propuestas, argumentando que no se ajustaban a sus propios objetivos del programa a corto plazo.
El resultado, demasiado predecible, de la dura austeridad fue una ola de conflictos sociales y políticos, que dejó al país aún más vulnerable a crisis como la actual. Los niveles de deuda y los costes de servicio de la deuda han seguido aumentando, el crecimiento económico permanece estancado, y la pobreza y el desempleo están aumentando rápidamente. Dado que los jóvenes se ven especialmente afectados por estas tendencias, el potencial de agitación social no ha hecho más que crecer.
El Consorcio Africano de Investigación Económica ha llevado a cabo numerosos estudios que demuestran que las estrategias orientadas al crecimiento, acompañadas de políticas de redistribución, constituyen un mejor camino hacia la recuperación. En lugar de imponer una consolidación fiscal estandarizada, el FMI debería diseñar programas específicos para cada país con el fin de reactivar el crecimiento e impulsar la recaudación fiscal.
El FMI tiene un papel fundamental que desempeñar en la arquitectura financiera internacional, pero no está cumpliendo su misión. Por primera vez desde 2018, tiene la oportunidad de cambiar de rumbo a través de su Revisión del Diseño de Programas y Condicionalidad, que se encuentra actualmente en curso.
En lugar de insistir en un enfoque ineficaz, el FMI debería apoyar a los países en desarrollo para que adopten respuestas anticíclicas ante las crisis, similares a las políticas que los principales accionistas del Fondo eligen para sí mismos. Lograr una transformación económica a largo plazo ya es bastante difícil sin que el FMI obstaculice la inversión y la diversificación necesarias.
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Kevin P. Gallagher es profesor de Política de Desarrollo Global y director del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Njūgūna S. Ndūng’ū es exministra de Finanzas de Kenia, exgobernadora del Banco Central de Kenia y exdirectora del Consorcio Africano de Investigación Económica.
