Costa Rica pasó 37 años con 81 cantones, una división territorial que marcó a una o más generaciones y que podría explicar el motivo por el cual la reciente creación de nuevos territorios sea una novedad y lleve a plantear varias preguntas relacionadas con la necesidad, pertinencia y fundamentos de estas decisiones.
El nacimiento de nuevas municipalidades ocurrió en el 2017 con la creación de Río Cuarto de Alajuela y su separación de Grecia. El pasado 4 de febrero, con las elecciones municipales, se sumaron Monteverde y Puerto Jiménez, ambos de Puntarenas.
Estos dos cantones tienen que enfrentar ahora el proceso de la conformación de su gobierno local desde todo punto de vista: político, administrativo y operativo, pues no es un cambio que genera resultados inmediatos. Precisamente con experiencias recientes quedó demostrado que toma tiempo organizar y poner a funcionar una municipalidad.
Solo para recordar algunas cifras, en Monteverde se contabilizaron 2.142 votos recibidos para la alcaldía, mientras que en Puerto Jiménez fueron 5.085. En ambos casos el abstencionismo superó el 44%.
Además de estos dos territorios, los diputados aprobaron el pasado 19 de febrero la creación de otro cantón —el número 85—: Colorado, en Guanacaste, que se convertiría en municipio en junio de este año.
En el Congreso también esperan Ojo de Agua, Paquera, Jicaral (o Lepanto), Tucurrique y Cervantes para ser declarados cantones. La Fortuna, en San Carlos, es otro territorio que busca convertirse en cantón, pero aún no se ha presentado la solicitud ante la Asamblea Legislativa.
Repasemos cuáles son las razones que llevan a una determinada población a pedir su cantonato mediante un proyecto de ley y también cuáles son los elementos en contra para su creación.
La generación de nuevos cantones se fundamenta en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y geográficos. Un ejemplo es precisamente Monteverde, donde su centro —Santa Elena— vive una realidad muy diferente a la del centro de Puntarenas.
Por otro lado, una excesiva atomización del poder local puede generar problemas de planificación territorial. Además, cantones de menor tamaño con una población relativamente pequeña significa simultáneamente un número reducido de contribuyentes.
Lo anterior se traduce en un riesgo que consiste en la eventual insuficiencia presupuestaria para atender servicios básicos contra un territorio que tenga mayor población y que pueda hacer una distribución solidaria de las cargas o costos que deba enfrentar.
La Ley sobre División Territorial Administrativa (4.366) establece que un cantón puede crearse únicamente si cuenta con al menos el 1% de la población total del país. No obstante, también se creó la excepción a esa regla cuando estos lugares sean apartados y de difícil comunicación con sus centros administrativos, tal como lo explicamos en un artículo que publicamos en esta edición.
El llamado de atención sobre este tema es la generación de recursos: crear cantones no genera más recursos. La discusión proviene de que estas zonas podrían tener quejas respecto a la distribución que hace su municipalidad madre, en especial si los independentistas consideran que sus regiones producen relativamente más valor en comparación con las retribuciones que perciben.
Parte de la discusión también debería plantear si la creación cantonal es lo que se requiere o más bien si la población podría obtener soluciones a sus problemas al exigir una mejor distribución de los recursos presupuestarios para servicios y obras en determinadas regiones. En otras palabras, las autoridades municipales actuales deberían prestar mucha atención a si descuidos en atención de ciertas poblaciones están incubando una corriente independentista.
Si entre las quejas de los habitantes está la mala distribución, lo primero que corresponde entonces es un análisis y corrección de la situación, pues un nuevo edificio municipal no es sinónimo de la solución de problemas.
Las autoridades del Poder Ejecutivo ya han externado sus preocupaciones por el surgimiento de iniciativas cantonales. La ministra de Planificación, Laura Fernández, hizo un llamado a no hacer del país un “picadillo” territorial, e instó a que estas escisiones estén respaldadas por análisis profundos que sustenten lo que se le pide a los legisladores.
A su vez, estos últimos deberían afinar el lápiz en una tarea delicada que debe estar pensada en el desarrollo y progreso de las comunidades, y no en clientelismos o búsqueda de simpatías regionales.
