EscucharEstados Unidos está a punto de tomar medidas sin precedentes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la expulsión de Nicaragua del tratado de libre comercio CAFTA-DR y la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre sus exportaciones.
La decisión, que se fundamenta en graves violaciones a los derechos humanos, derechos laborales y el desmantelamiento del Estado de derecho, representa el golpe económico más severo que Washington ha considerado contra Managua en casi dos décadas.
¿Qué es el CAFTA-DR?
El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) es un acuerdo comercial firmado en 2004 que entró en vigor para Nicaragua en 2006.
El tratado creó una zona de libre comercio entre Estados Unidos y los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) además de República Dominicana, eliminando barreras arancelarias y promoviendo el comercio regional.
Para Nicaragua, el CAFTA-DR ha sido vital: Estados Unidos es su principal socio comercial, absorbiendo más del 55% de sus exportaciones totales. El país exporta principalmente productos textiles, café, carne bovina, mariscos, oro, azúcar y tabaco bajo este tratado. Las zonas francas, que representan más del 60% de las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos bajo el CAFTA-DR, generan alrededor de 115.000 empleos directos.
Las razones de Trump para expulsar a Nicaragua
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó el 20 de octubre de 2025 que las políticas del régimen de Ortega y Murillo “son irrazonables y constituyen una carga o restricción al comercio estadounidense”. Esta determinación se basa en una investigación iniciada en diciembre de 2024 durante la administración de Joe Biden bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El informe de la USTR identifica tres áreas críticas de violaciones:
Derechos laborales: El régimen ha eliminado sistemáticamente la libertad sindical y la negociación colectiva, interferido en organizaciones de trabajadores y empleadores, e ignorado denuncias de trabajo forzado, trabajo infantil y abusos en el lugar de trabajo. “El régimen de Ortega-Murillo ha explotado a sus propios trabajadores, lo que resulta en condiciones de competencia desleales”, señala el documento oficial.
Derechos humanos y libertades fundamentales: Se documentaron confiscaciones de propiedades, cierre de universidades y organizaciones religiosas con vínculos en Estados Unidos, y hostigamiento a personas asociadas con entidades estadounidenses. Desde 2018, el régimen ha cometido asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y ha despojado de la nacionalidad a más de 450 personas desde febrero de 2023.
Desmantelamiento del Estado de derecho: El gobierno ha manipulado el sistema judicial, revocado el estatus legal de cámaras empresariales incluyendo la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, y aplicado arbitrariamente impuestos y sanciones.
Las acciones que está tomando Trump
La USTR propuso cuatro escenarios de sanciones que ahora están en consulta pública hasta el 19 de noviembre de 2025, antes de que el presidente Trump tome la decisión final:
Opción 1: Suspender todos los beneficios del CAFTA-DR para Nicaragua, incluidas todas las concesiones arancelarias y la acumulación de contenido nicaragüense para otros socios del tratado.
Opción 2: Suspender parcialmente los beneficios del tratado, afectando sectores específicos como el textil o agroexportador.
Opción 3: Imponer aranceles adicionales de hasta el 100% sobre todos los productos nicaragüenses.
Opción 4: Aplicar aranceles de hasta el 100% de forma selectiva por sectores, de manera inmediata o gradual durante un período de hasta 12 meses.
El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dejó clara la posición de la administración Trump en febrero de 2025: “A los Estados Unidos no nos interesa Nicaragua como socio comercial, particularmente una dictadura como la de Ortega”. Claver-Carone reveló que Washington está trabajando con sus aliados centroamericanos en “cómo remover a Nicaragua del tratado sin afectar al resto de países”.
El secretario de Estado Marco Rubio, durante su visita a Centroamérica en febrero, reiteró que el CAFTA-DR fue “concebido para premiar la democracia” y que Estados Unidos estudia “qué papel debe tener Nicaragua dentro de un tratado que no puede beneficiar a una dictadura”. Rubio calificó a los regímenes de Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel como “enemigos de la humanidad”.
El desafío técnico y las negociaciones
Expulsar a Nicaragua del CAFTA-DR enfrenta obstáculos legales significativos. El acuerdo no cuenta con una cláusula de expulsión que tendría que ser aceptada por todos los socios. “Desafortunadamente, cuando este tratado de libre comercio fue escrito y promulgado, se hizo muy mal”, admitió Claver-Carone.
Fuentes cercanas al entorno comercial de Washington revelaron que Estados Unidos ya ha sostenido negociaciones arancelarias con los países centroamericanos del tratado sin la participación de Nicaragua, anticipando un aislamiento progresivo del país dentro del bloque.
La salida de Nicaragua podría además desestabilizar las cadenas de suministro regionales, ya que el tratado permite la acumulación de contenido entre países miembros.
Las consecuencias económicas para Nicaragua
El impacto económico sería devastador para Nicaragua. “Las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro. La pérdida de los beneficios del CAFTA-DR representaría más de 1.500 millones de dólares anuales en exportaciones y tendría un fuerte impacto en la generación de empleos y en la inversión extranjera directa.
El sector de zonas francas, que genera más de 115.000 empleos directos y 350.000 indirectos, sería el más afectado. El sector textil, que representa el 50-60% del régimen de zonas francas y emplea a más de 68.000 personas directamente, enfrentaría una contracción inmediata.
“Nicaragua enfrentará una contracción inmediata de su balanza comercial y un golpe severo al empleo formal”, explicó un economista consultado por El País. Manuel Orozco, director de Diálogo Interamericano, señala que el 50% de las exportaciones de Nicaragua y el 26% de sus importaciones son hacia Estados Unidos.
La respuesta del régimen y la apuesta por China
El régimen de Ortega y Murillo “parece decidido a apostar por China, aunque eso signifique perder el CAFTA y pagar aranceles del 100%”, analiza el periodista Miguel Mora en 100% Noticias. Nicaragua ha firmado acuerdos políticos y comerciales con Beijing, convencido de que esa alianza puede sustituir a Washington.
Sin embargo, los expertos advierten que “ningún mercado sustituye al estadounidense en volumen, divisas ni estabilidad”. La decisión de priorizar la alianza con China sobre la relación comercial con Estados Unidos es vista por analistas como “un suicidio económico”.
Félix Maradiaga, opositor desnacionalizado, afirmó que “el régimen de Ortega ha utilizado los beneficios del DR-Cafta para sostener su maquinaria represiva, mientras viola derechos laborales, ataca a la empresa privada y expulsa a sus ciudadanos al exilio”. “El comercio no puede ser un salvavidas para dictaduras”, agregó a El País.
El precedente internacional
La determinación de la USTR marca un precedente en la región centroamericana al trasladar la presión del terreno diplomático y de los derechos humanos al ámbito del comercio internacional. “El Gobierno de Nicaragua incurre en prácticas injustificables, irrazonables y discriminatorias que representan una carga para el comercio estadounidense”, afirma el informe oficial.
Javier Meléndez, director ejecutivo de Expediente Abierto, señaló a Expediante Público que el informe de la USTR es “la confirmación oficial de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a Nicaragua en un Estado paria, no solo político, sino también comercial, donde la tiranía es una política de Estado que destruye el mercado”.
La investigación de la USTR recibió más de 160 testimonios y comentarios públicos durante audiencias celebradas en enero de 2025 en Washington D.C., donde organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes empresariales presentaron evidencia sobre represión sindical, confiscación de propiedades y abuso de poder estatal.
Con el período de consulta pública abierto hasta el 19 de noviembre de 2025, el futuro comercial de Nicaragua pende de la decisión final del presidente Trump, quien evaluará cuál de las cuatro opciones de sanción implementar contra el régimen Ortega-Murillo.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
