EscucharLa pandemia trajo consigo diversos cambios normativos para los clientes bancarios y que permitieron a las entidades financieras brindar prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos a quienes mantenían operaciones crediticias y sufrieron afectaciones económicas. Sin embargo, estas facilidades acabarán a partir del 1°. de enero del 2022.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó suspender la medida tomada ante la crisis que conllevó la llegada de la pandemia al país.
“La normativa normal lo que ha dicho siempre es que en una relación de un cliente con un banco estimamos que no hay necesidad de hacer ese tipo de prórrogas. Estamos volviendo a la realidad (...) tenemos un crecimiento económico importante proyectado para el 2021 y 2022 y en este campo creemos que es hora de volver a la realidad”, comentó Alberto Dent, presidente del Conassif.
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Dent especificó que a partir del primer día de enero el contador se devuelve a “cero”, es decir, aunque el cliente bancario haya sido sujeto de alguna reestructuración a finales de este 2021, para el 2022 comenzaría nuevamente la cuenta. Así, según la normativa regular, las entidades pueden realizar únicamente una renegociación cada 24 meses. Si existieran más reestructuraciones, la categoría de riesgo del cliente bancario podría verse afectada.
El otro cambio que se experimentará a partir de inicios del 2022 será que las entidades financieras supervisadas deberán retomar los análisis de estrés al estudiar las capacidades de pago de sus clientes, un requisito que se había suspendido como parte de las medidas adoptadas durante el 2020.
Desde la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19 y conforme las medidas de restricción empezaron a impactar la economía local, las autoridades financieras adoptaron medidas enfocadas en mejorar el acceso al crédito; contribuir en el otorgamiento expedito de renegociaciones con los deudores a la vez que se velara por la estabilidad y solidez del sistema financiero.
Ahora, con la cancelación de las prórrogas o renegociaciones especiales emitidas al inicio de la pandemia, la línea de morosidad de los bancos podrían reflejar el verdadero impacto de la pandemia en las carteras crediticias del país.
“Ya ellos (los bancos) tienen analizados a sus clientes. Deberían tener una continuidad de la morosidad que tienen en este momento, obviamente van a tener que abrir los libros y decir ‘este es factible y este no es factible, y el que no es factible lo cerramos de una vez’. En buena teoría debería de preverse un pequeño incremento en la morosidad pero si el banco ha manejado bien la relación con los clientes no debería variar mucho”, explicó Dent.
Sobre el tema, la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, expuso el pasado 29 de octubre que en el 2022, que cuando se eliminen las medidas de alivio completamente, la mora podría aumentar hasta a un 4% o 5%.
Aguilar aseguró que si se utilizaran los créditos de alto riesgo no viables como un referente se podría afrontar hasta ¢1 billón de mora. “La cifra real que la vamos a ver en el 2022, sin duda superará lo que hoy día tenemos como morosidad (...), podría rondar entre el 4% y el 5%, descontadas las garantías en todos los casos”, dijo la superintendente.
Pese al riesgo de un aumento en la mora, el Informe Anual de Estabilidad Financiera asegura que el sistema financiero está en capacidad de resistir de forma aceptable choques severos en la calidad de su cartera de crédito, el valor de sus inversiones financieras, su liquidez o choques derivados de sus interconexiones (relaciones con otros participantes en el sistema financiero).
Se mantiene
Dentro de los cambios reglamentarios que acordó la Conassif para el siguiente año, su Junta Directiva mantendrá durante el 2022 o bien de forma permanente varias de las medidas anunciadas en marzo del 2020.
Una de ellas es la eliminación de lo que se conoce como “contagio” de la calificación crediticia del deudor. Estos eran casos en los que una entidad mantenía a un cliente con calificación degradada por incumplimiento con el pago de una tarjeta de crédito, por ejemplo, aunque cumplía con sus obligaciones financieras con una operación más grande como un préstamo por vivienda.
“La experiencia de haberlo hecho de esa forma nos dijo que era una muy buena medida, no solamente justa si no que era buena porque estábamos recibiendo clientes que tenían problemas con una operación relativamente pequeña, tenían penalidad en la calificación pero estaban al día en sus operaciones grandes”, explicó Dent.
Asimismo, también se mantendrá la opción para los bancos de ejecutar la provisión regulatoria sobre bienes adjudicados en remate o recibidos como pago en un periodo de 48 meses y no 24 meses como se encontraba originalmente antes de la pandemia.
