En una medianoche helada en la Cordillera de los Andes, Aldana Ramírez busca calor en una fogata mientras supervisa perforaciones en un proyecto de extracción de cobre que avanza sin descanso, parte del boom minero que impulsa el gobierno de Javier Milei en Argentina.
“Este trabajo a mí me encanta, desde la primera vez que subí me enamoré”, dice Ramírez, de 27 años. Extraña a su hijo de siete al que ve cada dos semanas, pero dice que “vale la pena el esfuerzo”.
Horas de caminos de tierra rodeados de glaciares y arroyos cuyas márgenes están pobladas de guanacos, separan el campamento minero de Los Azules de su pueblo natal, Villa Calingasta, en San Juan, epicentro de varios proyectos metalíferos.
Buena parte de los 11.000 habitantes del departamento de Calingasta trabaja directa o indirectamente en la minería, como Ramírez, su padre y sus tres hermanos. Otros se dedican a la agricultura y están preocupados por el agua que baja de los proyectos.
Desde su asunción en 2023, Milei buscó acelerar la minería en un país con vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio. En 2024 lanzó el RIGI, un programa con exenciones impositivas que atrae inversiones por miles de millones de dólares.
Milei acelera
“La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, vaticinó Milei en marzo.
Semanas después, promulgó una reforma a la ley de protección de los glaciares que permitirá a las provincias habilitar nuevas áreas de explotación minera. Organizaciones ambientalistas objetaron la norma ante la justicia argumentando que pone en peligro el acceso al agua.
En 2025, las exportaciones mineras crecieron 27% y alcanzaron 6.000 millones de dólares, impulsadas por el oro y el litio, del cual Argentina ya es el quinto productor mundial. El gobierno proyecta superar los 20.000 millones anuales en 2035.
Para el economista Nicolás Gadano, “la matriz exportadora se está transformando” con la minería y los hidrocarburos, sectores con los que este país tradicionalmente agropecuario busca revertir su histórica escasez de divisas.
Más de la mitad de las exportaciones metalíferas proyectadas corresponden al cobre, clave para la construcción, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial. Argentina casi no lo produce desde 2018, pero tiene reservas para posicionarse entre los diez mayores proveedores mundiales.
Los Azules
A 3.500 metros de altitud y casi en la frontera con Chile, entre picos coloreados por minerales oxidados y surcados por sinuosos caminos de exploración, se alza el campamento de Los Azules, uno de los más avanzados de los cinco proyectos de cobre de gran escala en Argentina.
Allí el ritmo de cumbia ameniza las cenas para sobrellevar el aislamiento y el viento incesante. “Hay que adaptarse a la convivencia, uno no siempre tiene el mismo humor”, cuenta Andrés Carrizo, operador de perforadora de 27 años.
El proyecto de la canadiense McEwen (con Stellantis y Nuton/Rio Tinto) prevé iniciar su producción en 2030 y extraer 148.000 toneladas anuales de cobre durante dos décadas.
Su director general, Michael Meding, dijo a la AFP que el RIGI “ha dado señales muy importantes a inversionistas a nivel internacional” y que la reforma a la ley de glaciares brindará “seguridad jurídica”.
Los Azules promete ser carbono neutral en 2038 y destaca que su método usa poca agua. Pero el impacto inicial es tangible: el pozo tendrá las dimensiones de 840 canchas de fútbol y la profundidad de la Torre Eiffel.
Para abrirlo se removerá una vega, un humedal de alta montaña con vegetación esponjosa que actúa como hábitat de fauna local y regulador hídrico.
¿Agua o trabajo?
Los mayores proyectos de cobre en San Juan -Vicuña y El Pachón- contienen glaciares en sus zonas de operación, aunque aseguran que no son relevantes para el sistema hídrico. Ambos celebraron la nueva ley de glaciares, pero su judicialización pone en guardia a los inversores.
La cuestión fractura a las comunidades, debatidas entre la ilusión por nuevos empleos y la preocupación por el agua, bien escaso en las provincias cordilleranas.
“La gente tiene que elegir ‘o cuido el agua o como’”, dice Alejandro, trabajador de una gasolinera en Jáchal, donde en 2015 una mina de Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución cianurada en cursos de agua.
Alejandro, que pide no dar su apellido, no se opone a la minería, pero considera que “no hay controles suficientes” del Estado.
Además del interrogante sobre la aceptación social, el boom minero enfrenta desafíos en infraestructura y energía.
Pero en Los Azules, mientras su máquina perfora en la noche gélida, Carrizo se ilusiona: “Estaría bueno que todo continúe, que tengamos todos trabajo y podamos crecer”.
