Las importaciones costarricense manejaron un volumen de $23.667 millones en 2024, según datos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex). La actividad comercial importadora representa el 32% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, convirtiendo las operaciones aduaneras en un componente crítico de la economía.
La Dirección General de Aduanas procesa diariamente más de 1.500 declaraciones de importación y generó ingresos fiscales superiores a los ₡16.005 millones en junio de este año.
Sin embargo, los controles actuales parecen ser insuficientes. Un informe de la Contraloría General, encontró que el 73% de las mercancías no se sometieron a ningún control tanto en exportaciones como en importaciones durante 2024.
Pese a la deficiencia señalada por la Contraloría, la Dirección General de Aduanas informó que remitirá casos al Ministerio Público cuando las revisiones determinen que mercancías ingresaron de manera irregular y superen los $5.000.
Esta medida forma parte del endurecimiento de controles que incluye el cierre temporal de negocios por 15 días naturales.
El artículo 242 ter de la Ley General de Aduanas (No. 10271) fundamenta las sanciones para comercios que operan sin documentos aduaneros que respalden el ingreso de mercancías al territorio nacional. La normativa establece multas y clausuras como medidas correctivas primarias.
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La aplicación de la política MH-DGA-PRO08-POL-001 refuerza operaciones conjuntas entre Aduanas, la Dirección General de Tributación y la Policía de Control Fiscal. Estas acciones buscan verificar el cumplimiento normativo en comercios que comercializan productos extranjeros.
Proceso de revisión determina tres escenarios posibles
La Dirección General de Aduanas estableció un protocolo de revisión que analiza documentos, sujetos y recopilación de información conforme lineamientos institucionales. El proceso incluye verificación de mercancías, números de serie, marca y modelos, principalmente de productos electrodomésticos.
Los artículos 320 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca) y 246 del Reglamento a la Ley General de Aduanas respaldan estas acciones, que operan en coordinación con la Dirección General de Tributación.
El proceso de revisión determina tres posibles resultados: cumplimiento total sin aplicación de sanciones; infracciones administrativas que implican multas y cierre del negocio; o determinación de ingreso ilegal de mercancías superiores a $5.000, caso que requiere remisión al Ministerio Público por presunto contrabando.
Aduanas ejecutará decomisos preventivos ante falta de evidencia del ingreso y adquisición legal de mercancías, mientras finaliza el proceso investigativo. La institución procederá con el cierre del negocio cuando corresponda, con apoyo de la Policía de Control Fiscal.
La intensificación incluye inspecciones en establecimientos tipo outlet, con acciones que abarcan revisiones físicas, verificaciones no intrusivas y medidas preventivas para evitar alteración o desaparición de mercancías.
El objetivo consiste en “combatir el contrabando, proteger la economía formal y garantizar condiciones equitativas para todos los comerciantes (...) defender a quienes sí cumplen. La competencia desleal afecta toda la cadena comercial y al consumidor final”, expresó el director general de Aduanas, Juan Carlos Gómez.
Las medidas afectan directamente la operación de comercios que manejan inventarios sin respaldo documental adecuado.
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El endurecimiento de controles busca reducir la evasión fiscal que el Poder Ejecutivo estimó en $4.000 millones anuales.
