Las tiendas tipo outlet, que se han popularizado en Costa Rica por sus ofertas de productos a bajo costo, se encuentran ahora en el centro de una ofensiva gubernamental.
Tras un megaoperativo realizado en mayo que reveló incumplimientos en el 95% de los 23 comercios fiscalizados, las autoridades decidieron pasar de las advertencias a las acciones, incluyendo cierres y denuncias penales.
En ese primer operativo, los ministerios de Economía, Salud y Hacienda detectaron un patrón de irregularidades que iban desde la falta de etiquetado en español y garantías inválidas, hasta la venta de productos “desechados” de otros países y medicamentos sin control sanitario.
A pesar de las 22 prevenciones emitidas en ese momento, el 82% de los comercios no corrigió las faltas, según reveló en conferencia de prensa la ministra de Economía, Industria y Comercio, Patricia Rojas Morales.
Esta reincidencia agotó la paciencia del Ejecutivo: la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, anunció este martes una nueva fase de fiscalización que no se limitará a órdenes sanitarias, sino que iniciará procesos legales contra los dueños de los comercios que incumplan la regulación.
La “trampa” del permiso de funcionamiento
La investigación de las autoridades destapó el modus operandi que, según la ministra Munive, utilizan muchos de estos comercios para operar al margen de la ley.
El problema se origina en la declaración jurada que presentan para obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, un trámite que el gobierno agilizó para impulsar el comercio.
“Hecha la ley, echa la trampa. Ahora nos estamos dando cuenta que la gente hace una declaración jurada y solicita un permiso por una actividad que no genera en la operativa. ¿Qué quiere decir eso? Están mintiendo”, sentenció Munive en la conferencia de prensa.
Según la jerarca, la mayoría de estos locales solicitan permisos para “venta al por menor de zapatos, alimentos y cosillas, así como de bazar”, pero en la práctica se encuentran “farmacias, venta de equipo y material biomédico, y cosméticos a por doquier”.
Esta práctica no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también constituye una presunta evasión de impuestos.
Cierres y denuncias por perjurio
La ministra de Salud fue enfática al anunciar las consecuencias para los reincidentes. Informó que el lunes se cerró uno de estos comercios y el martes un segundo, y advirtió que las visitas continuarán.
Además, Munive anunció que el Gobierno interpondrá denuncias penales por los presuntos delitos de perjurio y falsedad ideológica contra quienes hayan mentido en la declaración jurada para obtener sus permisos.
“Quien haya sacado un permiso de funcionamiento que no está generando la actividad respectiva, ya de una vez va machote de denuncia. Ahí el juzgado me debe querer un montón, pero creo que cerrándoles el negocio les va a doler más el bolsillo", advirtió la ministra.
Esta ofensiva cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda. El Director General de Aduanas, Juan Carlos Gómez, recordó que una nueva ley ahora permite a Aduanas “decomisar y cerrar negocios”, una herramienta que antes no existía y que fortalecerá los futuros operativos.
El Gobierno anunció el cierre de comercios tipo outlet que incumplan con los permisos de funcionamiento y advirtió sobre denuncias penales por presunto perjurio y falsedad ideológica.
