EscucharEn su más reciente Informe de País No. 26/116, elaborado en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que la deuda del gobierno central de Costa Rica se mantiene en una senda sostenible y con un bajo riesgo general de estrés soberano. Sin embargo, el organismo multilateral subraya la necesidad de implementar reformas estructurales para reducir los costos de financiamiento y gestionar pasivos contingentes que podrían presionar las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
A continuación, se detallan los hallazgos, proyecciones y recomendaciones que dicta el organismo financiero internacional respecto a la deuda pública costarricense:
Estado actual y proyecciones de la deuda
Al cierre del año 2025, la deuda del gobierno central de Costa Rica se situó en un 60,4% del PIB. El Fondo aclara que este ligero incremento respecto al año previo se debió, en parte, a una estrategia deliberada de las autoridades para acumular colchones de liquidez (cajas) y hacer frente a los próximos vencimientos de deuda de manera segura.
Para los años inmediatos, el FMI proyecta un comportamiento al alza antes de retomar una trayectoria descendente de largo plazo:
- Año 2026: Se estima que la deuda del gobierno central alcanzará el 61,1% del PIB.
- Año 2027: Se prevé el punto más alto del periodo de proyección actual, llegando al 61,4% del PIB.
- Año 2031: Las proyecciones estiman una reducción progresiva hasta situar el indicador en un 58,4% del PIB.
- Año 2035: Bajo el escenario base del Fondo, la deuda caería al 54% del PIB.
El informe destaca de manera positiva que Costa Rica ha incorporado formalmente un anclaje explícito de deuda dentro de su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MTFF), fijando como meta un 50% del PIB para el año 2035.
La efectividad de la Regla Fiscal y costos por intereses
El FMI reconoce que la aplicación de la regla fiscal aprobada en 2018 ha sido una herramienta sumamente efectiva para incentivar la disciplina y frenar el endeudamiento público. Desde su entrada en vigor en 2020, el balance fiscal general mejoró en 5 puntos porcentuales del PIB y la deuda del gobierno central logró contraerse originalmente en un 6,1% del PIB.
Asimismo, el informe detalla que el gasto en intereses se vio beneficiado en el último año gracias a factores de mercado como la apreciación del colón, un canje amigable de deuda doméstica y menores tasas de interés locales, lo que ayudó a reducir el déficit general a un 3,4% del PIB en 2025.
Flexibilización de emisiones y diversificación de fondos
Uno de los puntos en los que el FMI hace mayor hincapié es en la urgencia de modernizar la gestión de la deuda gubernamental para mitigar costos. El organismo recomienda la aprobación de una reforma constitucional que faculte al Poder Ejecutivo a emitir deuda externa directamente, siempre bajo el límite global de endeudamiento que la Asamblea Legislativa aprueba anualmente junto con el presupuesto de la República.
Mientras avanza esta reforma, el informe resalta la agilidad de la Tesorería para captar recursos mediante mecanismos alternativos:
- Bonos domésticos en euros: El gobierno emitió con éxito tres bonos en el mercado local denominados en euros por un valor de 1.000 millones de euros cada uno, distribuidos en noviembre de 2025, enero de 2026 y abril de 2026.
- Predictibilidad legislativa: El Fondo sugiere que el Congreso apruebe de forma recurrente la emisión de hasta $1.500 millones anuales en eurobonos para profundizar el mercado de deuda local y otorgar previsibilidad financiera.
En cuanto a la composición, la deuda externa total del país (que incluye al sector público y privado) se estimó en un 42% del PIB en 2025 y se prevé que aumente gradualmente al 46% para 2031. El FMI advierte que la deuda externa es altamente sensible al tipo de cambio: un choque de depreciación del 30% podría disparar este indicador específico hasta el 67,6% del PIB.
Los riesgos ocultos: Pasivos contingentes de la CCSS
A pesar del panorama general de bajo riesgo, el FMI identifica una amenaza importante dentro del propio sector público: las disputas financieras entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“La CCSS ha registrado reclamos contra el gobierno central estimados en un 8,5% del PIB, en su mayoría relacionados con obligaciones de atención médica en disputa", detalla el documento del Fondo.
El gobierno central mantiene estos reclamos registrados bajo la figura de pasivo contingente. El FMI corrió una prueba de estrés bajo el supuesto conservador de que las autoridades se viesen obligadas a asumir la totalidad de sus pasivos contingentes (que suman cerca del 10% del PIB al añadir el total de reclamos de la CCSS). El resultado de la simulación arrojó que, aunque la deuda del gobierno central experimentaría un aumento moderado, las Necesidades de Financiamiento Bruto (GFN) se mantendrían estables y por debajo del límite del 10% del PIB, confirmando la resiliencia del marco macroeconómico del país.
