EscucharEn cuestión de meses, tres anuncios corporativos acentuaron la delicada situación que atraviesa el sector agrícola costarricense. TicoFrut, Fresh Del Monte y Dole (Standard Fruit Company) comunicaron cierres de fincas y despidos masivos que, en conjunto, suman más de 1.500 puestos de trabajo perdidos en la Zona Norte y el Caribe, dos de las regiones con mayores índices de desempleo en el país.
Detrás de cada decisión aparecen causas inmediatas —como el tipo de cambio, plagas y el encarecimiento de los insumos—, pero también un diagnóstico de fondo: un modelo productivo presionado por una combinación de política cambiaria, rezago logístico, vulnerabilidad climática y visiones encontradas sobre la política estatal.
Los casos a detalle: pérdidas en volumen y hectáreas
El impacto más reciente sacudió a la Zona Norte. TicoFrut confirmó el despido de aproximadamente 600 colaboradores en todas sus áreas debido a una reorganización forzada por tres años consecutivos de pérdidas.
La empresa arrastra una reducción cercana al 30% en su producción —equivalente a seis millones de cajas de naranja menos— provocada por el clima y la expansión del HLB o “Dragón Amarillo”, una enfermedad bacteriana sin cura que diezmó los cítricos. Pese al recorte, la firma mantendrá la elaboración de jugos y derivados de naranja y piña.
En el Caribe, Fresh Del Monte ejecutó el cese de operaciones en unas 1.200 hectáreas de banano, lo que implicó clausurar cuatro fincas y despedir a 850 trabajadores. La transnacional señaló directamente a la política cambiaria como el detonante: la apreciación del colón de cerca de ¢700 a rangos próximos a los ¢450 por dólar (entre 2022 y 2026) encareció los costos internos en moneda local y lastimó los márgenes de ganancia por cada caja exportada.
Según la firma, esto “alteró de forma fundamental la economía de la agricultura de exportación”.
Bajo el mismo argumento cambiario, Dole (Standard Fruit Company) ya había cerrado las fincas bananeras Roxana y Parismina, en Guápiles, despidiendo a 111 operarios. A este escenario se sumaron los temporales, los cuales, según la Corporación Bananera Nacional (Corbana), desataron un brote agresivo de la plaga Sigatoka que restó 13 millones de cajas al portafolio exportador del país.
El costo de producir en Costa Rica
Para Renato Alvarado, exministro de Agricultura, estos anuncios son síntomas visibles de grietas estructurales. Alvarado señala que sostener el negocio es “muy complicado” para un sector que vende en dólares pero paga salarios, cargas sociales, regulaciones ambientales e impuestos en colones.
A la pérdida de competitividad cambiaria se suma la crisis de mano de obra en el campo —hoy dependiente de flujos migratorios ante el retiro del trabajador costarricense— y la lentitud del Estado para autorizar nuevas moléculas químicas y biológicas de control fitosanitario.
Esta lectura es secundada por los productores organizados. Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), identifica una convergencia de tres factores críticos que golpean la rentabilidad. En primer lugar, la presión cambiaria, que califica como “un impuesto a las exportaciones y un subsidio a las importaciones de alimentos”; en segundo plano, el incremento sostenido de costos internacionales en fertilizantes, combustibles y logística; y, finalmente, las amenazas sanitarias aceleradas por la variabilidad térmica y climática.
Arias enfatiza que la lentitud regulatoria para autorizar insumos de nueva generación y semillas mejoradas limita severamente la capacidad de respuesta del productor frente a las plagas. Asimismo, advierte de un fuerte rezago en la investigación pública que golpea principalmente a los pequeños productores.
Las consecuencias de estas grietas ya se reflejan en las estadísticas. Según datos oficiales del INEC, el primer trimestre del 2026 registró la cantidad más baja de personas ocupadas en actividades agropecuarias y de pesca en la última década, con casi 207.000 personas dedicadas a esta actividad, lo que equivale a una pérdida de unos 6.000 puestos de trabajo en comparación con el primer trimestre del año anterior.
El sector apenas se recupera
El agro costarricense empezó el 2025 cuesta arriba y durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas muestra señales de recuperación. De acuerdo con el IMAGRO, el índice mensual de actividad agropecuaria publicado por el Banco Central, los primeros meses del año pasado fueron abiertamente negativos: en enero la producción cayó 4,51% interanual, en febrero lo hizo 3,78% y en marzo todavía se mantenía en rojo con -1,53%.
Esa racha de meses seguidos con números rojos encendió las alarmas sobre la posibilidad de una recesión en el campo, golpeado por plagas, eventos climáticos adversos y un contexto de altos costos de producción e incertidumbre cambiaria.
A partir de abril de 2025, sin embargo, el indicador empezó a dar señales de que el fondo del bache podía haber quedado atrás. Ese mes el IMAGRO pasó a terreno positivo con un 0,75%, aceleró a 1,85% en mayo y se mantuvo en 1,20% en junio, lo que no implica un boom, pero sí el fin de la caída libre.
El segundo semestre mostró que la recuperación sería todo menos lineal y el año cerró mejor de lo que empezó para el sector agrícola, todavía lejos de una expansión robusta.
El arranque de 2026 trajo, por fin, cifras más alentadoras. En enero, el IMAGRO se aceleró hasta un 3,45% interanual y en febrero se mantuvo prácticamente igual, con un 3,42%. Esos datos permiten hablar de un sector agrícola que “vuelve a crecer”, después de un año de transición marcado por la fragilidad y por el esfuerzo de distintos subsectores —desde algunos cultivos de exportación hasta actividades pecuarias— por recuperar terreno.
Pero el repunte vino acompañado de un recordatorio incómodo: la recuperación sigue caminando sobre hielo delgado. En marzo de 2026, el crecimiento del IMAGRO se desaceleró a 1,80% y en abril prácticamente se aplanó, con una variación de apenas 0,02% frente al mismo mes del año anterior. Ese frenazo sugiere que el impulso inicial no está consolidado y que cualquier choque —una nueva sequía, un episodio de lluvias extremas, más presión en los costos de insumos o en el tipo de cambio— puede devolver fácilmente al sector a tasas de crecimiento cercanas a cero o incluso negativas.
Mientras esto ocurre, Costa Rica volvió a aumentar sus exportaciones de bienes durante los primeros cinco meses de 2026. Según el último cierre estadístico de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), entre enero y mayo el país exportó $9.535 millones en bienes, un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo de 2025, equivalente a $581 millones adicionales.
Dentro de esa canasta, el sector de equipo de precisión y médico se mantuvo como el principal exportador, con ventas por $4.294 millones y una participación del 45% del total. Le siguieron el sector agrícola, con $1.718 millones (18%), y la industria alimentaria, con $1.182 millones (12%).
La respuesta oficial: un enfoque multifactorial y tecnológico
Ante este panorama que vive el agro, la postura oficial del actual Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) toma distancia de las explicaciones basadas en una única variable, como el tipo de cambio. El diagnóstico institucional, respaldado por datos del Banco Central (BCCR) y el INEC, reconoce que el agro enfrenta una convergencia compleja de presiones internacionales y nacionales que interactúan simultáneamente, afectando con mayor severidad a las actividades intensivas en mano de obra.
Desde la rectoría del MAG se argumenta que el verdadero desafío no es la falta de herramientas, sino la necesidad de modernizar la institucionalidad para que las ayudas lleguen de manera oportuna y preventiva a las fincas vulnerables.
“El desafío no radica únicamente en disponer de instrumentos, sino en mejorar su articulación, focalización y oportunidad para atender de manera preventiva a las unidades productivas en condición de mayor vulnerabilidad. En este contexto, desde el MAG, estamos fortaleciendo los sistemas de información, para disponer de datos oportunos, confiables y de calidad que permitan una toma de decisiones basada en evidencia”, explicó Juan Gabriel Ramírez, ministro de Agricultura y Ganadería.
Para contrarrestar este ciclo, el Gobierno se encuentra ejecutando la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032. El eje central de esta estrategia es el “Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva”, una iniciativa financiada por el Banco Mundial y el FIDA que inyectará recursos durante cinco años para beneficiar a más de 90.000 productores mediante el uso de tecnología y la resiliencia climática.
Para reducir los costos operativos y mitigar los riesgos de trazabilidad en el sector, las líneas de trabajo actuales de la institucionalidad pública se concentran en tres áreas específicas. En primer lugar, la creación de biofábricas locales busca incentivar la producción de insumos biológicos entre pequeños agricultores para atenuar el impacto de los precios de los agroquímicos importados.
Asimismo, en el área de infraestructura hídrica, el plan de modernización del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) se enfoca en la automatización de compuertas como medida de contención ante la variabilidad climática. Por último, la agenda tecnológica incluye la implementación de un sistema de rastreo digital para el ganado bovino y bufalino, una herramienta orientada a fiscalizar el comercio ilícito y cumplir con los estándares sanitarios exigidos por los mercados de exportación.
Impacto social, financiero y territorial
La CNAA considera indispensable que el Gobierno agilice el registro de agroquímicos modernos, diseñe mecanismos de cobertura cambiaria junto al Banco Central y habilite líneas de refinanciamiento y reestructuración de deudas que reconozcan la naturaleza cíclica del agro. Además, señalan como tarea pendiente una Ley de Seguros Agropecuarios que sirva, a su vez, como garantía colateral para acceder al crédito.
De mantenerse la tendencia actual, la crisis en el agro exportador amenaza con desencadenar un grave impacto social y territorial en las zonas rurales, donde esta actividad sustenta a cerca del 25% de la población. La oleada de cierres y reducciones en sectores clave como el café, el ganado lechero y las plantas ornamentales está destruyendo el empleo formal y empujando a los trabajadores despedidos hacia la informalidad.
Este debilitamiento estructural genera una reconversión forzada de los suelos hacia actividades de menor valor, como tierras arroceras transformadas en potreros, lo que reduce la capacidad de generación de empleo por hectárea.
Asimismo, el cese de operaciones de gran escala provoca un efecto dominó que estrangula los encadenamientos de proveedores de transporte, insumos y empaques locales. A nivel macroeconómico, el impacto se traduce en una menor captación de divisas para el país y en un golpe a las finanzas públicas, reflejado en caídas significativas en la recaudación del Impuesto sobre la Renta y el IVA bajo el régimen definitivo.
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