EscucharLas auditorías externas de los estados financieros de Desyfin no encontraron banderas rojas en la contabilidad de la empresa, hecho que levantó críticas por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ya que un estudio de los reguladores halló aparentes irregularidades en el prestamista.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó el pasado 13 de agosto la intervención de la financiera Desyfin por, entre otras razones, inconsistencias en registros contables, ocultamiento de la mora real y subvaluación de las estimaciones crediticias. Esto tras un estudio con corte a enero de este año.
Sin embargo, los estados auditados del 2023 dieron una opinión limpia de Desyfin, es decir, constaban que la información de la financiera mostraba razonablemente la realidad de la empresa. Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia, le mencionó a este medio que la auditoría no le dio el peso suficiente a temas de “control interno” como para dar una opinión negativa en su informe.
Una opinión negativa es cuando la auditoría concluye que los estados financieros no presentan de manera fiel y adecuada la situación financiera de la entidad.
¿Qué decía el informe de auditoría?
Deloitte, la firma que realizó la auditoría externa de Desyfin en 2023, constató que la información brindada por la empresa “presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre del 2023 (...) de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, los formatos, normas de divulgación y regulaciones”, según constan los estados firmados el 26 de febrero del presente año.
Esto contrasta con lo encontrado por la inspección de Sugef. Según el informe SGF-DSII-020-2024, del 6 de agosto, la Superintendencia estudió una muestra de 25 deudores de Desyfin con un saldo adeudado de ¢26.404 millones (un 20,15% de la cartera de crédito total) con corte al 31 de enero.
El estudio concluyó que 21 de los 25 deudores necesitaban ser reclasificados hacia una categoría de mayor riesgo y, como consecuencia, Desyfin debía aumentar sus estimaciones por deterioro de la cartera en ¢6.465 millones.
Adicionalmente, la Sugef también encontró que 41 operaciones, correspondientes a 17 deudores (y a un 4,37% de la cartera total), fueron reportados con días de mora inferiores a los reales. Consecuentemente, las estimaciones debían incrementarse en ¢3.138 millones.
Aguilar le mencionó a El Financiero que se toparon con “ocultamientos de mora” que podían superar los 500 días. “También encontramos casos en los que no había en el expediente crediticio información fehaciente que pudiera dar cuenta de la capacidad de pago (de los deudores), habían estados financieros muy antiguos, lo cual denotaba que el proceso de revisión de cartera (de Desyfin) no era algo recurrente”, explicó la superintendenta.
Las dos correcciones mencionadas anteriormente, junto a otras dos de menor tamaño, derivaron en que las estimaciones de cartera tuvieran un déficit de ¢10.362 millones con respeto a los datos que publicó la financiera en junio del presente año.
Solo ese déficit ya es superior a la totalidad de estimaciones de los estados auditados al 31 de diciembre del 2023 (¢6.904 millones), un mes antes del corte de datos del estudio de Sugef (31 de enero).
Esto a pesar de que, según se lee en dichos estados, las estimaciones crediticias fueron parte de los asuntos claves de auditoría, es decir, los que, en la opinión del auditor, fueron los más significativos durante el proceso.
Según se lee en el informe de los auditores, el énfasis se dio en los créditos catalogados en el “grupo 1″ (deudores cuya suma de saldos es mayor a los ¢100 millones), los cuales equivalían a un 60% de los activos de la financiera para ese entonces.
“La determinación de la estimación de créditos fue auditada como sigue: 1) Solicitamos la integración de clientes considerados como grupo 1, probando la integridad y exactitud de dicho reporte. 2) Seleccionamos clientes mediante muestreo estadístico representativo, solicitamos su expediente y verificamos que el mismo cuente con la información establecida por la Sugef, realizamos el análisis de los 3 factores de riesgo que indica la normativa, con el fin de realizar una clasificación independiente y la comparamos con la clasificación de la Financiera. Finalmente, con base a la clasificación y porcentajes establecidos por la Sugef, se recalcula la estimación requerida y se determina si es razonable o no”, se lee en el apartado de “Cómo nuestra auditoría abordó los asuntos claves de auditoría” en el informe de Deloitte.
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Criticas a auditorías externas
Este medio le consultó a la jerarca de Sugef su opinión sobre las auditorías externas de Desyfin, a lo que respondió lo siguiente: “Hemos visto en estos últimos casos en donde, si bien en las cartas de gerencia se anotan algunos temas de control interno, en ninguno de los casos le han dado el peso suficiente como para que el dictamen sea negativo. Me parece que ahí es otro trabajo importante que hay que hacer con las auditorías externas, sobre todo porque, de acuerdo a nuestra normativa, están en la obligación de denunciar ante la Superintendencia cuando se encuentren con actos irregulares”.
Aguilar también mencionó el caso de Coopeservidores, donde tampoco hubo banderas rojas en las auditorías hasta que intervino la Sugef con un estudio individual de la entidad.
“En el caso de Coopeservidores, antes del último dictamen de auditoría, los supervisores tuvieron una reunión con la auditoría externa y, a raíz de esa reunión, con lo que terminamos fue con un dictamen negativo (opinión con salvedad, en los estados de 2023), cuando un año atrás había sido un dictamen limpio (sin salvedades)”, dijo la Superintendenta.
Se le consultó a Deloitte si estaban satisfechos con la auditoría realizada a Desyfin y cuál era su reacción ante los comentarios de la superintendenta, no obstante, contestaron que no se iban a referir al tema.
“Deloitte Costa Rica no se va a referir al caso, ya que la opinión y el informe es información confidencial del cliente”, respondió el equipo de comunicación de la firma por medio de un correo electrónico.
En el caso de la Coopeservidores, las últimas tres auditorías las había realizado la firma Crowe Horwath. En junio esta firma le dijo a El Financiero que “podemos asegurarle que nuestros informes han sido de conocimiento en tiempo y forma, por parte de nuestros clientes y de las autoridades, como lo exige la normativa”.
Entre las responsabilidades de las auditorías está obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presentados por la empresa están libres de errores materiales, debido a fraude o error. Estos son los errores o inexactitudes que son lo suficientemente significativos como para afectar la toma de decisiones económicas de quienes lean dichos estados.
En los informes de auditoría siempre se hace la advertencia de que una opinión razonable significa un alto grado de seguridad por parte de los auditores externos, pero no se garantiza que siempre se detecte un error material en caso de existir.
Las auditorías de 2021 y 2022, realizadas en esos casos por la firma KPMG, también dieron una opinión limpia (sin salvedades) de los estados de Desyfin.
