Escuchar“Tras años de una situación fiscal apremiante, la salud de las finanzas públicas ha dejado de ser un riesgo para la economía de Costa Rica”. Esta frase optimista aparece en la exposición de motivos presentada por el Ministerio de Hacienda (MH) para respaldar el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2026, pero ¿cómo se sustenta una afirmación tan categórica?
El proyecto detalla un plan de gastos para el 2026 por ₡12,8 billones, un aumento del 3,1% en comparación con el presupuesto del presente año. Esto incluye un crecimiento del 5% en el gasto corriente y del 16% en el gasto de capital.
La principal justificación del MH para proponer este aumento es la reducción alcanzada en la deuda del Gobierno Central, que pasó de representar un 63% del Producto Interno Bruto (PIB) en diciembre de 2022 a un 57,4% del PIB en junio de 2025. Es decir, disminuyó en 5,6 puntos porcentuales (p.p.).
“Lo anterior permitirá abandonar el escenario más restrictivo de la regla fiscal”, explica el documento, presentado el pasado 1.° de septiembre por el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, a la Asamblea Legislativa.
Esa regla que rige desde el año 2019, como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9635), estableció límites al crecimiento del gasto público. Su objetivo es disminuir el déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.
La regla define que el crecimiento del gasto corriente de las entidades del sector público no financiero estará determinado por dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y el crecimiento promedio del PIB nominal de los cuatro años anteriores al año de formulación del presupuesto nacional.
Específicamente, se determinaron cuatro escenarios o rangos de deuda (A,B,C y D) que deben considerarse para calcular el crecimiento del gasto. En los últimos años, el presupuesto se encontraba en el escenario D, el “más restrictivo”, que se aplica cuando la deuda es mayor o igual al 60% del PIB y establece que el crecimiento del gasto no sobrepasará el 65% del promedio de crecimiento del PIB.
Para elaborar el proyecto de 2026, Hacienda tomó como referencia el cierre del ejercicio económico del 2024 para el nivel de deuda como porcentaje del PIB nominal.
Así, el proyecto de presupuesto para el próximo año se ubicó en el escenario C planteado por la regla: si la deuda es igual o mayor al 45% del PIB, pero inferior al 60% del PIB, el crecimiento del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio de crecimiento del PIB nominal.
En otras palabras, el gasto corriente en 2026 no podrá crecer más de 5,8% con respecto al 2025. Por ello, Hacienda presupuestó un crecimiento del 5% en dicho gasto, que pasaría de ₡8,7 billones a ₡9,1 billones el próximo año.
Números reales
Ahora bien, ¿cómo se ha ajustado el presupuesto nacional desde que se implementó la regla fiscal y qué implica ese aumento del gasto en 2026?
Para analizarlo en números reales, El Financiero convirtió los montos de los presupuestos de 2019 a 2024 a valor presente con el fin de incorporar el efecto inflacionario, que puede subir o bajar según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para ese fin se utilizó el IPC de julio del 2025. En la actualidad, la inflación en Costa Rica se mantiene números negativos.
Después de haber experimentado un crecimiento superior al 15% entre 2018 y 2019, el presupuesto nacional se redujo en un 4,5% para 2020, ya bajo la Ley 9635. El monto aprobado por la Asamblea Legislativa para ese año fue de ₡10,5 billones, que en valor presente son ₡11,4 billones.
En 2021 creció un 4% con respecto al año anterior y en 2022 volvió a decrecer, con una variación interanual real de -5,7%.
El primer presupuesto elaborado por la actual administración fue el de 2023, que se aprobó por un monto de ₡12 billones, un aumento real de 8,9% con respecto al año anterior.
En 2024 volvió a tener un crecimiento, más leve, de 1,6% en términos reales. Ya para este año 2025 se redujo en un 0,2%, con un presupuesto aprobado por ₡12,4 billones.
Dentro del proyecto para 2026, por ₡12,8 billones, el 72% se destina al gasto corriente. Este se encuentra conformado por cuatro grandes rubros, según la distribución del presupuesto por clasificación económica: remuneraciones, pago de intereses, transferencias corrientes y adquisición de bienes y servicios.
Con respecto al primer rubro, la regla establece que cuando la deuda supera el 60% del PIB —como lo hizo en los últimos años—, las remuneraciones del sector público no pueden recibir incrementos por costo de vida. Por ello, los salarios de los funcionarios públicos están congelados desde el 2022.
Así, el renglón correspondiente a remuneraciones tuvo una reducción real de 7,8% entre 2021 y 2022, y solamente creció un 2,3% en 2023, 2,6% en 2024 y 2,4% en 2025.
Tal como lo reveló otro análisis realizado por EF en marzo de este año, con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el ingreso real de los funcionarios públicos seguía en ese momento por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia de Covid-19. Es decir, por cinco años la inflación ha superado las variaciones en los ingresos del sector público.
Gracias a la reducción de la deuda, para 2026 el MH propuso un ajuste salarial de hasta ₡10.000 que se aplicaría a los puestos con salario compuesto, bajo ciertas condiciones. Esto implica un crecimiento de 5,6% en el rubro de remuneraciones, con respecto al presente año.
Otro rubro es el pago de intereses, que tuvo un crecimiento interanual de 10% entre 2022 y 2023, mientras que los dos años siguientes creció un 2,4% y un 1,8%, respectivamente. Para 2026 se prevé un crecimiento de 3,2% en esta partida.
En cuanto a las transferencias corrientes, que mantuvieron una variaciones interanuales negativas entre 2020 y 2022, el presupuesto creció un 2% tanto en 2023 como en 2024 y un 3,5% en 2025. Para el próximo año aumentarían un 2,5%.
Siempre dentro del gasto corriente, el monto destinado a la adquisición de bienes y servicios había tenido un crecimiento notable del 46% en 2020 con respecto a 2019. En los tres años siguientes se redujo y luego volvió a crecer en un 6%, tanto en 2024 como en 2025.
Esta es la partida que tendría un mayor crecimiento en 2026, con un 17% más de presupuesto que en el año actual.
Por otro lado, el gasto de capital decreció de manera significativa tras la implementación de la regla fiscal, con una variación interanual de -25,5% en 2021 y -10,2% en 2022.
Ya en la actual administración se produjo un crecimiento real de 11% en este rubro para 2023 y de 13,8% en 2024, con solo una reducción de 1% en 2025.
Si bien el proyecto para 2026 contempla un aumento del 16% en el gasto de capital, este solo representa un 6% del presupuesto total.
Según Hacienda, tres títulos presupuestarios concentran más del 75% de estos recursos: el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), con 41,9%; el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), con 26,2%, y el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 8,7%.
En general, las cifras muestran una reducción del gasto social, como lo señala el II Informe Macroeconómico 2025 del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
Este detalla que en el 2020, año de la pandemia, las erogaciones en este rubro fueron de un 24,2% del PIB, pero luego comenzaron a caer a 23,2% (2021), 21% (2022) y 20,7% (2023), con un leve repunte a 20,8% en 2024.
“La reducción del gasto público ha generado un alivio fiscal en el corto plazo, pero plantea desafíos importantes de sostenibilidad. La clave está en orientar el gasto hacia áreas estratégicas, como educación, infraestructura y salud, de modo que cada colón invertido no solo cumpla una función redistributiva, sino que también se traduzca en un motor de crecimiento económico y bienestar social en el largo plazo”, advierte el informe.
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Si el gasto corriente representa un 72% y el gasto de capital un 6% del presupuesto para el próximo año, el 22% restante corresponde a transacciones financieras, principalmente el pago de amortización de títulos valores, así como de préstamos con organismos internacionales.
La deuda en perspectiva
Al anunciar los resultados fiscales del primer semestre de 2025, Hacienda destacó que se logró reducir la deuda a un 57,4% y alcanzar un superávit primario de 1% del PIB.
“Registrar y mantener superávits primarios de manera sostenible es clave para reducir la relación deuda/PIB en el corto y mediano plazo, también lo es la disminución en el pago de intereses. Y esto es posible por acciones responsables que combinan una mejora en la recaudación y una gestión eficiente del gasto”, afirmó el ministro de Hacienda, mediante un comunicado.
No obstante, el economista Daniel Ortiz considera que una buena parte de la reducción de la deuda con respecto al PIB obedece a la caída del tipo de cambio, que llegó a ₡511 en diciembre de 2024. Según datos de Hacienda, cerca de un 32% de la deuda se encuentra en dólares.
“De pronto estamos viendo números más optimistas de lo que en realidad son, porque la deuda es muy sensible al tipo de cambio y un ligero aumento en el precio del dólar podría llevarla de nuevo por encima del umbral de la regla fiscal del 60% del PIB. Dado que existe un saldo de la deuda en dólares, esto la hace crecer rápidamente con los movimientos cambiarios”, señaló Ortiz, director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa).
Asimismo, el informe del Cinpe estima que aproximadamente tres puntos porcentuales de la reducción total de la deuda pueden atribuirse al impacto de un tipo de cambio más bajo.
De hecho, el saldo de la deuda estimado por Hacienda para el cierre 2025 es de ₡31.035.851,6 millones (₡31 billones), lo que representa un 60% del PIB. Mientras tanto, para 2026 se proyecta que será de ₡33.867.945,3 millones; llegando a un 62% del PIB.
De cumplirse esta proyección, el país regresaría pronto al escenario más restrictivo de la regla fiscal, en caso de que los parámetros de la misma se apliquen como hasta ahora y no sean modificados.
Las autoridades hacendarias estiman que el tipo de cambio promedio de dólares será de ₡540 en el próximo año, según se lee en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la deuda interna representa alrededor del 75,2% del total de la deuda del Gobierno Central en 2025, y se estima que será un 72,4% al cierre de 2026.
Al respecto, Ortiz también señaló que la deuda interna podría estarse subestimando, dado que las cifras oficiales no incluyen, por ejemplo, la deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El monto de esta deuda asciende a ₡4,43 billones, según datos de la gerencia financiera de dicha institución.
En una reciente entrevista con EF, Lücke aceptó que reconocer dicha cifra elevaría la deuda total a un 63% o 64% del PIB.
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¿Consolidación?
El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2030, presentado el 5 de septiembre por Lücke, contiene un escenario base de consolidación fiscal que prevé resultados positivos. Entre ellos, una reducción del déficit financiero al 2,5%; una disminución de la relación deuda/PIB al 56,7%, y una reducción del gasto total al 17% del PIB, todo ello para el 2030.
No obstante, el jerarca advirtió que este escenario podría alterarse por factores externos como la desaceleración económica global, tensiones comerciales, conflictos geopolíticos, tasas de interés elevadas o volatilidad en los precios del petróleo y materias primas.
A nivel interno, señaló riesgos como el alto costo del servicio de la deuda, posibles iniciativas legislativas con impacto negativo, presiones cambiarias y riesgos inflacionarios.
Pese al optimismo inicial, las proyecciones de Hacienda prevén una desaceleración del crecimiento económico en 2026.
Por otro lado, el informe del Cinpe señala que los ingresos fiscales crecen a menor ritmo (representarían un 7,3% del PIB en el 2025, frente a un 7,9% en el 2022) y la recaudación tributaria ha perdido su dinamismo en sus principales fuentes: el impuesto de renta y el de Valor Agregado (IVA).
Desde la perspectiva de Ortiz, la regla fiscal fue necesaria en su momento para ordenar el gasto público, pero no debería ser una “camisa de fuerza” que limita la inversión en áreas clave, como educación, salud, infraestructura y seguridad.
“Para fortalecer las finanzas públicas no basta con hacer una contención de gasto, también se requiere impulsar la reactivación de la economía. Tal vez ya es hora de revisar la regla y hacer las modificaciones necesarias para permitir una mayor inversión que favorezca el crecimiento del país”, sugirió el economista.
En el panorama actual, la reducción de la deuda todavía parece frágil, la consolidación fiscal todavía resulta lejana y no es claro que la salud de las finanzas públicas haya dejado de ser un riesgo para la economía de Costa Rica.
