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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas anunció un nuevo procedimiento para fortalecer las investigaciones contra el lavado de dinero.
Este nuevo sistema le permite a las autoridades judiciales, incluido el Ministerio Público, obtener información de forma ágil sobre el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, utilizando los datos del registro de accionistas en investigaciones judiciales, con el fin de incorporarlos a expedientes judiciales.
El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales está la bajo la administración del Banco Central de Costa Rica y alberga la información de quienes están obligados a suministrar y mantener actualizada la información de acuerdo con la Ley 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
Esta incorporación permitirá acortar el tiempo en la investigaciones y a su vez demostrar resultados del impacto contra el crimen organizado de manera que se puedan lograr mayor cantidad de sentencias condenatorias y la desarticulación de las organizaciones criminales nacionales e internacionales.
El fortalecimiento que pretende brindar la UIF, a través de esta propuesta incluye la obtención de información sobre productos financieros y también la que se obtiene del Registro de Transparencia y Beneficiario Final. La idea es vincular la efectividad que se requiere con la obtención de información de interés para una investigación, y al mismo tiempo cumplir con la mejora al combate de los delitos previstos en la Ley 8204.
“Desde el ICD, somos conscientes de la necesidad de formular estrategias eficaces de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, lo cual demanda que los Estados identifiquen aquellas actividades, positivas y de impacto para enfrentar las amenazas del crimen de manera conjunta entre las instituciones que conforman el sistema antilavado del país para garantizar que, con los pocos recursos disponibles, se maximice la efectividad y se proteja la integridad del sistema financiero, la transparencia de las actividades económicas y la disrupción del ingreso de capitales ilegítimos a la economía”, expresó Sergio Rodríguez, director general del ICD.
Este tipo de acciones ya han sido implementadas en casos específicos de crimen organizado, según el comunicado compartido por la ICD, donde se ha logrado una efectiva coordinación mano a mano con los investigadores de los casos.
