Si usted es contribuyente y recibe pagos por sus bienes o servicios a través de SINPE Móvil, pronto deberá registrar ese número de teléfono ante el Ministerio de Hacienda.
La Dirección General de Tributación impulsa esta reforma con el fin de rastrear transacciones no declaradas y reducir una informalidad que le cuesta miles de millones de colones al Estado.

La modificación se hace mediante una adición al artículo 22 del Reglamento del Procedimiento Tributario.
“En nuestras acciones de control nos hemos encontrado importantes indicios de evasión por medio del SINPE móvil, pues hay contribuyentes que reciben sus pagos por este medio, para no reportarlos a Tributación y así no pagar los impuestos que corresponden”, afirmó el director general de Tributación, Miguel Ángel Solís Sánchez.
Esta directriz se sumaría a la obligación actual de incluir el medio de pago en los comprobantes electrónicos, con la intención de brindar una mayor trazabilidad a las operaciones comerciales.
“No estamos poniendo un impuesto del SINPE, ni tampoco estamos estableciendo cobros o comisiones, el propósito es contar con información que permita garantizar a los costarricenses una adecuada gestión de los ingresos tributarios”, enfatizó el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal.
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La Administración Tributaria tendrá hasta dos meses después de la entrada en vigencia del decreto para ajustar formularios y sistemas.
Posteriormente, los contribuyentes ya inscritos tendrán un plazo máximo de 12 meses para registrar los números asociados a medios de pago electrónicos.
El reto de los pagos digitales
Este problema de la evasión en Sinpe Móvil no es nuevo y ya había sido denunciado por el exministro de Hacienda, Elián Villegas, que ha catalogado a la plataforma como un “megaevaducto fiscal”, debido a la cantidad de transacciones que se realizan sin respaldo, lo que podría generar pérdidas significativas para el Estado.

Según estimaciones del exjerarca, durante el 2025 los movimientos por esta vía alcanzaron cerca de ¢12,5 billones.
“Si aproximadamente la mitad correspondiera a pagos comerciales sin comprobante, existiría una base potencialmente no declarada de ¢6,25 billones", aseguró.
Agregó que al aplicar el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) sobre ese monto, la pérdida potencial para el fisco rondaría los ¢812.500 millones, cifra equivalente a cerca de un 1,5% del producto interno bruto (PIB). Además, la merma sería aún mayor si se incorpora a la ecuación el impuesto sobre la renta.
