EscucharLas autoridades costarricenses ejecutaron el martes 18 de noviembre un masivo operativo contra la comercialización de calzado deportivo falsificado que sacudió el Gran Área Metropolitana.
La operación, bautizada como “Ala Negra”, consistió en unos 20 allanamientos simultáneos en tiendas y bodegas ubicadas en los cascos centrales de Alajuela, Heredia, Cartago y San José, en una investigación por violación a la Ley de Propiedad Intelectual que involucra a grandes marcas internacionales de calzado deportivo.
Origen de la denuncia
Las autoridades judiciales dijeron que la operación nació tras denuncias de apoderados de empresas de calzado deportivo de prestigio internacional.
Las investigaciones revelaron que se trataba de tenis conocidos en el mercado costarricense como “triple A” o AAA, réplicas de alta calidad que simulaban ser productos originales de Nike, así como de las marcas Jordan y Converse.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela lideró el operativo en conjunto con la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal y diversas oficinas del OIJ, bajo la dirección funcional del Ministerio Público. “Estamos investigando grupos diferentes que tenían en común la comercialización de estos productos”, explicó Esteban Obando, jefe del OIJ de Alajuela.
Una red compleja con conexiones internacionales
Uno de los hallazgos más significativos de la investigación fue la identificación de Jorge Arturo Quijano Martínez, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como uno de los principales sospechosos vinculados a la red de falsificación. Quijano, quien ingresó a Costa Rica en 2003 en un vuelo privado, ha residido en el país desde entonces y ha creado múltiples sociedades y negocios, incluyendo empresas de medicina estética, bienes raíces y seguridad.
Este exguerrillero ya había sido detenido anteriormente en octubre de 2013 por supuestos vínculos con las FARC y por la posesión de un arsenal de armas, cuando las autoridades incautaron 492 kilos de cocaína. En aquella ocasión, obtuvo residencia permanente en Costa Rica tras contraer matrimonio con una ciudadana costarricense, de quien posteriormente se divorció.
Las autoridades consideran que este caso podría estar relacionado con legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. “Lo que estamos investigando es la participación incluso hasta de un funcionario del Ministerio de Hacienda que estamos relacionando con todo el tema de almacenaje”, señaló el jefe del OIJ de Alajuela durante una conferencia de prensa.
Un funcionario de Hacienda bajo investigación
Entre los investigados también figura un aforador del Ministerio de Hacienda, quien presuntamente facilitaba el ingreso y almacenamiento de la mercadería falsificada. Las autoridades identificaron a este funcionario como un “eje” de las estructuras que introducían el calzado ilegal al país. Su participación habría sido clave en la logística de distribución, permitiendo que los productos ingresaran y se distribuyeran sin los controles aduaneros correspondientes.
En total, las autoridades buscaban la detención de al menos nueve personas relacionadas con la administración, logística y distribución de estos comercios. Al cierre del operativo, se reportaron varias personas detenidas, aunque las investigaciones continúan para identificar a otros involucrados en la red.
El mercado de las falsificaciones en Costa Rica
El fenómeno de las réplicas “triple A” ha experimentado un crecimiento exponencial en Costa Rica en los últimos años. Según datos del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el contrabando y los productos falsificados pueden mover por año miles de millones de colones. Las estadísticas indican que aproximadamente 20 de cada 100 colones gastados por las familias costarricenses corresponden a productos falsificados o de contrabando.
La diferencia de precios es el principal atractivo para los consumidores. Un par de tenis falsificados puede costar entre 20.000 y 25.000 colones, mientras que el producto original se vende en tiendas autorizadas por 75.000 colones o más. Este margen de ganancia, que puede superar el 100%, convierte al comercio de falsificaciones en un negocio altamente lucrativo.
Las autoridades advierten que estas organizaciones tienen estrechos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Los decomisos de productos falsificados frecuentemente revelan conexiones con el tráfico de drogas, trata de personas y legitimación de capitales. Las ganancias obtenidas de la venta de artículos duplicados se emplean para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas o, en algunos casos, para financiar operaciones criminales.
Impacto económico y social
El comercio ilícito de productos falsificados representa un daño significativo para la economía costarricense. Estos artículos no pagan impuestos ni aranceles, privando al Estado de recursos fundamentales para financiar programas de salud, educación, obra pública y seguridad. Además, afecta gravemente a las empresas legítimas que cumplen con todas sus obligaciones fiscales y operan dentro del marco legal.
Identificar un producto falsificado no siempre es sencillo. Las organizaciones dedicadas a la falsificación han perfeccionado sus técnicas, creando réplicas extremadamente detalladas que copian aspectos técnicos muy específicos de los productos originales. En ocasiones, las autoridades judiciales deben recurrir a peritajes realizados por expertos internacionales para determinar la autenticidad de la mercadería.
El reto de la propiedad intelectual
Los delitos contra la propiedad intelectual en Costa Rica presentan una particularidad: no son de índole pública, lo que significa que las autoridades no pueden iniciar investigaciones de oficio. Los representantes de las marcas y empresas afectadas deben interponer las denuncias formales para que el OIJ pueda actuar. Esta limitación legal complica la persecución sistemática de estas redes criminales.
El comercio de productos falsificados en Costa Rica ha crecido entre un 30% y un 40% desde 2019, dependiendo de la categoría de productos. Las réplicas de calzado deportivo, camisas de marcas reconocidas y accesorios lideran las categorías más falsificadas en el mercado nacional.
Consecuencias legales y próximos pasos
Las personas detenidas durante la operación “Ala Negra” fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se iniciaran los procedimientos legales correspondientes. Los allanamientos permitieron el decomiso de grandes cantidades de calzado falsificado, documentación administrativa y evidencia que vincularía a los sospechosos con la red de distribución.
La investigación continúa abierta para identificar la totalidad de la estructura criminal, sus mecanismos de importación, almacenamiento y distribución, así como las posibles conexiones con otras organizaciones delictivas. Las autoridades mantienen el seguimiento sobre el funcionario del Ministerio de Hacienda involucrado y otros posibles cómplices dentro de instituciones estatales.
Este operativo representa uno de los golpes más significativos contra el comercio ilícito de productos falsificados en Costa Rica en 2025, evidenciando la complejidad de estas redes criminales que combinan la violación de derechos de propiedad intelectual con actividades de legitimación de capitales y posibles vínculos con estructuras del narcotráfico internacional.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
