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Ante las declaraciones del fiscal general interino Warner Molina sobre la incapacidad del sistema financiero costarricense de detectar y exponer grandes lavadores de dinero, la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, aseguró que estas son consecuentes con el trabajo desarrollado por la entidad en la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con Aguilar la labor de inversión en procesos preventivos de lavado de dinero, tecnología, capacitación de personal y otras medidas que han realizado las entidades financieras es “destacable”.
“Desde la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2015, el organismo regional destacó el entendimiento de los riesgos por parte del sistema financiero y la labor que se realiza, reconociéndole como uno de los sectores que muestra mayor madurez y comprensión” enfatizó Aguilar.
Por su parte Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) afirmó que el sector financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), debe estar en constante actualización para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una de las actualizaciones, por ejemplo, es la reglamentación que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, la cual fortalece la debida diligencia que deben realizar las entidades financieras sobre clientes políticamente expuestos (PEPs), el financiamiento a los partidos políticos y la recepción de dinero en efectivo, en especial en moneda extranjera.
Warner Molina, fiscal general de la República a. i, declaró el pasado martes 17 de agosto, que el sistema de inteligencia financiera del país es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero de origen ilícito; “es poco eficaz, no es funcional”, aseguró.
El jerarca interino del Ministerio Público emitió su declaración durante una sesión de la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la zona sur, donde compartió mesa con las exfiscalas Emilia Navas e Ileana Mora.
No obstante, Gómez debatió que según datos Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en 2020 recibieron 550 Reportes de Operaciones Sospechosas, de los cuales 409 fueron realizados por los bancos y en los primeros siete meses del 2021 recibieron 366 reportes, 260 de ellos por parte de entidades bancarias.
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“Es claro que los reportes de operaciones sospechosas son solamente un instrumento más del cual pueden hacer uso las autoridades judiciales en los casos que tramitan, y que muy probablemente requieran de otros elementos de prueba para concretar sus investigaciones, pero eso no le resta relevancia de estos reportes, que por obligación deben realizar los bancos”, concluyó Gómez
La jeraca de la Sugef recalcó que las recomendaciones del GAFI se mantienen en constante evolución, imponiendo nuevos retos a los países, lo cual hace que necesariamente haya que actualizar y adaptar el marco legal en aspectos que así se requieran internacionalmente.
“Esto hace que sea imprescindible la participación coordinada de muchos actores, como la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público, el Sistema Financiero Nacional, el sector privado, entre otros; por lo que delegar la responsabilidad de un tema país en una sola institución sería completamente improcedente”, finalizó
