EscucharCon 100 años de ser la principal entidad aseguradora de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros (INS) mantuvo un monopolio desde su creación hasta el 7 de agosto del 2008, cuando entró en vigencia la Ley Reguladora del Mercado de Seguros que abrió las puertas a la competencia.
Según se describe en su sitio web, el rompimiento del monopolio no tomó a la entidad desprevenida, puesto que la preparación para este cambio había iniciado años antes. En 2006 se puso en marcha un Plan Integrado de Competitividad que impulsaba la modernización, reestructuración y fortalecimiento de la institución, a fin de competir con éxito.
Hoy existen 12 aseguradoras en el país y el INS aún conserva el 66% del mercado de primas. Para finales de 2024 contaba con un patrimonio de ¢1.245.284,62 millones y una utilidad neta por ¢47.475,99 millones sin considerar otros resultados del periodo, como se refleja en sus estados financieros auditados.
Sin embargo, en febrero de 2025 trascendió que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) hizo un llamado de atención al INS por una pérdida que alcanzó los ¢29.360 millones, reflejada en la cuenta técnica de la entidad al cierre del 2024. La observación se realizó mediante el oficio SGS-0204-2025, que fue divulgado por el periódico La Nación.
“Esta Superintendencia ha sido enfática a través de los años en que el negocio de una aseguradora se debe concentrar en utilizar las mejores herramientas actuariales, preventivas y de gestión de riesgos, para obtener resultados positivos en sus líneas de seguro. El no seguir este principio podría llevar a prácticas que podrían afectar tanto a la entidad como al mercado de seguros”, dice el oficio dirigido a Gabriela Chacón Fernández, presidenta de la Junta Directiva del INS.
Por otro lado, el 21 de mayo, la Sugese solicitó una medida correctiva —mediante la resolución SGS-R-2620-2025—, para que el INS revierta un ajuste contable por ₵21.479 millones en las ganancias del seguro obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT) que se registró en los estados financieros de 2024.
La Sugese indicó que ese rubro debería registrarse en 2025, pero el INS alegó que esto afectaría el equilibrio financiero del seguro de RT. Por ello, la aseguradora amenazó con entablar una demanda y solicitó una medida cautelar contra la Sugese para intentar suspender los efectos de la resolución.
Ante estos señalamientos, que ya se elevaron a una escala judicial, es inevitable preguntarse: ¿Qué pasa en el INS? ¿Cómo se explican las pérdidas en la cuenta técnica? ¿Por qué la entidad hizo un ajuste contable en las ganancias del seguro de RT? Sobre todo, ¿cómo podría afectar esta situación a la institución, a los asegurados y al mercado?
Con el propósito de aclarar estas interrogantes, El Financiero revisó los argumentos de la Sugese, analizó los resultados del INS y conversó con el gerente general de la aseguradora, Luis Fernando Monge.
¿Un descalabro?
En la actualidad el INS administra 32 seguros, de los cuales 30 son comerciales o voluntarios y los otros dos corresponden a los regímenes de Riesgos del Trabajo (RT) y de Seguro Obligatorio Automotor (SOA).
¿Dónde se originó la pérdida por ¢29.360 millones señalada por la Sugese en la cuenta técnica?
Primero que todo, es importante aclarar que la cuenta técnica —o resultado técnico— verifica si el negocio de vender seguros funciona adecuadamente; en otras palabras, mide el desempeño del negocio principal. Mientras tanto, la cuenta financiera —o resultado financiero— indica lo que genera la aseguradora al invertir el dinero que recibe de las primas de los seguros que vende; es decir, mide el desempeño de la gestión de inversiones, según la definición que brinda la Sugese.
En el oficio enviado al INS en febrero, la Superintendencia señaló que los resultados del seguro de RT reflejan que la cuenta financiera no cubrió la pérdida de la cuenta técnica, con lo cual se compromete la sostenibilidad financiera del ramo.
En efecto, la cuenta técnica del seguro de RT a diciembre de 2024 muestra un resultado negativo de –¢11.711,89 millones.
Según el gerente del INS, en los seguros obligatorios es normal que la cuenta técnica sea negativa, ya que presentan alta siniestralidad y generan más gastos.
“El resultado global técnico del año 2024 fue positivo. Los seguros comerciales, que son nuestro negocio, no tuvieron una cuenta técnica negativa. Los seguros obligatorios sí, pero eso es lógico porque tienen una siniestralidad muy alta. Se ha interpretado que el Instituto tuvo una pérdida técnica en 2024 porque la Sugese revolvió los seguros voluntarios con los seguros obligatorios en su análisis, lo cual no debió haber sido así”, aseguró Monge.
Desde su perspectiva, no deberían sacarse conclusiones a partir de la cuenta técnica, ya que esta solo es un componente de los resultados. Usualmente se suman los resultados técnicos más los financieros para obtener la cuenta técnico-financiera.
“Nuestro objetivo es que los seguros comerciales tengan una cuenta técnica positiva, o sea, que las primas sean mayores que los siniestros más los gastos. En el caso de los seguros obligatorios es muy difícil alcanzar una cuenta técnica positiva”, añadió.
Sin embargo, el oficio de la Sugese también manifestó una “extrema preocupación” por la situación del ramo de automóviles, que generalmente ha mostrado resultados positivos en la cuenta técnica y cerró el 2024 con saldo negativo. El documento detalla que este ramo pasó de ¢11.163 millones en 2023, a tener una pérdida de ¢141 millones en el 2024, lo cual fue calificado por la entidad como “un descalabro” de más de ¢11.000 millones de colones.
De hecho, El Financiero revisó las cifras actualizadas en el sitio web de la Sugese y la pérdida que se refleja en la cuenta del seguro voluntario de automóviles es por ¢170 millones, a diciembre de 2024. Ya en los últimos años se notaba un declive en los resultados.
Según Monge, esta fue la primera vez que se experimentó una pérdida en dicho rubro y ello se debe a factores estructurales que han tenido un impacto creciente en el mercado.
“Las líneas de seguros de automóviles están enfrentando un reto enorme en todo el mundo, por varias razones. La primera es que el costo de los repuestos se ha incrementado exponencialmente, debido a que ahora hay más autos eléctricos y de marcas no tradicionales, y la red de suministros de esas marcas se ha vuelto sumamente compleja”, explicó.
Otra razón, dijo, es que los accidentes automovilísticos también se han incrementado.
“Tenemos una gran cantidad de automóviles circulando y la infraestructura vial sigue siendo la misma, ha aumentado tanto la frecuencia como la severidad de los accidentes y de las indemnizaciones. Esto es algo muy reciente, entonces, de pronto nos vimos enfrentados a un incremento muy significativo en la cantidad de accidentes y a un mayor costo promedio de reparación”, subrayó.
El gerente reconoció que es preciso un cambio en el modelo de este tipo de seguros para atender los desafíos y aseguró que el INS ya está trabajando en ello.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, rápidamente reaccionamos y ya estamos enderezando los resultados de la línea de automóviles. La Sugese levantó mucho ruido porque el resultado no fue como se venía dando en años anteriores, pero creo que eso no era necesario, y mucho menos usar la palabra descalabro”, dijo Monge.
El oficio de la Sugese también indica que el ramo de salud ha presentado por varios años una cuenta técnica negativa y cerró el 2024 con una pérdida de ¢9.586 millones.
“De los ramos más relevantes del INS en cuanto a resultado técnico, entre los que se pueden incluir RT, automóviles, vida, salud, incendio y SOA, únicamente SOA presentó mejores resultados a los del 2023”, advierte el documento.
En efecto, los resultados del SOA pasaron de -¢3.569,93 millones en 2023, a ¢1.802,09 millones a diciembre de 2024.
El ajuste de la discordia
Hasta el 6 de noviembre del 2024, el INS era la única entidad que ofrecía el seguro obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT). No obstante, en esa fecha, la Sugese autorizó el registro de la empresa Oceánica (MNK Seguros) para ofrecer ese tipo de cobertura.
La entrada en operación de otra entidad aseguradora significó un cambio en las condiciones de mercado, por lo que el INS decidió valorar distintas medidas para enfrentar la competencia.
Entre estas medidas, se propuso eliminar una serie de beneficios que el INS otorgaba desde 1990 como parte del seguro de RT, que eran adicionales a los establecidos en el Código de Trabajo. Tales beneficios se relacionaban con extensión de rentas en casos de incapacidad parcial permanente y beneficiarios por fallecimiento del trabajador asegurado.
Así, el 9 de diciembre de 2024 se llevó a cabo un ejercicio para cuantificar el monto de un ajuste derivado de la eliminación de aquellos beneficios, según lo describe el documento de la medida cautelar presentada por el INS contra la Sugese.
El 17 de enero de 2025, la Dirección de Actuarial del INS emitió un oficio dirigido a la Subgerencia Técnica con la propuesta para la homologación de los beneficios del seguro de Riesgos de Trabajo a los establecidos por la ley, con el objetivo de que se remitiera para su análisis y aprobación por parte de la directiva.
Finalmente, el 21 de enero de este año, la Junta Directiva acordó derogar una serie de beneficios en el seguro de RT.
Al eliminarse esos beneficios, ya no correspondía asignar una partida para atenderlos. Por ello se determinó la liberación de una provisión registrada contablemente para el 2024 por ₵21.479 millones, que se trataba de una reserva para hacer frente a aquellos beneficios otorgados voluntariamente.
“Cuando estábamos solos en el mercado, teníamos la discrecionalidad de poder reconocerle a los asegurados algunos beneficios adicionales a los que plantea la ley. Al entrar la competencia, decidimos que nuestros beneficios fueran exactamente iguales a los que nos pide la ley; entonces, lo que se hizo fue calcular cuánto era el monto de esos beneficios que se daban en exceso”, dijo Monge.
En otras palabras, ese monto corresponde al excedente que le queda al INS por dejar de brindar los beneficios adicionales, el cual se registró como una ganancia en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024.
Precisamente, esto fue lo que motivó la resolución emitida por la Sugese el 21 de mayo, en la cual se ordena reversar el ajuste contable y registrarlo en el 2025, dado que el cambio fue aprobado por la Junta Directiva en enero de este año.
“Cuando un supervisado presenta información contable que, luego de ser analizada por la Superintendencia, se considera que contiene elementos que no se ajustan a las reglas y normativa contable, la Superintendencia tiene la potestad de ordenar a la entidad supervisada que efectúe los ajustes contables respectivos, en virtud del poder que le otorga la ley”, explicó la Sugese a través de su oficina de prensa.
Desde la perspectiva del INS, la reversión solicitada es improcedente, dado que el excedente de ¢21.479 millones no se originó en este año.
Posibles implicaciones
Según los argumentos expuestos por el INS al solicitar la medida cautelar, acatar la orden de la Sugese podría afectar el equilibrio financiero del seguro de RT, al reducirse la reserva de capital con la que se cuenta para hacer frente a resultados deficitarios del régimen.
Al 31 de diciembre de 2024 la reserva de capital en RT era de ₵16.575.304.436, como se evidencia en los estados financieros.
“La reserva de capital de Riesgos del Trabajo representa el único soporte patrimonial de este seguro. Si el excedente de ¢21.479 millones no se registra como ingreso del período 2024, el seguro de RT reflejaría un déficit en sus resultados, el cual tendría que ser asumido por su Reserva de Capital, lo cual impactaría el equilibrio financiero de dicho seguro”, reconoció Monge.
El INS también señaló que acatar la directriz de la Sugese provocaría la eliminación de las sumas de excedentes que se trasladan a la reserva de mejoras del seguro y al Fondo del Consejo de Salud Ocupacional.
“Cuando el seguro de Riesgos de Trabajo obtiene excedentes al final de año, estos se distribuyen en partes iguales a la Reserva de Mejoras de dicho seguro y al Consejo de Salud Ocupacional. Si los ¢21.479 millones no se registran como ingreso del 2024, la Reserva de Mejoras no obtendría la mitad de los excedentes, lo cual limitaría la posibilidad de implementar mejoras en el Régimen, objetivo para el cual fue ideada dicha Reserva”, añadió el gerente.
El 13 de junio, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar gestionada por el INS, según consta en el expediente 5-003530-1027-CA-0.
El documento, firmado por el juez Alex Rojas Ortega, señala que la suspensión de la orden emitida por la Sugese no solo afectaría el interés institucional de la autoridad supervisora, sino que comprometería directamente el interés público vinculado a la transparencia, confiabilidad y disciplina del mercado asegurador.
“Como lo advierte la propia Sugese, permitir que una aseguradora evite temporalmente una orden correctiva, mediante una medida cautelar, debilita la función supervisora que le ha sido legalmente conferida, y abre un precedente adverso para la disciplina regulatoria del sector”, dice la resolución.
Añade que la medida cautelar no solo prolongaría la permanencia de un asiento contable que la autoridad supervisora considera materialmente improcedente, sino que toleraría la difusión de información financiera que podría inducir a error a terceros ajenos al conflicto.
“La corrección oportuna de inconsistencias contables no es un interés menor, pues resguardar la veracidad de los estados financieros auditados es una condición indispensable para que los usuarios del mercado —inversionistas, asegurados, patronos y otros actores— tomen decisiones informadas y confiables”, señaló el tribunal.
Tras el rechazo de la medida cautelar, el INS presentó un recurso de apelación y el 19 de junio solicitó al Tribunal una medida cautelar provisionalísima en segunda instancia.
Sin embargo, el pasado 24 de junio el Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió mantener la medida provisionalísima del 27 de mayo interpuesta por el INS. Por lo tanto, se mantiene suspendida la resolución de Sugese SGS-R-2620-2025 del 21 de mayo del 2025 y se ordena abstenerse de ejecutar cualquier medida relacionada con esa resolución.
De acuerdo con ese fallo, es admisible que las partes acudan a una audiencia oral para exponer sus argumentos. Esta se convocó para el 18 de setiembre del 2025.
Por otro lado, en el oficio enviado a la Junta Directiva, la Sugese advirtió al INS que en 2026 entrará a regir la norma NIIF 17, lo cual implicará que el tratamiento de los resultados de los ramos tenga un efecto directo en los estados financieros.
“Lo anterior viene a reforzar otro tema que esta Superintendencia ha insistido en su atención a través de varios periodos, como lo es la adquisición, desarrollo e implementación de un core de seguros que permita, en primera instancia, disminuir el riesgo operativo que ha mostrado la entidad en distintos procesos, así como adaptar los sistemas a la aplicación de la nueva norma internacional de información financiera”, recomendó la entidad reguladora.
