Por: Manuel Avendaño Arce.   10 agosto
El OIJ allanó el lunes 10 de junio las instalaciones de Aldesa, en Curridabat, San José, como parte de una investigación por diversos delitos. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.
El OIJ allanó el lunes 10 de junio las instalaciones de Aldesa, en Curridabat, San José, como parte de una investigación por diversos delitos. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.

Aldesa Corporación de Inversiones tendrá que explorar otras posibilidades en la vía legal para reorganizar el pago a sus inversionistas y evitar la quiebra, luego de reportar problemas de iliquidez que afectan su negocio de proyectos inmobiliarios.

El pasado 7 de agosto el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José reafirmó lo que antes había resuelto en dos ocasiones el Juzgado Concursal sobre la imposibilidad de abrir el proceso de intervención judicial debido a que Aldesa Corporación de Inversiones no pudo demostrar que notificó con éxito y en el plazo establecido a todos sus acreedores.

La sentencia del tribunal de apelaciones, de la cual EF tiene copia, establece que no se pude continuar con la solicitud de Aldesa porque la firma presentó documentación incompleta, desordenada y que dificultaba comprobar que logró notificar con éxito a sus más de 200 acreedores involucrados.

“En casos complejos como el presente, se requiere por parte de los interesados de un alto nivel de cooperación. Sus gestiones no solo deben ser claras y concretas, sino, además, la información y documentación presentada debe ser ordenada y de sencilla constatación”, señalaron los tres jueces en el voto 446.

Aunque el tribunal reconoce que es difícil notificar a todos los acreedores y contar con los respectivos comprobantes de recibido porque algunos se encuentran fuera del país, también señaló que la presentación de documentos fue incompleta y en algunos casos tardía.

El grupo Aldesa debió completar las notificaciones a todos sus inversionistas afectados en un plazo de cinco días después de la presentación de la solicitud de apertura del proceso de régimen de administración y reorganización por intervención judicial.

Sin embargo, de acuerdo con el voto del Tribunal Segundo de Apelación, aunque la presentación del caso ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José se hizo el viernes 8 de marzo, la compañía presentó cartas que fueron enviada a sus acreedores, incluso, el propio 15 de marzo, fecha en la cual se cumplía el plazo para hacer la notificación.

“No significa que se deben dejar pasar las comunicaciones que contengan errores o que se envíen de forma tardía, ya que de una revisión de dichas cartas se denota que se envían con fechas del 13, 14 e incluso el 15 de marzo del presente año, siendo evidente que estos comunicados pueden tardar días en llegar a su destinatario, esto sería razón suficiente para creer que no se tendrían como efectivas las comunicaciones en los cinco días estipulados”, señaló la resolución del juez del Juzgado Concursal y recalcó el Tribunal de Apelación en segunda instancia.

El voto firmado por los jueces Deyanira Martínez (presidenta), Carlos Dalolio y Farith Suárez, sostiene que Aldesa Corporación de Inversiones pasó por alto especificar en las tablas presentadas las fechas en las que entregó cada comunicación, entre otras omisiones que obligaron a constatar nota por nota la información.

“Luego, se aportó en esta instancia ya de forma extemporánea, una gran cantidad de acuses de recibo, una vez más, sin actualizar al menos los listados”, indicaron los jueces.

Este medio consultó a Aldesa sobre la decisión del tribunal y la empresa indicó, este sábado 10 de agosto, que todavía no ha recibido la notificación oficial sobre el voto.

“Estamos valorando las opciones legales que aún tenemos para pagar a todos los inversionistas y evitar la quiebra, la cual perjudicaría directamente a los acreedores. El lunes estaremos emitiendo un comunicado oficial sobre dicho asunto", señaló mediante una respuesta escrita.

El conglomerado indicó, el pasado 8 de marzo, que si lograba avanzar en la aprobación del proceso legal iba a trabajar de forma acelerada para ejecutar el plan de salvamento, monetizar los proyectos inmobiliarios y honrar los compromisos con sus acreedores; pero que si el fallo del Tribunal de Apelación era en contra –como finalmente ocurrió– la opción sería un proceso de quiebra que causaría daño irreparable a todos los involucrados.

Sobre esa posición que fue externada por Aldesa en la audiencia, los jueces también ofrecieron su reflexión en el voto.

“Esta Cámara comprende y comparte lo expuesto por la representación de grupo Aldesa durante la audiencia oral, referido a la gran cantidad de personas que pueden resultar afectadas por el rechazo del procedimiento y el consecuente interés inherente en mantener la empresa, pero de oficio no puede este tribunal entrar a revisar otros aspectos que no fueron objeto de impugnación, al existir norma prohibitiva expresa”, agregaron.

Llamada de atención

Los jueces del Tribunal Segundo de Apelación le hicieron un llamado de atención al juez que emitió el primer fallo en el Juzgado Concursal de San José.

Ante la posibilidad de que eventualmente Aldesa presente una nueva solicitud de apertura de administración por intervención judicial, el tribunal de apelaciones señaló un posible “sesgo cognitivo que no fue oportunamente detectado en la primera instancia”.

“Aquí se incluyeron cinco sociedades (anónimas) que podrían estar reguladas y ser susceptibles de una intervención administrativa, relativas a puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión. Dentro de estas diligencias, no se dispuso acerca de ese punto, así como la bondad de argumentos sobre el grupo de interés económico privado y en general, de las consecuencias del planteamiento que hizo el representante de las promotoras”, indicaron en la resolución.

Por eso, agregan los jueces, que se debió “ventilar” si las sociedades supervisadas se pueden incluir en una intervención judicial.

Señalaron que ante la duda, el Juzgado Concursal pudo haber considerado si era necesario pedir información adicional a la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Camino difícil

La compañía Aldesa Corporación de Inversiones anunció, el pasado 8 de marzo, que solicitaría un procedimiento en la vía concursal civil para reacomodar sus pagos a acreedores y evitar la quiebra, esta figura se conoce como régimen de administración y reorganización por intervención judicial.

El objetivo del plan era conseguir el permiso para suspender los pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.

Javier Chaves, presidente de Aldesa, confirmó a La Nación, el pasado 8 de marzo, que la reorganización de la empresa contemplaba el cierre ordenado del puesto de bolsa y el traslado de las inversiones, de 1.200 clientes y $220 millones, al Puesto de Bolsa Inversiones SAMA.

La firma redujo la planilla a la mitad con el despido de 53 empleados. Las inversiones hechas en el puesto de bolsa, así como los negocios por $120 millones de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión no se verán perjudicados, pues son regulados por la Sugeval y están aparte de los proyectos privados.

El viernes 10 de mayo, Aldesa recibió una notificación por parte del Juzgado Concursal en la que se le informó sobre el rechazo de la solicitud de revocatoria.

En abril había ocurrido algo similar cuando la empresa anunció que el juzgado no le dio curso al proceso por la falta de documentos como estados financieros de las compañías inactivas y la presentación de notificaciones a acreedores con acuses de recibido.