Las asociaciones solidaristas deben distribuir los excedentes generados durante cada periodo fiscal, de enero a diciembre, una vez que estos son aprobados en la asamblea anual ordinaria, que se realiza en los primeros meses del año siguiente.
Para 2026, el sector proyecta distribuir alrededor de ¢60.500 millones en excedentes. Si bien la cifra refleja la capacidad operativa y patrimonial de las asociaciones, el resultado se enmarca en un entorno de normalización financiera.
Este dinero corresponde al resultado anual que generan las asociaciones luego de cubrir gastos operativos y provisiones. Su distribución es proporcional al patrimonio acumulado por cada afiliado, que se compone del aporte personal, usualmente entre 3% y 5% del salario, y del aporte patronal, que puede alcanzar hasta 5,33% como adelanto de cesantía.
Así lo confirmó Fernando Araya, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, quien además explicó que el resultado actual responde a una normalización de las condiciones macroeconómicas.
Atrás quedaron los rendimientos extraordinarios de entre 12% y 13% observados en los últimos dos años al calor de un ciclo de tasas altas.
“Hoy, esos retornos se ubican más cerca del 7% u 8%, una contracción que responde directamente a la baja en las tasas de interés locales, los ajustes en la política monetaria internacional y la fuerte apreciación del colón, la cual castigó el desempeño de las carteras de inversión en dólares”, consideró Araya.
Impacto a los excedentes
El presidente de la Confederación indicó que el comportamiento no obedece a un deterioro operativo del sector, sino al cambio en las condiciones financieras.
Aseguró que, tras episodios como la intervención de entidades donde algunas asociaciones mantenían inversiones, fueron los casos de Coopeservidores y Desyfin, el sistema también reforzó la diversificación y los controles de riesgo.
Por ejemplo, la Asociación Solidarista de Boston Scientific (AseBoston) cerró diciembre de 2025 “con 10.887 asociados y un nivel de afiliación del 96%, uno de los más altos del sector”, según su gerente general, Johnny Corrales.
La organización administra activos por ¢50.000 millones y un capital de ¢45.000 millones. Este año entregará ¢3.087 millones en excedentes después de impuestos.
Por su parte, la Asociación Solidarista de Empleados de Corporación de Supermercados Unidos (Asadem), cuenta con 14.874 asociados. Su gerente, Luis Rodríguez, confirmó esta cifra e indicó que los excedentes de 2026 serían similares a los distribuidos en 2025, que ascendieron a ¢2.881 millones.
En el caso de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss), su gerente general, Enrique Rojas, confirmó una distribución de ¢32.582 millones en excedentes.
Según Araya, esta última es una de las asociaciones con mayor número de miembros, lo que justifica los montos que acostumbra a repartir.
No obstante, señaló que el análisis no debe centrarse únicamente en el monto puntual de un año, sino en la sostenibilidad del patrimonio y la estabilidad del modelo.
A nivel confederado, las asociaciones administran cerca de ¢2,5 billones en patrimonio. En un contexto de tasas más bajas, el crecimiento de los excedentes tiende a moderarse, pero el sistema mantiene capacidad de distribución relevante, respaldada por su base de aportes bipartitos y su estructura de crédito interno.
Menos asociaciones activas, pero más afiliados
Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) muestran que, aunque el número de asociaciones solidaristas activas se redujo levemente en los últimos cuatro años, la cantidad de personas afiliadas continúa en aumento.
En 2021 se registraron 1.428 asociaciones activas; en 2024, la fecha más reciente con datos disponibles, la cifra bajó a 1.378. Sin embargo, el número de personas asociadas pasó de 355.380 en 2021 a 402.800 en 2024, lo que representa un crecimiento sostenido en la afiliación.
Como resultado, la tasa de asociación solidarista se mantuvo relativamente estable, con leves fluctuaciones: fue de 23,1% en 2021, bajó a 23,0% en 2022, subió a 24,5% en 2023 y cerró en 24,1% en 2024.
Esta tasa se calcula sobre la población asalariada, dado que la Ley de Asociaciones Solidaristas (Ley 6970) reconoce el derecho de afiliación a quienes laboran para una empresa, la cual debe realizar un aporte patronal mensual como reserva del fondo de auxilio de cesantía.

