EscucharLa ministra de Gobierno de Panamá, Dinoska Montalvo, ha solicitado a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) la suspensión de los servicios de Internet y de telefonía en toda la provincia de Bocas del Toro, donde rige la suspensión de las garantías constitucionales y el “estado de urgencia” durante cinco días debido a las protestas laborales e indígenas.
“Con fundamento en lo dispuesto en el citado Decreto de Gabinete No. 27 de 2025 y en atención a lo solicitado en la Nota No.MG·OAL-01477-2025, corresponde que proceda a interrumpir de manera inmediata la prestación del servicio Internet para uso público (No. 211) en la provincia de Bocas del Toro, durante la vigencia del estado de urgencia decretado”, explica la ASEP en un comunicado recogido por el diario ‘La Estrella de Panamá’.
Bocas del Toro es una provincia frecuentada por turistas costarricenses, quienes pueden llegar por vía aérea o por tierra, cruzando la frontera en Sixaola, Limón.
El estado de urgencia implica la suspensión de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución, relativos a la libertad de tránsito, expresión , reunión y protección de detenciones arbitrarias. Además, se ha implantado un toque de queda en el distrito de Changuinola tras los saqueos y la destrucción de negocios y entidades estatales.
Mientras, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha pedido “restablecer el orden” y la “paz social” y ha condenado los “actos de vandalismo y destrucción”.
“Urge restablecer el orden con firmeza, pero con apego absoluto a la ley y los derechos humanos”, ha apelado la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, en un comunicado de la organización. De Sanctis ha defendido el derecho ciudadano a la protesta pacífica, pero también ha rechazado “cualquier forma de violencia o coacción”.
Las protestas comenzaron en el mes de abril y el Gobierno decretó el Estado de emergencia el pasado 27 de mayo. Asimismo, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos, para hacer frente a esta oleada de protestas cuyo objetivo es “garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía”, sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.
Esta misma semana el Gobierno ha aprobado una ley para mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria bananera gracias a la cual se habían conseguido acabar con ciertos bloqueos, sin embargo, otros sectores como los educadores y grupos indígenas han liderado estas nuevas protestas y han vuelto a ocupar las calles de la región
Precisamente los docentes cumplen este lunes dos meses de movilizaciones y paro iniciados el 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). En represalia, el Gobierno retiene los salarios de los docentes que no han retomado las clases y el presidente del país, José Raúl Mulino, ha subrayado que los docentes solo tienen dos opciones: “seguir sin cobrar o seguir gastando las suelas de sus zapatos”.
Tras una segunda reunión con representantes de la Iglesia y del sector empresarial, los educadores reiteraron que no cederán y que su lucha continuará hasta lograr la derogación de la ley. Además han pedido de nuevo crear una mesa de diálogo abierta y vinculante.
“Esa postura polarizada del gobierno, de no querer derogar ni revisar la Ley 462, y de hacer ver a la población que es un tema inabordable, va a llevar al país a una profunda crisis que nosotros no deseamos. Creemos firmemente que el diálogo es la vía”, han argumentado. La huelga afecta actualmente a alrededor del 30 por ciento de las escuelas públicas del país.
