EscucharLa captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentada por Estados Unidos como una “operación policial”, plantea numerosas dudas sobre su legalidad, según la oposición demócrata y expertos.
Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el sábado y los llevaron por la fuerza a Nueva York para ser juzgados.
Junto con otras cuatro personas, ambos enfrentan una nueva acusación por “narcoterrorismo” e importación de cocaína a Estados Unidos.
“En esencia, se trata del arresto de dos fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses, y el Departamento de Guerra (el Pentágono) apoyó al Departamento de Justicia en esta misión”, resumió el sábado el secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que, por lo tanto, no se trataba de una acción militar que requiriera autorización del Congreso, y enfatizó que Maduro fue detenido por agentes del FBI, la policía federal estadounidense.
“Acto de guerra”
Sin embargo, legisladores demócratas cuestionan firmemente esta interpretación de los hechos. “No fue solo una operación antidrogas, fue un acto de guerra”, afirmó el domingo en NBC Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.
“Entraron a Venezuela y bombardearon instalaciones civiles y militares. Es una violación de la ley hacer lo que hicieron sin autorización del Congreso”, agregó su homólogo en el Senado, Chuck Schumer.
“Este arresto es problemático” por otras razones, dijo Barbara McQuade, exfiscal federal y profesora de derecho en la Universidad de Michigan.
“Normalmente, el procedimiento para arrestar a alguien que no reside en Estados Unidos es mediante una solicitud de extradición”, explicó en MS-Now (anteriormente MSNBC). “En cambio, estamos presenciando un arresto militar clandestino”.
“El problema con este arresto es que viola la Carta de las Naciones Unidas”, de la cual Estados Unidos es signatario, añadió McQuade, y señaló que el presidente de Estados Unidos tiene la obligación constitucional de garantizar el cumplimiento de las leyes.
“Violar la Carta de la ONU constituye una violación de la Constitución” estadounidense, estimó.
Las condiciones en las que Maduro fue llevado ante la justicia estadounidense podrían permitir a sus abogados solicitar la desestimación del caso, en particular debido a la inmunidad penal que le otorga su condición de jefe de Estado, explicó. Además, añadió que preveía “meses de impugnaciones legales por parte de la defensa”.
Precedente panameño
En cambio, Bill Barr, quien fue fiscal general durante el primer mandato de Donald Trump, se mostró “muy seguro” de que Maduro será condenado, al igual que lo fue el general Manuel Noriega, hombre fuerte de Panamá, por narcotráfico, basándose en los mismos “argumentos legales”.
En 1989, Noriega fue conducido a Estados Unidos tras una operación militar en Panamá, una “situación muy similar” a la actual, declaró a Fox News Barr, autor del dictamen legal que justificó esa invasión.
Afirmó que el presidente puede ordenar al FBI arrestar a sospechosos en el extranjero incluso si esto viola el derecho internacional y la soberanía de otros Estados.
“El Congreso le ha otorgado al presidente una fuerza militar gigantesca con muy pocas restricciones y no puede controlar lo que el presidente hace con ella”, mientras que el poder judicial evita abordar estos temas, escribió por su lado en su blog Jack Goldsmith, exalto funcionario del Departamento de Justicia.
En la práctica, por lo tanto, las únicas normas aplicables derivan de precedentes y dictámenes legales solicitados por el propio poder ejecutivo.
“No sería muy difícil para el Departamento de Justicia redactar un dictamen que apoyara la invasión de Venezuela, a pesar de que esta acción militar viola la Carta de la ONU”, concluyó.
