EscucharUn alto ejecutivo de Datasys, una firma proveedora de sistemas y redes de tecnología de información y comunicaciones, fue detenido en Sabana Oeste, San José, por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con el objetivo de extraditarlo a Guatemala.
La detención del ciudadano guatemalteco, de apellidos Lemus Herrera, ocurrió el 5 de agosto anterior. Datasys se desmarcó del caso y publicó que se trata de un proceso legal que involucra exclusivamente a Lemus.
El caso, sin embargo, llama la atención más allá de lo judicial por el hecho con el cual estaría supuestamente vinculado Lemus, por un lado, y la importancia que adquirió Datasys Group como proveedor de proyectos de diferentes instituciones en Costa Rica, así como a dudas y procesos de investigación en varias contrataciones que la firma enfrenta a nivel local.
En particular, se destaca la adjudicación de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) para el servicio inalámbrico de quinta generación (5G). La firma, además, aparece como interesada en el proceso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para su red móvil 5G.
En su sitio web, la compañía se presenta como proveedora de fibra óptica y de redes de 5G para operadores de telecomunicaciones, así como de soluciones para ciudades inteligentes, fintechs, educación, salud, negocios, ciberseguridad, datacenter y automatización de procesos (RPA), entre otras. Tiene presencia en seis mercados de la región y una trayectoria de 25 años.
Lo que se sabe
El caso en Guatemala
El diario La Prensa Libre de Guatemala identificó a Lemus como el representante legal de Datasys en ese país hasta 2023.
Allá es investigado por los presuntos delitos de malversación de fondos, fraude en la contratación pública y legitimación de capitales, por hechos que habrían ocurrido desde el 2020, dentro de lo que se conoce como el caso Trep.
Se trata de un contrato por unos $18 millones a Datasys, que a su vez subcontrató a la empresa Podernet, para la implementación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Este sistema fue utilizado en las votaciones de ese país en el 2023 para el conteo de los votos, pero el proceso de adjudicación y la gestión financiera del contrato quedaron bajo severa sospecha.
A poco de finalizar el proceso electoral, el Ministerio Público inició una investigación por supuestos delitos de sobrevaloración, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la adjudicación del Trep. Se ordenó el embargo de cuentas y la inmovilización de fondos a Datasys por más de $5 millones, y se solicitó el retiro de la inmunidad a cuatro magistrados del TSE.
El caso continuó pero solo por el supuesto delito de fraude. Los magistrados, tras perder su inmunidad, abandonaron Guatemala a finales de 2023 y volvieron en marzo de 2024 para presenciar audiencias judiciales, todavía bajo investigación.
En 2025, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero de Guatemala abrió un segundo proceso y detuvo al contador de Datasys, Julio Antonio Chocoj Xocoy, acusado de estafa y blanqueo de capitales por informaciones contables supuestamente falsas ligadas a los fondos del Trep. Estas indagaciones se mantienen bajo reserva judicial.
Lemus en Costa Rica
Uno de los protagonistas indirectos del escándalo en Guatemala es Lemus Herrera, quien trabajaba para Datasys desde 2017 en ese país.
Tras el estallido mediático y judicial del caso Treo, fue transferido para ocupar en Costa Rica el cargo de gerente de tesorería regional de Datasys (también identificado por la empresa como parte del equipo de contabilidad), un movimiento que la compañía justificó como parte de una reducción de personal por el escándalo en Guatemala.
Su captura fue solicitada por un tribunal penal de Guatemala desde junio pasado, lo que generó la respectiva alerta internacional. El OIJ se comunicó con la oficina de Interpol en Guatemala y, en conjunto, determinaron que Lemus se encontraba en Costa Rica.
Víctor Rodríguez, experto internacional en Derechos Humanos contratado por Datasys, declaró al medio CR Hoy que la orden de captura es ilegal y arbitraria. Rodríguez defiende que Lemus no es fugitivo, que no existe una orden de captura internacional en su contra y que es perseguido por la Fiscalía de Guatemala por motivos políticos.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial es el que resuelve el proceso de extradición.
Datasys en Costa Rica
Ante la detención de Lemus, Datasys publicó en sus redes sociales un comunicado en el cual reitera que la situación mencionada por diferentes medios de comunicación “corresponde a un proceso legal que involucra exclusivamente al señor Lemus, a título personal, con autoridades guatemaltecas”.
La firma agregó que ese proceso “no está vinculado con las operaciones, proyectos o gestión corporativa” de la compañía, que no emitirá comentarios sobre procesos judiciales en curso y que reiteran su disposición para colaborar con las autoridades. “Datasys Group continúa operando con total normalidad”, sostiene la firma.
En Costa Rica, la firma aumentó y mantiene una relevante participación en los proyectos estatales en áreas de tecnologías de información y comunicaciones.
Según datos de la Contraloría General de la República:
—En 2019: obtuvo 45 contratos que sumaron ¢1.460 millones.
—En 2020: fueron 36 contratos por una suma similar (¢1.339 millones).
—En 2021: unos 31 contratos sumaron ¢1.755 millones
—En 2022: fueron 48 contratos que sumaron ¢4.411 millones.
—En 2023: 37 contratos de distintas entidades totalizaron ¢1.958 millones.
—En 2024: 62 contratos adjudicados a Datasys sumaron ¢2.088 millones.
—En 2025: en lo que llevamos del año ya suma 24 contrataciones por un total de ¢784 millones.
Esos 24 contratos incluyen: siete con la Caja Costarricense del Seguro Social, cinco con la Universidad de Costa Rica y dos con la Municipalidad de Cartago.
Además, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional y otras entidades le adjudicaron un contrato cada una.
Sin embargo, en la actualidad hay dos procesos de investigación en el país.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió dos investigaciones formales en 2025. Los principales puntos indagados son:
- Un crecimiento inexplicado y sin justificación del contrato con Racsa: de $2,8 millones a más de $28 millones en menos de un año solo en órdenes de compra.
- Supuestos incumplimientos en plazos de entrega y en procesos de contratación por excepción otorgados a Datasys, lo que levantó alertas en la Contraloría y la Procuraduría de la Ética.
De momento, ambas investigaciones permanecen abiertas y varias autoridades, incluida la Contraloría General y la Procuraduría, participan en la supervisión de los eventos.
Datasys es la misma empresa que, según el exviceministro de justicia Exleine Sánchez en declaraciones al semanario Universidad, planteó por primera vez al gobierno de Rodrigo Chaves la instalación de cárceles de carpas, un proyecto al que no se le dio seguimiento.
Datasys reiteró en su comunicado sobre el arresto de Leums que mantiene su “firme compromiso con la legalidad, la transparencia y la ética empresarial”.
