EscucharAunque no acapara titulares como el turismo o las exportaciones, la construcción es uno de los pilares de la economía costarricense. En 2024, el sector —incluyendo encadenamientos con actividades inmobiliarias— representó un 11,4% del PIB y generó más de 489.000 empleos directos e indirectos, según estimaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) con base en datos del Banco Central y la CCSS.
Ese peso coloca al binomio construcción–inmobiliario como un “megasector”: no solo levanta viviendas, oficinas o comercios, sino que habilita carreteras, hospitales, escuelas, puertos y aeropuertos que sostienen la actividad económica. Sin embargo, su aporte convive con rezagos en dos frentes críticos: la sostenibilidad ambiental y la seguridad laboral.
Pese a su relevancia, la participación del sector ha disminuido en la última década: pasó de alrededor de 13,7% a cerca de 11,4% del PIB (según estimaciones ampliadas de la CCC), en buena medida por la caída en la inversión pública en infraestructura. Hoy, el dinamismo de la construcción recae principalmente en el sector privado.
Para Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, el sector aún tiene espacio para crecer si se simplifican trámites, se fortalece la seguridad jurídica, se impulsan alianzas público-privadas y se reactiva la obra pública. Esto permitiría elevar su aporte al crecimiento y al empleo.
El peso de la construcción en Costa Rica como generador de empleo
La construcción empleó de forma directa a 155.081 personas al cierre del primer trimestre de 2026, según el INEC. Es una actividad altamente masculinizada (96% de la fuerza laboral) y concentrada en zonas urbanas, donde se ubica el 72% de los proyectos.
Este nivel de empleo es el más alto registrado para un primer trimestre en los últimos años y marca la primera vez que se supera la barrera de las 150.000 personas ocupadas en el sector.
De acuerdo con Marco Orozco, gerente de proyectos del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), el potencial de expansión del sector a mediano plazo sigue siendo alto y está impulsado por tres factores clave: el auge del turismo costero que dinamiza la infraestructura hotelera, la demanda sostenida de naves industriales en zonas francas —donde corporaciones globales exigen estándares internacionales como las certificaciones LEED y EDGE—, y el dinamismo inmobiliario residencial dirigido a la clase media-alta, un segmento que ya asume los componentes sostenibles como un requisito indispensable.
Sin embargo, la velocidad de este crecimiento choca directamente con una disponibilidad crítica de mano de obra. Según Orozco, en las regiones costeras, la construcción turística sufre un déficit de personal donde la demanda supera por mucho la oferta, encareciendo los costos de los proyectos. Esta presión por trabajadores calificados y equipos constructivos especializados también empieza a reflejarse en los desarrollos industriales y habitacionales urbanos.
Ante este panorama, la dependencia histórica de la mano de obra extranjera no solo va a continuar, sino que se mantendrá como el pilar operativo del sector. Esta realidad responde a que los salarios de la construcción suelen ser superiores a los del comercio o los servicios, pero cargan con la desventaja de ser cíclicos y por proyecto. Debido a esta inestabilidad temporal, muchos trabajadores locales prefieren optar por empleos de menor remuneración, pero que les garanticen ingresos fijos a largo plazo.
Seguridad laboral: un reto constante
El contrapunto de la actividad está en las estadísticas de siniestralidad. Los datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), que consolida los reportes del seguro de riesgos del trabajo, muestran que al cierre de 2025 el sector construcción registró 16.191 accidentes y enfermedades, equivalentes al 11,65% del total de casos reportados en todas las actividades económicas del país. En otras palabras: más de uno de cada diez accidentes o enfermedades laborales que entran al sistema de seguros ocurre en obras de construcción.
Los tipos de incidentes más frecuentes —caídas a desnivel, caídas al mismo nivel, golpes con objetos y sobreesfuerzos por levantamiento de cargas— son propios de labores que parecen rutinarias: trabajar en andamios, manipular varillas y bloques, caminar entre materiales o cargar sacos y herramientas. El problema no es solo la gravedad de algunos casos, sino la repetición de patrones que la propia Cámara de la Construcción y el Instituto Nacional de Seguros (INS) reconocen como prevenibles mediante mejores prácticas de planificación, supervisión y capacitación.
Aunque Costa Rica cuenta con leyes claras para proteger a los trabajadores de la construcción, las cifras de accidentes demuestran que estas reglas no se aplican por igual en todos los proyectos. El Reglamento General de Seguridad en Construcciones exige que ninguna obra inicie sin garantizar condiciones de higiene y seguridad. Esta norma obliga a los patronos a instalar andamios estables, barandas y protecciones colectivas, además de entregar equipo de protección personal.
A esto se suman las normas del Consejo de Salud Ocupacional, que son de acatamiento obligatorio. Estas directrices detallan cómo se debe trabajar en alturas, cómo excavar de forma segura, cómo manejar maquinaria pesada y cómo operar en espacios confinados. Por su parte, el INS regula el Seguro de Riesgos del Trabajo. Sus inspectores tienen la potestad legal de revisar que todo el personal esté asegurado, asesorar a las constructoras en prevención e investigar los accidentes para definir los beneficiarios en caso de fallecimiento.
El reto de pasar del papel a la práctica
La Cámara de la Construcción señala que el verdadero cambio no requiere de más leyes, sino de aplicar las guías técnicas existentes en el día a día. Las empresas que logran reducir los accidentes graves y mortales son aquellas que evalúan los riesgos en cada fase de la obra, investigan los incidentes menores e invierten en capacitación constante para tareas críticas.
Sin embargo, prevenir exige presupuesto y disciplina. Para evitar que el costo sea una barrera insalvable para las pequeñas y medianas empresas, la CCC propone crear incentivos fiscales o reducir los aranceles para facilitar la compra de equipos de protección certificados. También las autoridades recuerdan que la legislación exige una estructura interna obligatoria: las obras con 10 o más trabajadores deben integrar comisiones de salud ocupacional, y aquellas con más de 50 colaboradores deben abrir una oficina formal dedicada exclusivamente a la seguridad.
El otro eje de riesgo es ambiental. Con un sector que concentra casi una octava parte del PIB y demanda grandes volúmenes de materiales, energía y suelo, la forma en que se construye tendrá impacto durante décadas. La propuesta de la CCC pasa por promover el acceso a materiales certificados y productos con ecoetiquetas respaldadas técnicamente, impulsar sellos verdes confiables y diseñar políticas públicas que se centren en el desempeño ambiental de los proyectos —eficiencia energética, gestión de residuos, uso de agua— en lugar de prescribir materiales o tecnologías específicas.
El mensaje de fondo es una advertencia contra el greenwashing: en un mercado cada vez más sensible a la sostenibilidad, las certificaciones deben distinguir proyectos con mejoras ambientales medibles, no sólo estrategias de marketing. De lo contrario, el sector corre el riesgo de sumar una segunda brecha, esta vez entre el discurso de construcción “verde” y la huella real que dejan los desarrollos inmobiliarios.
