EscucharCuatro informes de la Contraloría General de la República (CGR) retratan debilidades simultáneas en la calidad de la información financiera pública, la recaudación tributaria, la gestión de liquidez y la ejecución de créditos externos.
El órgano contralor emitió una opinión adversa sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al cierre de 2025; además, reportó que la deuda alcanzó el 61,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en junio de 2026, en un contexto de ¢2,7 billones acumulados en el Fondo General, estancamiento de los ingresos corrientes y atraso en la información financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A continuación, los cinco hallazgos clave:
1. Opinión adversa sobre los estados financieros consolidados
La CGR emitió una opinión adversa —el dictamen técnico más desfavorable en una auditoría financiera— sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República correspondientes al periodo concluido el 31 de diciembre de 2025. Según la Contraloría, las incorrecciones identificadas son materiales y generalizadas, por lo que los estados no presentan razonablemente la situación financiera, el desempeño, los cambios en el patrimonio ni los flujos de efectivo del Gobierno.
Entre los principales hallazgos, la auditoría identificó ¢6,9 billones en inconsistencias vinculadas con eliminaciones incompletas, incorrectas u omitidas de transacciones y saldos recíprocos entre entidades públicas. Este tipo de errores puede generar duplicidades u omisiones en activos, pasivos, ingresos y gastos al momento de consolidar las cuentas del Gobierno.
Además, la CGR documentó una diferencia no conciliada de ¢3,23 billones en las obligaciones del Estado con la CCSS. La Caja reportó cuentas por cobrar por ¢4,65 billones, con corte al 31 de mayo de 2025, mientras que al 31 de diciembre de ese año el Poder Ejecutivo reconocía obligaciones por ¢186.147 millones y Fodesaf por ¢1,23 billones. El órgano contralor advirtió que los cortes de información no son homogéneos y que no se ha determinado ni conciliado plenamente el monto de las obligaciones estatales al cierre de 2025.
El dictamen también señala deficiencias en el tratamiento de activos concesionados. Los estados financieros consolidados no incorporan adecuadamente bienes asociados con contratos de concesión, incluidos el Corredor Vial San José-Caldera, o Ruta 27; los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber; y la Terminal de Contenedores de Moín. La CGR indicó que el saldo de bienes concesionados está incompleto, sin que se haya determinado el monto total de los activos omitidos.
También cuestionó la falta de un análisis técnico documentado sobre ¢1,12 billones en saldos a favor de contribuyentes que habían sido migrados y habilitados para utilizarse en TRIBU-CR. La ausencia de esa valoración impide determinar la naturaleza, exigibilidad y eventual reconocimiento contable de esos créditos fiscales a favor de contribuyentes.
2. Deuda al 61,1% del PIB y liquidez acumulada
La deuda del Gobierno de la República alcanzó 61,1% del PIB al cierre del primer semestre de 2026. Este nivel mantiene al país en el escenario más estricto de aplicación de la regla fiscal, que limita el crecimiento del gasto corriente.
La CGR atribuyó el aumento de la deuda no solo a las necesidades de financiamiento del presupuesto y del déficit, sino también a la acumulación de recursos líquidos en el Fondo General. Al 30 de junio de 2026, ese fondo registraba ¢2,7 billones, equivalentes a 5,1% del PIB.
El monto supera ampliamente la referencia de liquidez de 1% del PIB que el Ministerio de Hacienda ha planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La Contraloría reconoce que la gestión del riesgo de liquidez es necesaria para atender vencimientos de deuda, pero advierte que sostener saldos líquidos tan elevados contribuye a mantener la razón deuda/PIB por encima de 60%.
Según el informe, si esta política se mantuviera, el costo financiero anual de esos recursos líquidos podría superar ¢100.000 millones, utilizando como supuesto una tasa de interés de 6%. La CGR también alertó que el mayor endeudamiento y el nivel de liquidez acumulado presionan la asignación de recursos y pueden restringir otros gastos bajo la regla fiscal.
3. Estancamiento de ingresos y riesgos para 2027
Los ingresos corrientes del Gobierno mostraron una variación interanual de apenas 0,01% durante el primer semestre de 2026, un comportamiento que la Contraloría caracteriza como estancamiento. El resultado ocurre mientras el Banco Central de Costa Rica proyectaba un crecimiento económico de 3,4% para el año.
La CGR identifica una pérdida de flotabilidad del sistema tributario: los impuestos han dejado de crecer al mismo ritmo que la economía. Al cierre de junio, cuatro de los seis principales tributos registraban variaciones interanuales negativas y la recaudación acumulada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 3,5%.
Ante el desempeño inferior al previsto, el Ministerio de Hacienda tramitó una reestimación a la baja de ¢373.391 millones en ingresos tributarios para 2026. El ajuste incluyó una reducción de ¢266.025 millones en la estimación de IVA, ¢70.000 millones en impuesto sobre la renta y ¢37.366 millones en impuesto selectivo de consumo. Como resultado, la carga tributaria presupuestada se redujo de 13,3% a 12,6% del PIB.
Para 2027, la CGR certificó como razonable la efectividad fiscal de las rentas probables incluidas en el proyecto presupuestario, cuya estimación total asciende a ¢7,74 billones, equivalentes a 13,89% del PIB. La certificación, sin embargo, no equivale a una garantía de recaudación: la Contraloría identificó riesgos vinculados con cambios en las perspectivas macroeconómicas, elasticidad tributaria, eventuales reformas legales y limitaciones de información derivadas de TRIBU-CR, especialmente para obtener datos detallados de renta e IVA.
4. Rezago contable de la CCSS y presión sobre el gasto social
La CCSS acumulaba 13 meses sin estados financieros actualizados, pues no disponía de información contable desde julio de 2025. La Contraloría atribuye el rezago a problemas asociados con la salida en vivo forzada del sistema ERP-SAP, que afectó los registros de las operaciones financieras y logísticas de la institución.
La situación limita la evaluación de la razonabilidad financiera de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Enfermedad y Maternidad (SEM) y Régimen No Contributivo (RNC). También obstaculiza la fiscalización de la CGR, el seguimiento de riesgos financieros por parte de la Superintendencia de Pensiones y la consolidación de los estados financieros y estadísticas fiscales del sector público.
En paralelo, el gasto primario del Gobierno —sin intereses ni amortización— disminuyó 0,1% al primer semestre de 2026. La principal explicación fue una reducción de ¢82.823 millones, equivalente a 22,8%, en las transferencias corrientes giradas a la CCSS.
El informe también señala una reducción de ¢30.000 millones en la transferencia de Fodesaf al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), aprobada en el primer presupuesto extraordinario de 2026. Esa modificación dejó la asignación para el Fondo de Subsidios para la Vivienda por debajo de la proporción vinculada al impuesto sobre planillas prevista en la legislación.
Mientras se reducían varios componentes de gasto social, el gasto en remuneraciones del Gobierno alcanzó ¢1,5 billones y aumentó 3,3% frente al primer semestre de 2025. La CGR atribuye el incremento al crecimiento de las remuneraciones básicas, la aprobación de 2.234 plazas nuevas —principalmente en el Ministerio de Seguridad Pública— y el ajuste salarial autorizado mediante decreto.
5. Créditos externos, rezagos y comisiones
El presupuesto aprobado al 31 de julio de 2026 incorporó recursos de ocho créditos externos nuevos por ¢1 billón. De ese total, ¢885.000 millones correspondieron a préstamos de inversión destinados principalmente a la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José-San Ramón y a la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del Tren Rápido de Pasajeros en la Gran Área Metropolitana.
La Contraloría subrayó que la magnitud de esos financiamientos requiere fiscalización continua, especialmente por los antecedentes de bajo cumplimiento de las programaciones de desembolso en la cartera vigente de créditos externos. Al cierre del primer semestre de 2026, los desembolsos efectivos alcanzaron 34,4% de la meta programada.
Once préstamos internacionales presentaban prórrogas que extendieron sus plazos originales de desembolso entre uno y seis años. La CGR advierte que esos atrasos pueden incrementar costos, afectar el alcance de las obras y alterar sus cronogramas de ejecución.
Al mes de mayo de 2026, la cartera de crédito externo vigente había acumulado pagos por US$44,6 millones en comisiones de compromiso, asociadas con la disponibilidad de recursos no desembolsados. Para la Contraloría, estos costos refuerzan la necesidad de mejorar la gestión de proyectos, reducir extensiones de plazo y asegurar que el endeudamiento se traduzca oportunamente en obras y servicios públicos.
