El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió este martes 28 de noviembre un proceso de cierre “ordenado y seguro” de la mayor mina de cobre de Centroamérica, de capital canadiense, después de que la Corte Suprema declarara “inconstitucional” su contrato de concesión.
“Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional” el contrato minero, “se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, situada en el Caribe panameño, dijo Cortizo en un mensaje al país por televisión.
Tras el anuncio de la Corte horas más temprano se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera del recinto judicial.
El contrato con la empresa minera canadiense First Quantum desató inéditas protestas en Panamá. (ROBERTO CISNEROS/AFP)
“Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406″ del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), anunció la presidenta del máximo tribunal, María Eugenia López, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del tribunal.
Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas, han provocado pérdidas por más de $1.700 millones en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el gremio empresarial.
La empresa, que ha invertido en Panamá más de $10.000 millones, notificó al gobierno su “intención” de “presentar demandas arbitrales”, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá en vigor desde 2013, aunque espera que la situación se resuelva mediante diálogo.
El gobierno de Cortizo se dijo preparado “para defender los intereses nacionales” frente a un eventual arbitraje, que de perderlo implicaría una indemnización multimillonaria para las arcas públicas.
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