La promesa del presidente Rodrigo Chaves de meter la tijera al gasto público enfrenta una realidad fiscal compleja: una parte importante del presupuesto nacional ya está comprometida por obligaciones legales y constitucionales, lo que limita la capacidad del Gobierno para aplicar recortes profundos.
Aunque el Ministerio de Hacienda anunció una reducción cercana al 5% en el presupuesto extraordinario del 2026 para varias instituciones y poderes de la República, economistas advierten que la aplicación real de estos ajustes podría encontrar obstáculos debido a la rigidez del gasto público.
“Hay barreras legales que podrían limitar la capacidad del Gobierno para realizar recortes. Habría que identificar cuáles componentes del presupuesto tienen flexibilidad para ser ajustados dentro del marco jurídico vigente”, explicó Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central.
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Agregó que la intención de contener el gasto es positiva, pero insistió en que cualquier ajuste debe proteger áreas estratégicas para el desarrollo del país.
“Escuchar a un ministro que quiere contener el gasto es un enfoque responsable y debe ser aplaudido. Sin embargo, cualquier proceso de ajuste debe proteger especialmente la inversión en infraestructura y el gasto social bien focalizado. Los recortes deberían recaer sobre otros componentes del gasto que no respondan a estos criterios, como despilfarros”, agregó.
El expresidente del Banco Central explicó que el deterioro reciente de las finanzas públicas no proviene de un aumento del gasto, sino principalmente de una reducción en los ingresos tributarios.
Según indicó, el gasto público incluso ha mostrado mejoras en los últimos años debido a la aplicación de la regla fiscal.
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Cubero añadió que el Gobierno deberá analizar cuáles partidas tienen margen de modificación tomando en cuenta las limitaciones legales, administrativas y presupuestarias.
Economistas cuestionan si el recorte resolverá el problema fiscal
Para Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional (UNA), el principal problema fiscal del país no está en el gasto, sino en la caída de los ingresos tributarios.
“Insistir en el ajuste del gasto va a terminar de empeorar algunos servicios públicos sin entrarle a la solución del problema, que es revertir la caída en los ingresos tributarios”, agregó.
Además, advirtió que el recorte del 5% podría afectar con mayor fuerza a instituciones que ya enfrentan limitaciones operativas.
El Poder Judicial sería una de las entidades más afectadas debido a problemas previamente señalados de personal y capacidad institucional.
Rodríguez señaló que la reducción presupuestaria podría complicar áreas sensibles como fiscalías, judicatura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la defensa pública.
“Probablemente esto vaya a empeorar la gestión que hacen esas instituciones de cara a las obligaciones legales que tienen”, concluyó.
El recorte anunciado y las cifras detrás del ajuste
El presupuesto extraordinario que impulsa el Gobierno contempla un recorte de ¢27.000 millones al Poder Judicial, ¢311 millones a la Defensoría de los Habitantes y ¢1.000 millones a la Contraloría General de la República, entre otros ajustes.
La totalidad de los recortes será anunciada el próximo miércoles en Consejo de Gobierno.
Chaves explicó que también aplicará ajustes en el presupuesto ordinario de la República para el 2027 que deberá presentar en septiembre de este año y aseguró que la reducción del gasto alcanzará a todos los poderes.
“Los recortes vienen para todos. Aquí no hay poderes con corona”, afirmó.
El verdadero problema viene del lado de los ingresos, que vienen disminuyendo, pasando de representar un 15,98% del PIB en 2022 a un 14,42% en el presente año.
Este retroceso refleja una baja en el impuesto sobre la renta, los tributos ligados a importaciones y exportaciones, y las transferencias.
Paralelamente, el gasto del Gobierno Central también muestra una reducción, al pasar de un 18,41% del PIB en 2022 a un 17,83% a diciembre de 2025.
El gasto en intereses experimentó una disminución; sin embargo, este comportamiento responde principalmente al efecto positivo de la apreciación del colón y, en menor medida, a la reducción de las tasas de interés promedio que se pagan por la deuda pública, precisó Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional.
Al cierre de 2025, las remuneraciones representaron 5,54% del PIB, las transferencias al sector privado alcanzaron un 1,97% y el gasto de capital llegó a un 1,50%, su mayor nivel en los últimos cinco años.
Instituciones ya tienen compromisos presupuestarios
Norberto Zúñiga Fallas, asociado e investigador de la Academia de Centroamérica, señaló que ejecutar los recortes será complejo porque muchas instituciones ya tienen comprometidas sus partidas presupuestarias para lo que resta del año, por lo que el margen de maniobra es limitado.
Además, recordó que las restricciones fiscales implementadas en los últimos años ya han limitado la ejecución de proyectos en áreas como educación, salud, seguridad e inversión social.
A su criterio, otra vía para mejorar la situación fiscal sería fortalecer la recaudación, especialmente ante factores como la caída del tipo de cambio y la deflación, que han reducido algunos ingresos del Estado.
Más ingresos y menos espacio para recortar
Entre las propuestas planteadas por los economistas está mejorar el cobro de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda.
Se estima que el incumplimiento tributario representa cerca de un 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a aproximadamente ¢4 billones que el Estado deja de percibir por evasión y falta de pago de impuestos.
También recomiendan organismos internacionales, como por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revisar el esquema de exoneraciones, aunque Chaves ha dicho que algunos beneficios, como los aplicados a zonas francas, no forman parte de esta discusión.
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Entre otros beneficios recomendados por el FMI sobresalen ponerle un impuesto a la canasta básica que pasaría del 1% al 13% y tarifas reducidas del IVA aplicadas a bienes y servicios específicos.
Aunque el gasto del Gobierno Central disminuyó como proporción del PIB, los especialistas señalan que el margen para nuevos recortes es limitado.
El desafío del Gobierno será pasar del anuncio de reducción del gasto a encontrar partidas realmente ajustables dentro de un presupuesto donde gran parte de los recursos ya tienen un destino definido.
Las medidas serán dadas a conocer este miércoles 1 de julio del 2026.
